La propuesta para regular las redes sociales, presentada por la fracción de Morena en el Senado, representa un retroceso en la lucha de derechos de las mujeres, pues entorpece los procesos para bajar cuentas o contenido que ejerza violencia en su contra.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla una serie de requisitos que podrían abrir la posibilidad de que cuentas que atraen víctimas a redes de trata o defraudan a mujeres no detengan su actividad de inmediato.

En entrevista para La Silla Rota, Aimée Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, alertó que la propuesta debe “echarse atrás definitivamente”, pues vulnera los derechos de mujeres.

“Definitivamente tendría que echarse atrás, porque no abona en el impulso, en particular, de los derechos de mujeres, niñas y niños, en ese sentido no abonan a la garantía de los derechos, sino que -incluso- representa un riesgo para estos grupos”, declaró.

FRÁGIL CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD

Entre los delitos más comunes a los que se enfrentan las mujeres en el ciberespacio están el robo de identidad para generar perfiles falsos y con ellos atraer a otras mujeres, incluso niños, para que caigan en redes de trata de personas.

La especialista detalló que desde organizaciones de la sociedad civil se ha avanzado, junto con las empresas de redes sociales, para identificar estos perfiles falsos y cancelar su actividad de inmediato, evitando que se convierta en una práctica común.

Pero la iniciativa presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sentencia que “queda prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas”; además, emite criterios específicos para el caso de eliminar contenido o perfiles.

La suspensión de una cuenta podría suceder solo cuando se acredite que “el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros”.

DAN OPORTUNIDAD A AGRESORES

Desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según dijo Aimée Vega, enlistó al menos siete tipos de violencia cibernética que se ejerce contra las mujeres, en todo el mundo. Además de la suplantación de identidad, se sabe de delitos como el ciberacoso, las amenazas y el hostigamiento, así como defraudarlas y convertirlas en víctimas de trata.

Además, se han presentado denuncias en contra de una práctica conocida como el vouyerismo cibernético, donde se publican fotos y videos de mujeres robados a través de las cámaras de aparatos electrónicos, y gracias a la inmediatez con la que actúan los algoritmos de las redes sociales, estos contenidos se eliminan en poco tiempo.

“La presentación de denuncias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abriría la puerta a los agresores, para que, eventualmente, en caso de ser denunciados por violencia digital, pueden ampararse porque las empresas les dieron de baja un perfil donde oferta redes de trata o desde el cual se cometen delitos”, detalló.

NO VELA POR LA LIBRE EXPRESIÓN

Para Aimée Vega, tratar a las empresas de redes sociales como servicios de telecomunicaciones -es decir, que estén regulados por el IFT- es “abrir la puerta para que sea el mercado quien regule los contenidos de los ciudadanos”.

“Esta iniciativa tampoco abona en favor del derecho a la libertad de expresión, es falso. Resulta más peligroso que sean las regulaciones del mercado las que definan qué es un discurso de odio, es un despropósito, lejos de una ayuda”, afirmó.

Además, para garantizar la libertad de expresión como un derecho humano, el IFT no tiene capacidad. Según lo ha analizado la especialista -retomando lo dicho por otros académicos y la sociedad civil- tendría que ser un tribunal judicial la instancia que determine si se viola o no un derecho humano al cerrar un perfil o bajar un contenido.

Aimée Vega también consideró que para la defensa de los derechos, como en este caso, la libertad de expresión, ya existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la que, en coordinación con las empresas de redes sociales, puede emitir recomendaciones respecto al uso de los algoritmos.

La propuesta de reforma surgió como respuesta a que Twitter México suspendió algunas cuentas que apoyaban abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente, bajo argumentos falsos y discursos de odio.

En enero, Hugo Rodríguez Nicolat, director de Política Pública de Twitter México y América Latina, calificó esas cuentas como “acarreados digitales”, pues -según dijo- funcionan bajo el modelo de creación de cuentas automatizarlas.