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La Ley de Amnistía cumple seis años de promulgación, ¿qué ha significado esto para la justicia de nuestro país? De acuerdo con CEA Justicia Social, este mecanismo permitió liberar a personas encarceladas injustamente, particularmente mujeres en contextos de pobreza, violencia o coerción, pero hoy necesita una reforma urgente para mantener su vigencia.
Para la organización dedicada a la defensa de derechos humanos, el mecanismo representó un avance histórico para personas criminalizadas en contextos de pobreza, exclusión y violencia, y hoy enfrenta un límite que amenaza con volverlo insuficiente.
Ángela Guerrero, fundadora y coordinadora general de CEA Justicia Social, señala que la discusión sobre la amnistía es urgente en un país donde el encarcelamiento crece y cuyo sistema penal suele castigar de manera desproporcionada a mujeres vulnerables.
“Por primera vez se tuvo un instrumento que estaba enfocado en beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Particularmente, en el caso de las mujeres”, dice en entrevista para La Cadera de Eva.
Sobre la Ley de Amnistía
Originalmente, la legislación buscaba atender casos relacionados con delitos menores cometidos en contextos de pobreza, marginación o vulnerabilidad. Entre las personas potencialmente beneficiarias se encontraban casos relacionados a:
- Procesos o sentencias por aborto.
- Personas indígenas sin acceso a intérpretes o defensas adecuadas.
- Personas acusadas de robo simple sin violencia.
- Procesos que involucran delitos contra la salud bajo coerción o necesidad económica.
¿Qué es?
La Ley de Amnistía es un instrumento jurídico que permite extinguir la acción penal y las sanciones impuestas a personas que cometieron determinados delitos en contextos de vulnerabilidad, pobreza, discriminación o violaciones a derechos humanos.
¿Cómo funciona?
Ciertas personas pueden recuperar su libertad, cerrar procesos penales o eliminar antecedentes relacionados con delitos específicos.
¿Cuál es su origen?
Fue aprobada por el Senado en abril de 2020 con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, en medio de un contexto marcado por el hacinamiento penitenciario, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
Así, el valor de la ley fue más allá de las cifras de liberaciones. La amnistía, sostienen desde CEA Justicia Social, abrió una conversación sobre las causas estructurales que llevan a miles de personas a prisión.
“Es una ley que, a nuestros ojos, es un instrumento indispensable en un contexto en el que tenemos un sistema de justicia con las grandes fallas que tiene el sistema de justicia y, sobre todo, un poder legislativo que utiliza básicamente las propuestas de cárcel y privación de la libertad como la principal forma de inhibición de algún tipo de delito”, agrega Guerrero.
Desde su perspectiva, el problema va más allá de lo jurídico, y llega a lo social, pues el sistema penal mexicano castiga con mayor severidad a quienes viven en condiciones de precariedad. En el caso de las mujeres, sostiene, muchas terminan encarceladas tras ser obligadas a participar en actividades ilícitas o de haber tomado decisiones atravesadas por necesidades económicas, violencia o labores de cuidado.
“En la gran mayoría de los casos son cuidadoras”, dice al referirse a las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas o actividades de bajo nivel dentro de redes criminales.
Este 2026, uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones es que la Ley de Amnistía dejó de ser funcional para casos recientes, debido a que fue diseñada con un límite temporal. “El problema de la ley, que siempre se insistió en ello, es que dejó de funcionar justo porque tenía una temporalidad muy específica, que era todos los delitos de 2020 para atrás”, explica.
Por ello, buscan impulsar conversaciones con autoridades federales para plantear reformas que permitan ampliar o reactivar el instrumento. “Desde CEA Justicia y otras organizaciones hemos insistido en la gran necesidad que hay de reformar esta ley”, señala Guerrero.
La activista sostiene que la necesidad de mecanismos extraordinarios sigue vigente debido al crecimiento constante de la población penitenciaria en México.
Acabamos de romper otra vez el récord de personas en prisión (Ángela Guerrero)
Frente a ese escenario, considera que la amnistía debe entenderse como una herramienta de corrección ante abusos estructurales del sistema penal, no como una medida aislada o excepcional.
“Es necesario tener este tipo de mecanismos para que actúen si las autoridades cometen ilícitos y hay personas que están en prisión injustamente”, dice Guerrero.
La Ley de Amnistía y su efecto dominó
Aunque la discusión pública sobre la Ley de Amnistía suele concentrarse en el ámbito federal, uno de los efectos más importantes de la legislación fue haber impulsado la creación de leyes similares en distintas entidades del país.
“Al aprobarse esta ley y publicarla, 13 estados hicieron sus propias leyes de amnistía”, explica Guerrero. En muchos casos, esas legislaciones locales permitieron atender problemáticas específicas de cada entidad, especialmente relacionadas con aborto y delitos del fuero común.
“Lo que sucedió con la amnistía federal es que establecía que mujeres, población indígena y jóvenes podían pedir este beneficio, pero dentro de la ley también se estableció que los estados tenían que hacer el trabajo para tener una ley de amnistía local”, dice.
Uno de los ejemplos que destaca la organización es el Estado de México, donde las cifras de liberación superan ampliamente a las del resto del país.
“El Estado de México es el estado que más liberaciones ha tenido en todo el país; son más de 3 mil”, afirma. Además de permitir la liberación de personas encarceladas, las leyes de amnistía también han tenido otros efectos jurídicos importantes.
“Lo que te permitía era que esos delitos no estuvieran reflejados, que no tuvieras antecedentes penales, que no tuvieras una carpeta abierta”, explica Guerrero. A diferencia de otros mecanismos, la amnistía también contempló a personas que no habían sido sentenciadas.
“La ley de amnistía sí prevé que sean beneficiadas personas que están procesadas, no nada más sentenciadas”, subraya. Para CEA Justicia Social, otro aspecto relevante es que la existencia de estos mecanismos abrió la posibilidad de revisar casos con irregularidades graves. “Ha crecido mucho la posibilidad de que incluso se revisen casos mucho más complejos donde hubo una mala defensa y donde hay violaciones a derechos humanos”, sostiene Guerrero.
La organización ha trabajado especialmente en casos relacionados con mujeres criminalizadas por delitos de drogas. En marzo de 2025, CEA Justicia Social y Elementa DDHH informaron sobre la liberación de cinco mujeres del CEFERESO 16 a partir de un mecanismo interinstitucional diseñado para atender casos de mujeres encarceladas en contextos de vulnerabilidad, pobreza o coerción.
La estrategia buscó identificar alternativas jurídicas para mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud, así como impulsar procesos de reparación del daño y restitución de derechos.
Guerrero explica que el trabajo conjunto entre organizaciones y autoridades ha permitido avanzar en liberaciones concretas. “Llevamos 18 libertades y es evidente la necesidad que se tiene de esto”, afirma.
Agrega que la experiencia de estas liberaciones ha reforzado la necesidad de recuperar mecanismos similares a la amnistía federal. “De ahí se ha presentado la necesidad de que se reforme la ley de amnistía para que se tenga nuevamente este mecanismo”, señala.
Datos oficiales de la Comisión de Amnistía, actualizados al 7 de octubre de 2024, muestran que:
- 49% de las solicitudes analizadas de fondo fueron consideradas procedentes.
- 94% de las resoluciones revisadas por autoridades judiciales fueron calificadas como legales.
- 36% de las solicitudes ingresadas fueron consideradas improcedentes por no ajustarse a los supuestos establecidos en la ley.
Para Guerrero, el debate alrededor de la amnistía suele quedar atrapado entre posturas punitivas y discursos centrados exclusivamente en el castigo, sin considerar las historias detrás de las personas encarceladas. “Pocas veces tenemos un mecanismo que ayude a esta población”, lamenta.
La activista sostiene que las noticias sobre seguridad y justicia suelen enfocarse en el aumento de penas o en el endurecimiento del sistema penal, mientras que herramientas orientadas a la liberación y reparación reciben mucha menos atención pública. Frente a ello, las organizaciones civiles buscan colocar la discusión en el impacto humano de las políticas penales.
“Al final tenemos algo muy práctico, que son vidas y libertades”, afirma Guerrero. Desde esa lógica, explica, incluso una sola liberación justifica la existencia de mecanismos como la amnistía. “Con que haya una libre, ya funcionó la ley. Nuestra posición es sí, porque son libertades”, sostiene.
