Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 , madres de hijos con discapacidad se quedaron sin fuente de ingresos. Algunas de ellas no son beneficiarias del Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Un caso es el de Rosalía M. Quien tiene un hijo con síndrome de Down y por el momento se encuentra desempleada, no tiene seguro social y es madre soltera.

“Desde noviembre de 2018, cuando inició la transición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me censaron para integrar a mi hijo al programa de pensiones para personas con discapacidad, nos llegó la tarjeta bancaria, pero hasta la fecha no hemos recibido ni un peso”, dijo Rosalía M para el portal Yo También.

Al inicio de la cuarentena comenzó a vender comida y dejó a su hijo con unos vecinos ya que no tiene familiares en la ciudad. Pero la situación de encierro afectó a su hijo “empezó a tener ataques, a morderse y hacerse del baño”, por lo que decidió dejar de vender y dedicarse al cuidado de su hijo.

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Sin opciones durante la cuarentena

Otro caso es el de  María Salomé M. quien hace más de 10 vende postres afuera de la  Asociación Pro Personas Con Parálisis Cerebral (APAC). Por la cuarentena ya no puede vender y debe cuidar a sus hijos.

Dedicarse al comercio informal le permite mantener a sus dos hijos y poder dedicarles tiempo. Los dos  tienen argininemia, un trastorno poco frecuente que provoca discapacidad motriz y cognitiva. 

Desde el 17 de marco su fuente de ingresos se agotó. Sólo ha contando con la ayuda  económica del padre de mis hijos (que equivale a la mitad de la renta del departamento en el que vivimos) y con la pensión del programa de apoyo a personas con discapacidad, que otorga el gobierno y es de 2550 pesos bimestrales que sólo tienen uno de sus hijos. 

Aunque el otro también podría ser beneficiario. "De hecho le dieron una carta de bienvenida y una tarjeta de banco para recibir el apoyo. Pero de forma inexplicable, jamás lo ha recibido”, dijo para Yo También.

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Apoyos para madres con hijos con discapacidad son un derecho

Más de medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están inscritos al programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. La meta es llegar a un millón de beneficiarios en diciembre, y actualmente están preparando la inclusión de 200 mil personas más, señaló María Luisa Albores, titular de la Secretaria de Bienestar.

Sin embargo, hay casos como los de María Salomé M y Rosalía M que califica para el apoyo y nunca lo ha recibido. Esta fue la razón por la que un grupo de profesionales del derecho presentó una demanda de amparo el 27 de mayo, en la que solicitó una medida cautelar urgente para garantizar el derecho a vivir con dignidad de la niña y su madre.

“Lo que argumentamos en la demanda fue una violación al derecho fundamental al mínimo vital, que se refiere a la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso de todas las personas a los recursos que permitan subsistir en condiciones dignas y autónomas”, señaló Gabriel Baltazar, uno de los abogados que tomaron el caso de forma gratuita.

El Estado es el responsable de otorgar prestaciones en ciertos casos, cuando las personas se encuentran en extrema vulnerabilidad.

En el caso de María, la Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez, resolvió que el caso no era urgente al no estar relacionado de manera directa con temas donde estén en juego la salud o la integridad física, por lo que no podía revisarse durante la contingencia.Por lo que  los abogados promovieron un recurso de queja que finalmente procedió, ya que involucra el derecho a la vida de una menor de edad con discapacidad. 

“Es claro que la menor promovente está en un plano de vulnerabilidad ante el virus COVID-19, riesgo que -contrario a lo dicho por el juez de distrito- puede implicar un deterioro grave en su salud e incluso la pérdida de la vida”, se lee en la resolución del recurso de queja. Asimismo, al ser María la principal cuidadora física, emocional y económica de D. y Alexis, “la vida y la salud de sus hijos dependen de la de ella”.

Hasta la fecha ni uno d ello dos casos han recibido apoyo. El abogado Baltazar reconoce que es imposible saber cuando contarán con el apoyo, ante lo que demandó: “es muy preocupante que se les cierren las vías institucionales para presentar y exponer sus problemas”.

Con información de Yo También.

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