El 7 de marzo de 2016, apenas cuatro días después del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, una persona que responde a las iniciales de C.E. escribía varios mensajes de WhatsApp a Sergio Rodríguez: “Otra posibilidad es q se peleen entre ellos z la coordinación del copinh (…) Eso puede ayudar al debilitamiento”. “Ojalá”, respondía el empleado de DESA, la constructora detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que luchaba la activista.

Han pasado 10 años, y una exhaustiva investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI Honduras) impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha develado el entramado empresarial y financiero detrás del crimen, además de la responsabilidad estatal. Y Sergio Ramírez está en prisión. Y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres en 1993, está “siempre al frente”, como dice Catalina Hernández, una histórica integrante. Y Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la lideresa asesinada, coordina sin descanso la organización, que lucha por lograr justicia y reparación.

Bien temprano por la mañana, en medio de una gira que la ha llevado a hablar de los resultados del informe del GIEI Honduras por diversos territorios, justo pocos días antes de los actos organizados por el aniversario del asesinato de su “mami”, Berthita, como todo el mundo la conoce, hace un hueco en su agenda para atender a Pikara Magazine por teléfono.

¿Qué ha supuesto este informe?, ¿y qué novedades presenta?

Hay muchas nuevas informaciones. Para nosotros ha sido una oportunidad de renovar la demanda de justicia. Se ha accedido a información financiera y de inteligencia militar, informaciones que nunca habían estado a disposición de nosotras. Con eso se logra reconstruir que el asesinato fue previsible, prevenible, ya que dos meses antes del asesinato unidades de inteligencia conocían de la comisión del crimen, sin embargo, no se hizo nada para detenerlo. La información financiera también es abundante, es novedosa, y se reconstruye la forma de operación del proyecto. Se reconstruye un pago a los sicarios que mataron a mi madre a cambio de tres cheques que hacen un monto de 500.000 lempiras [algo más de 16.000 euros al cambio actual] y que fueron cambiados unas horas luego de haber cometido el crimen. Es un informe abundante que recoge las negligencias, la participación de fondos internacionales, porque de uno de estos desembolsos es que se paga estos sicarios.

¿Y crees que puede servir para para reabrir el caso e ir más allá de estas ocho personas que están ya judicializadas y conseguir que se condene a los autores intelectuales?

Nosotras creemos que debería propiciarse la persecución criminal hacia los máximos responsables. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía y la actitud del Estado han sido bastante cómodas, por decirlo de alguna manera, al decir que con David Castillo, el presidente de la empresa [DESA], se llega el proceso de búsqueda de justicia. La lucha que nos corresponde a nosotras es justamente evidenciar que está claro y comprobado quiénes participaron en el asesinato y por tanto la obligación que tienen las autoridades de justicia de continuar las investigaciones. Y un apartado nuevo, por ejemplo, es el de las reparaciones; cancelar el proyecto definitivamente, entregar la tierra a la comunidad, reconocer la posesión de la tierra. Estas son parte de las obligaciones que tienen otras instituciones del Estado para reparar la violencia que se vivió en torno al proyecto.

Te iba a preguntar justo por eso: este informe aborda también la reparación. ¿Cómo sería para el COPIHN, para para la comunidad de Berta Cáceres, para el pueblo lenca, para la familia la reparación que necesitáis?

Sabemos que la concesión del proyecto hidroeléctrico fue una concesión que se dio a 50 años y Jacobo Atala, uno de los integrantes de esta familia [la familia Atala aparece señalada en el informe], dijo en un juicio en el que testificó que ellos seguían teniendo interés en desarrollar este proyecto, que él consideraba que era un proyecto bueno. Tememos la futura reactivación, sobre todo con las recientes elecciones y los cambios que está habiendo en el país, que son un retroceso. El mismo partido que estuvo en el poder cuando mi madre fue asesinada retoma nuevamente el poder. Sabemos los peligros que representa y también las complicidades y los favores que se han venido haciendo a esta familia, que han permitido la impunidad hasta hoy y que permitieron toda la violencia desarrollada por parte de esa empresa. Es un punto importante otorgar la tierra a la comunidad. El tema de la justicia y la verdad es parte de una garantía de no repetición de los crímenes, ya que sabemos que el asesinato de mi mami es un patrón de otros crímenes a liderazgos ambientales, muy parecido al del compañero Juan López o al de otras personas que han sido asesinadas en Honduras en la defensa de la tierra y de la naturaleza. La no repetición o la garantía de no repetición también es un punto importante. Se recomienda la liquidación de la empresa, ya que es una estructura criminal que sigue viva 10 años después del asesinato. Hay abundantes recomendaciones, pero creo que las más importantes son estas.

¿Crees que vuestra lucha y este informe pueden servir para otros casos de asesinatos a defensoras y defensores?

Es muy ejemplar sobre la forma de funcionamiento de estructuras criminales en Honduras que forman parte de los grupos económicos más poderosos y que están circunscritos a 10 familias, que son oligarcas y que manejan no solo el negocio de la generación de energía, sino otros, como mineros o de otras infraestructuras. Hay un patrón de cómo fondos destinados para supuestamente el desarrollo de los países o fondos de bancos multilaterales financian la violencia generada por sectores privados y cómo esto genera estructuras de militares o de fuerzas de seguridad y estructuras paramilitares o del crimen organizado en función de esos intereses económicos, que se tratan de imponer por la fuerza. Creo que es muy ilustrativo de cómo se instrumentalizan a las fuerzas de seguridad o a funcionarios del Estado. Por ejemplo, se menciona a funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente que trabajaron para apoyar la imposición de este proyecto hidroeléctrico y cumplían un doble rol: parecían ser empleados del proyecto y también funcionarios del Estado.

¿Por qué crees que el caso de tu madre ha tenido tanta repercusión y ha conseguido que se haga esta investigación cuando la impunidad y el asesinato siguen siendo habituales en Honduras?

Creemos que tiene que ver con el gran reconocimiento que la figura de mi mami tenía dentro de Honduras, era una lideresa con una ética intachable y acompañó otros procesos de lucha y resistencia; pero también por el reconocimiento que ella tenía a nivel internacional en otros territorios y pueblos por fuera de Honduras. Este ha logrado ser hasta la fecha uno de los casos más documentados del país y me imagino que en la región centroamericana, en donde está claro quiénes participaron, de qué manera y todas las estructuras que propiciaron el crimen. Es un caso emblemático, el de una mujer de un pueblo originario, una defensora de los derechos del pueblo lenca y defensora del río Gualcarque que es muy representativo de las violencias que existen en Honduras y también de las luchas y resistencias que los pueblos realizamos para defender nuestros territorios.

¿Cómo está el COPIHN ahora? Porque imagino que el asesinato fue un golpe duro para la organización.

La muerte de mi madre y su ausencia es un daño irreparable en nuestra organización. Toda la fuerza comunitaria y organizativa del COPIHN, comprometida con su memoria, su trabajo y su lucha, nos ha permitido mantener viva nuestra organización, ya que sabemos que uno de los objetivos de este crimen era desaparecer la lucha del COPIHN, la lucha del pueblo lenca en defensa de sus territorios sembrando el miedo. Y para nosotras también parte de las acciones de justicia que hemos desarrollado tienen que ver con mantener vivo el proyecto político por el que ella luchó y mantener viva la lucha que ella desarrolló; y, por supuesto, continuar también exigiendo la justicia para ella. Estamos firmes y organizados.

Habláis, de hecho, de que Berta Cáceres es semilla. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras habla siembra. ¿Qué queréis transmitir?

Es una semilla porque creemos que con su asesinato se intenta silenciarla y, al contrario de eso, es una voz que se ha multiplicado de muchas maneras y ha manifestado disímiles expresiones de solidaridad y de condena al crimen aún hoy. Se cumplen 10 años y continúa la comunidad internacional y nacional muy pendiente de lo que pasa y acompañando y demandando la justicia integral en este crimen. Su ejemplo de continuar en la defensa de la naturaleza, en defensa de los ríos, en defensa de los territorios, de los pueblos indígenas se ha expandido más; y también ha implicado muchos esfuerzos que nos han permitido, por ejemplo, la condena de ocho hombres que están en la prisión, entre ellos el presidente de una empresa, cuatro militares o exmilitares; y que la gente tenga claro que hay unos autores intelectuales que siguen en la impunidad.

Hablabas antes del cambio de Gobierno en Honduras. El empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, es el nuevo presidente. También hay un cambio geopolítico con el presidente de Estados Unidos que está afectando a todos los territorios. ¿Qué amenazas tiene el pueblo lenca y qué supone este cambio de Gobierno?

Este cambio implica un retroceso, ese partido político también tiene sus patrones de corrupción y de funcionamiento como una estructura delictiva que ha regateado los territorios de los pueblos indígenas como si no existiéramos. Nosotras sabemos que esto representa una grave amenaza para profundizar la privatización o entrega de los bienes comunes y de la naturaleza y la negación de nuestros derechos como pueblos. Sin embargo, yo siento que ellos también tienen miedo, tienen miedo de nuestra lucha. Nos toca continuar denunciando y continuar en la defensa de nuestros territorios a pesar de la coacción, de la injerencia que ha habido para imponer no solo un presidente, sino una institucionalidad desfavorable para los derechos de los pueblos y muy favorable para la privatización y entrega de los territorios. Son estructuras muy amigas de la familia Atala Zablah, que es la que hemos denunciado como autora intelectual del crimen,y eso también representa peligros para nosotros en temas de nuestra seguridad, de nuestra protección, de nuestra defensa de los territorios. Ellos han dicho que han estado esperando su oportunidad, lo han manifestado, una oportunidad que les beneficie, por ejemplo, porque hay una orden de captura pendiente a Daniel Atala, quien fue gerente financiero de la empresa DESA, y han estado esperando el momento político que les favorezca para intentar mantener la impunidad.

¿Cómo estás? Tuviste que dar un paso al frente y asumir la coordinación del COPIHN en un momento de duelo por la pérdida de tu madre. Y mantienes una lucha que te afecta en lo personal, familiar, político y comunitario. ¿De dónde sacas la energía?

(Ríe) Para mí han sido 10 años muy complejos, sobre todo los últimos años en los que hemos acumulado un cansancio importante por lo que ha implicado cada uno de los procesos judiciales y cada uno de estos esfuerzos por intentar aportar a la verdad. Cuando comenzamos esta lucha no nos imaginamos cumplir 10 años en este proceso, más bien toda la fuerza que pusimos en buscar la justicia al inicio tenía que ver con tratar de agilizar el proceso, sin embargo, las resistencias que se han encontrado son bastante grandes y eso no era lo que yo tenía previsto esto. Creo que la energía la tengo en la fuerza de la memoria de mi mami, lo que ella significa para mí, y también en una lucha que es colectiva y que ha sido abrazada y asumida por todo mi pueblo. Soy en cierta medida la cara visible de un montón de distintas comunidades del territorio del pueblo lenca que están en esta lucha por cumplirle a la memoria de mi madre.

¿Y todo ello con tu seguridad amenazada?

Sí. El mismo crimen de mi mami nos demostró los alcances que tienen estas estructuras criminales y también la falta de escrúpulos. Nosotras también tenemos que cuidarnos de manera comunitaria. Somos beneficiarias de medidas cautelares por parte del Estado de Honduras desde unas horas después del asesinato. Eso implica al Estado, que tiene una responsabilidad de cuidar nuestra vida. Sin embargo, el Estado ha sido ineficiente también por esa parte, así que nos toca por nuestros propios medios tratar de cuidarnos y de protegernos para conservar la integridad de nuestra vida.

Esta entrevista fue publicada originalmente en Pikara Magazine