10 años del Campo Algodonero: una década y los feminicidios persisten

El 16 de noviembre de este 2019, se cumplen 10 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado Mexicano por la desaparición y feminicidio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida, en un campo de cultivo y cosecha de algodón situado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2001.

El caso ya era relevante por varias razones, entre ellas, que las víctimas eran mujeres pobres, dos de ellas menores de 18 años y que este hecho, por la forma en que sucedió, correspondía a un patrón de violencia y feminicidios existente en la zona y plenamente identificado, mismo que ya había cobrado la vida de cientos de mujeres, jóvenes y niñas, sin que autoridades locales, estatales y federales hicieran nada por instrumentar medidas efectivas de protección.

Es por ello que la sentencia del CIDH por el caso hoy conocido como “Campo algodonero”, constituyó un importante hito en materia de investigación, acceso a la justicia y atención institucional del feminicidio como delito grave en nuestro país. La sentencia permitía por primera vez, establecer claramente las responsabilidades del Estado en la materia, así como las directrices que se debían seguir para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género.

La sentencia también develó a nivel internacional la terrible realidad de la violencia de género y los feminicidios principalmente en Ciudad Juárez, así como la incapacidad de las instituciones militares, de seguridad, de impartición de justicia, así como de los propios gobiernos para visibilizarla, prevenirla o contenerla.

Lastimosamente, a 10 años de este importante triunfo tanto de las víctimas, como de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la demanda, las cosas en Ciudad Juárez y en el país, no son hoy diferentes en materia de violencia hacia las mujeres a manos de policías, militares y en general, por diferentes miembros de los cuerpos gubernamentales de seguridad. 

El análisis del caso mostraba entonces las omisiones, corruptelas e irregularidades con las que el caso fue investigado, las cuales lamentablemente persisten en el modo actual en que las instituciones consignan e investigan los casos de violencia feminicida en México.

Además, Ciudad Juárez en realidad, es solo la punta de lanza de un complejo problema que afecta principalmente a las mujeres, jóvenes y niñas pobres, indígenas, campesinas, o vulnerables por diferentes causas.  También es importante decir que no solo implica a las fuerzas del orden y la seguridad. La violencia y los feminicidios no siempre se perpetran portando un uniforme. 

Es por ello que la sentencia de campo algodonero al final, era más que un mero instrumento jurídico. Constituye una muestra de lo profundamente arraigado que están el machismo y la misoginia a diferentes niveles, especialmente cuando de normalizar la violencia feminicida se trata. También evidencia que en lugares como Ciudad Juárez, donde abundan los grupos criminales y el tráfico ilegal de drogas armas y personas, las mujeres, jóvenes y niñas también forman parte de un complejo engranaje en donde su vida y seguridad son usadas como moneda de cambio y sus muertes y vejaciones, consideradas únicamente como daño colateral.

Las subsecuentes estrategias de “guerra contra el narco” en los años posteriores a la sentencia, agravaron en muchos lugares el problema, incluidas las fronteras como en el caso de Ciudad Juárez. A las prácticas de carteles y grupos criminales había que sumar la del ejército y la policía destacada por todo el territorio y actuando con impunidad en contra de las poblaciones de mujeres más vulnerables.

A 10 años de que las llamadas “muertas de Juárez” lograron la visibilidad que la gravedad del caso requería, es importante dar seguimiento a las recomendaciones que comprende la sentencia y a las obligaciones que no han sido cumplidas a suficiencia por todos los órganos de gobierno. Sabemos que no lo han sido porque las cifras no sólo no disminuyen sino que en muchos casos aumentaron y no sólo en Ciudad Juárez sino en otros estados como el Estado de México o Veracruz. 

El balance por tanto no es a favor de las mujeres. Es grave y preocupante que los grandes triunfos de las familias y las y los defensores, no se traduzcan en vidas libres de violencia para nosotras. Habrá que seguir insistiendo en que avances jurídicos como la sentencia de Campo Algodonero, se conviertan en acciones concretas y efectivas a favor de la vida y la seguridad de todas las mujeres mexicanas. Ya es tiempo y tiene que ser ahora.