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La pregunta aparece con frecuencia cuando participo en un panel o ponencia: ¿Hacen falta leyes para erradicar la violencia de género?
Si fuera tan simple, ya podríamos cantar victoria porque el marco legal mexicano es bastante sólido y continúan los avances. La semana pasada, el Senado aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la primera Ley General contra el Feminicidio en México. Es el reconocimiento de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres que han sido asesinadas en razón de género y con las familias en búsqueda de justicia.
Antes de eso, México no contaba con una sola ley que definiera el feminicidio de la misma manera en todo el territorio nacional. Cada estado tenía su propia versión del delito, sus propios criterios para acreditarlo, sus propias penas. Eso significa que una mujer asesinada en Chiapas no “valía” jurídicamente lo mismo que una víctima en Baja California. El crimen era el mismo, pero la respuesta del sistema judicial dependía del código postal.
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Que un país haya operado así durante décadas –con 33 marcos penales distintos para un mismo delito que entre 2018 y 2025 mató a 26 mil 652 mujeres, según el Informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)– era una forma de violencia institucional. Ya fue subsanada y esa es una buena noticia.
Pero la realidad se impone y nos demuestra, de nuevo, que la violencia de género es un problema estructural con raíces multifactoriales. En pocas palabras: las leyes son indispensables pero insuficientes. Un día después de la aprobación en el Senado, Edith Guadalupe desapareció.
Sabemos por su familia que la joven de 21 años salió a una entrevista de trabajo por una oferta que vio en redes sociales. Nos duele que ya no regresó a casa. Nos preocupan e indignan todos los obstáculos institucionales enfrentados en su búsqueda, desde la tardanza en atención hasta la solicitud de mordida por un agente de la Fiscalía General de Justicia para “agilizar” el proceso.
La fragmentación legal ha tenido consecuencias concretas para quienes buscan justicia ante un feminicidio. Sin criterios homogéneos de investigación a nivel nacional, las fiscalías podían evadir la perspectiva de género con relativa facilidad: clasificar un feminicidio como homicidio doloso, archivar, diluir. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que solo entre 25 y 27% de las muertes violentas de mujeres comienzan siendo investigadas como feminicidios.
Ahora, la ley general obligará a la Federación, a los estados y a los municipios a actuar bajo las mismas reglas, los mismos protocolos, los mismos estándares y perspectiva de género. La aprobación por unanimidad es una señal alentadora del consenso político, pero no basta para garantizar el cambio necesario; es indispensable avanzar en capacitación para aplicarla y en sanciones ejemplares contra servidores públicos que en lugar de ayudar con empatía y prontitud, extorsionan a familiares desesperados.
En la CDMX, la Fiscal Bertha Alcalde ya separó del cargo a los tres señalados en el caso de Edith. ¿Cuántos más usarán ese modus a nivel nacional? ¿Será posible dar ese siguiente paso con criterios homologados? Lo veremos, mientras esperamos justicia para Edith y para todas quienes no lograron viralizarse para llamar la atención de las autoridades.
