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El feminicidio de Carolina Flores se ha explicado en los últimos días utilizando términos psicológicos como "enmeshment" —que hace referencia a relaciones familiares con límites poco claros o excesiva dependencia emocional—. Sin embargo, calificar así este caso puede trivializar la violencia real y grave que ocurrió: un acto brutal contra una mujer.
Cuando empleamos términos diagnósticos para describir crímenes, corremos el peligro de reducir la verdad. No, no era una "familia unida" en absoluto. No era un problema de comunicación. Fue un acto de poder, uno que terminó con la vida de una mujer, en un entorno en el que el silencio y el tiempo jugaron a favor de la impunidad.
Con este señalamiento no busco descalificar a quienes han intentado explicar el caso desde conceptos como “enmeshment” o “incesto emocional”. Es comprensible que desde la psicología se busquen herramientas para nombrar lo que ocurre en las relaciones.
Sin embargo, desde una mirada de derechos humanos y de psicología feminista, es indispensable no perder de vista el centro: la violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente desde lo emocional o lo familiar, porque hacerlo corre el riesgo de desplazar la responsabilidad y diluir la gravedad del crimen.
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El caso Edith Guadalupe: la cadena de negligencia y omisiones
Este caso no es evidencia de descontrol emocional. Lo que demuestra es algo aún más perturbador: el riesgo muy real de que ocurra alguna violencia dentro de un lugar que, se supone, es seguro, y nadie responda de inmediato.
Las horas que transcurrieron antes de que se activara la justicia no son un detalle menor. Hablan de un contexto donde el tiempo no se usa para proteger, sino que puede convertirse en un recurso que favorece el encubrimiento.
Además, en el caso de Carolina no hay evidencia pública de una activación oportuna de los servicios de emergencia. Esto no es un detalle menor: es parte de las omisiones que pueden permitir que la violencia escale hasta sus consecuencias más graves.
Reducir este hecho a una dinámica familiar también implica otro riesgo: trasladar la conversación hacia las relaciones, las emociones o incluso la conducta de la víctima. Y eso no solo es impreciso, es revictimizante.
Nada en la vida de una mujer explica ni justifica la violencia que se ejerce contra ella. Desde una mirada de derechos humanos y de psicología feminista, es indispensable hacer un giro: dejar de buscar explicaciones en la intimidad de las familias, de dar “consejos” a las mujeres para detectar señales y comenzar a nombrar lo que sí está en juego.
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni individual, es estructural. Se sostiene en relaciones de poder, en desigualdades normalizadas y, sobre todo, en un sistema que no siempre responde con la urgencia y la contundencia que estos casos requieren.
Más allá de la promulgación de nuevas leyes, como la reciente Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, propuesta en marzo de 2026 por la Presidencia de México y respaldada en el Congreso en abril del mismo año, es indispensable que las autoridades y fiscalías actúen con debida diligencia y un enfoque real de derechos humanos. De poco sirven leyes si quienes deben aplicarlas no lo hacen con eficacia y compromiso. Los casos de Carolina, de Edith y de cientos de mujeres más muestran claramente esta brecha entre lo normativo y lo real.
Por eso, la pregunta no es cómo era la relación entre la suegra y su hijo. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿Cómo es posible que una mujer sea asesinada en su propia casa y que el sistema tarde en reaccionar? ¿Cómo es posible que el tiempo transcurra sin activar de inmediato los mecanismos de justicia?
Ahí está el centro del problema, porque la impunidad no es solo la ausencia de castigo. Es también el margen que permite que la violencia ocurra, se gestione y, en muchos casos, se normalice.
Nombrar correctamente estos hechos no es un asunto de lenguaje, es un asunto de justicia.
También es necesario cuestionar por qué estos hechos no se investigan con la debida diligencia y perspectiva de género, incluyendo todas las líneas que permitan esclarecer posibles responsabilidades y omisiones.
La negligencia no es solo un error: es una condición que permite que la violencia se perpetúe. Es el silencio institucional el que puede hacer funcional el silencio de quienes no actúan. Si el sistema de justicia fuera una respuesta real e inmediata, el tiempo no jugaría a favor de la impunidad.
Normalizar que una escena de violencia pueda sostenerse durante horas sin una intervención oportuna no solo es grave: es parte del problema que el sistema de justicia reproduce.
Es urgente dejar de colocar la responsabilidad en las mujeres y de usar narrativas que minimizan la violencia.
Nombrar con claridad es fundamental: cuando se diluye el crimen, se fortalece la impunidad y la revictimización.
Las instituciones tienen la obligación de responder con debida diligencia, perspectiva de género y mecanismos efectivos de protección.
Y como sociedad, nos corresponde exigir justicia y no normalizar la violencia. Nombrar la violencia con claridad también es una forma de justicia.
