¿Qué hacer cuando el Estado es el principal ejecutor de las injusticias y crímenes que viven diferentes poblaciones? ¿Cómo se articulan estas situaciones desde el paradigma de los cuidados? Tenemos en mente el criminal incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, México, donde 40 personas perdieron la vida y otras 27 resultaron lesionadas el pasado 27 de marzo del 2023. Un crimen de estado en el cual se revelan detenciones arbitrarias a personas con estancia regular en México, extorsiones por parte de agentes del Estado para liberarles, entre otras prácticas (trágicamente) habituales de estos centros de detención, como bien se ha documentado desde el activismo, la academia y el periodismo crítico.
El Instituto Nacional de Migración (INM) en México, que debe velar por la seguridad de las personas que atraviesan este territorio es, al mismo tiempo, el brazo ejecutor de la política de externalización de las fronteras que se nos impone desde el norte. Esta situación multiplica las desigualdades sociales que ya atraviesan las personas migrantes al cruzar por México, cuya extensión territorial sirve de enorme frontera y es escenario de infinidad de atrocidades en nombre de una migración «ordenada y regular». Junto con el jefe de la representación del INM en Chihuahua, son siete los funcionarios implicados y detenidos, sin aún vincular a sus superiores en la cadena de mando. Aún más indignante es la criminalización de un varón migrante, sobreviviente de este crimen, quien está siendo inculpado por iniciar el incendio.
Créditos: Cuartoscuro
El régimen migratorio utiliza la fachada de proteger y regular los flujos de personas para administrar la muerte y el dolor. Así, diluye todo rastro de hospitalidad y que secuestra la noción del cuidado, la protección y el interés superior de las personas. Por ejemplo, Francisco Garduño, titular del INM anunció el pasado marzo que van a separar a las y los niños de sus padres si estos intentan cruzar la frontera hacia Estado Unidos con ellas/os, argumentando que se hará para «proteger el interés superior de la infancia». De actuar de este modo, los agentes migratorios estarían suscitando un conflicto judicial, porque el INM no está facultado para retirar a las y los menores de sus padres.
En términos de una sociedad del cuidado identificamos los actores en los que se deben sostener los sistemas de cuidados: el Estado, el Mercado, las Familias, la Comunidad y los Medios de Comunicación. Estos elementos de cuidados nos ofrecen una representación analítica para cotejar la forma en que damos respuesta a las necesidades de cuidado, considerando la participación o no de cada uno de estos agentes. En la literatura de cuidados, se ha escrito vehementemente que la organización social del trabajo de cuidados entre los cuatro agentes es injusta, ya que son trabajos no remunerados altamente familiarizados y feminizados.
Pero no sólo se trata de una injusta organización, teniendo en cuenta el desbalance entre los agentes mencionados, sino que estas omisiones son criminales. Como explica Natalia Pérez Vilar, “exclusión por abandono o por exterminio, el resultado es el mismo: la desaparición del otro” (Pérez Vilar, 2009: 43), difuminando la frontera entre hacer morir y dejar morir. Asumimos que vivimos en un estado democrático, asumimos que puede intervenir en la sociedad y en su organización, mediante políticas públicas que beneficien a la población en su conjunto. Sin embargo, esta asunción se encuentra contenida en la idea de nación dentro de un territorio específico, en una comunidad política excluyente que ejecuta políticas desde el miedo: miedo a la otredad, que nubla el reconocimiento y, con ello, fomentando sociedades, poco empáticas, poco solidarias.
La hospitalidad y los cuidados son conceptos incluyentes entre sí y de mutua reciprocidad. Los cuidados comunitarios, las redes de defensa de la tierra y la vida, de investigación y activismo que denuncian los abusos y promueven las demandas de justicia, florecen en Estados debilitados en cuyas fronteras la protección social es ficticia. Es una dialéctica cruel, reflejo de la lucha por la sostenibilidad de la vida en un régimen necropolítico. La agenda de cuidados no sólo demanda la articulación del Estado, sino que señala sus delitos y exige justicia; lo hace a través de tejer redes y de promover lazos más empáticos y solidarios con la comunidad humana, allende las fronteras entre naciones.
Fuente:
Pérez Vilar, N. (2009). De la hospitalidad a la hostilidad Ruptura del lazo social. Tramas (México, DF), (31), 31-46.