“El enemigo debería ser la injusticia, la muerte y la impunidad, no una mamá que busca a sus hijos”, estas son las palabras de Ceci Flores, quien desde 2015 ha recorrido el país con pico y pala en mano, con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, grupo que fundó en ese año, para buscar a sus dos hijos desaparecidos en este país cementerio donde hay más de cinco mil fosas clandestinas y al menos 100 mil personas desaparecidas.
El enemigo entonces —dice Ceci— debería ser la injusticia en un país donde la falta de respuestas, la negligencia y el nulo trabajo de las autoridades obliga a las madres como ella, a las hijas e hijos, a los padres y hermanos, a volcarse a la búsqueda extenuante de sus familiares, arriesgando su vida y enfrentándose al dolor de encontrar restos y huesos entre la tierra, con la esperanza de que sean por fin los de sus seres queridos, de por fin saber qué les sucedió y poder enterrarles.
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Esta semana Ceci Flores fue a un presunto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa en la Ciudad de México, tras recibir un reporte anónimo que indicaba que en ese lugar habría una fosa clandestina. Después de dos días de exploración en la zona junto con otras buscadoras y activistas, Cecilia denunció el hallazgo de lo que podrían ser restos humanos, junto con documentos de mujeres y niños.
Así fue como las autoridades capitalinas llegaron al lugar y en menos de 24 horas analizaron las pruebas y concluyeron que los restos encontrados en realidad eran de perros y no de humanos. También descartaron la existencia de una fosa clandestina. El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, calificó la denuncia de Ceci y de las madres buscadoras como un “montaje frustrado” y acusó que lo que se busca es dañar la imagen del gobierno capitalino en medio del contexto electoral.
No debe escaparse en este análisis, lo evidente, que Iztapalapa fue bastión de la actual candidata oficialista para la Ciudad de México, Clara Brugada, quien al parecer no tenía conocimiento de un crematorio clandestino en la alcaldía a su cargo. En una narrativa ya instalada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las madres buscadoras —esas con quienes se ha rehusado a reunirse o escuchar— de pertenecer “al bloque conservador” que busca “traficar con el dolor”.
Al gobierno se le olvida que Ceci Flores junto con el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora ha localizado los restos de más de 2 mil personas y ha ubicado a cientos más con vida. Una labor que el gobierno, a pesar de autonombrarse humanista, no hace. Su lucha, la de Cecilia—como la de las miles de buscadoras que hay en el país— es legítima frente a la negligencia de un Estado que invisibiliza, estigmatiza y hasta criminaliza su labor.
Al Estado también se le olvida la crisis forense que atraviesa nuestro país, en donde actualmente hay más de 52 mil personas muertas sin identificar en las fosas comunes, las clínicas forenses, universidades y centros de resguardo de este país. Y que debido a que los servicios forenses son insuficientes y no hay una política pública clara para su identificación, podrían pasar hasta 120 años o más para analizar estos restos, como ya advirtió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en 2022.
Califican entonces de “montaje frustrado” a la labor de búsqueda que hacen las madres buscadoras en este país, las critican quienes abandonan su labor frente a las amenazas y peligros a los que se enfrentan, una labor que correspondería al Estado. Desde el año 2010, al menos 22 personas buscadoras —en su mayoría mujeres— han sido asesinadas, de acuerdo con el Centro Prodh.
Muchos medios de comunicación, por su parte, se empeñan en volcar los reflectores hacia los desencuentros internos que han surgido entre los colectivos de las personas desaparecidas de los distintos estados, exigiéndoles lo que no exigen a las autoridades, abonando al discurso oficialista para desactivar a las buscadoras, dividiéndolas y politizando su accionar.
En la última semana coberturas mediáticas, donde lo más “noticioso” para algunos periodistas era el “análisis” amarillista por saber si Ceci Flores estaba tomando un papel demasiado protagónico en esta búsqueda. Periodistas que cuestionan a las buscadoras y no a la necropolítica e irresponsabilidad del Estado.
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Medios que fueron omisos en cuestionar a las autoridades sobre cuáles fueron los métodos de análisis forense de los restos hallados, el procedimiento que se siguió, por qué no se hicieron públicos, que no cuestionaron por qué, si es posible analizar restos en menos de 24, no se puede dar respuesta ni justicia a las miles de familias que llevan años o meses tratando de identificar a los suyos.
Ante los ataques, Ceci invitó a medios y autoridades, a quienes la cuestionan sin responsabilidad, a que vayan a una jornada de búsqueda, “sientan el dolor, la desesperación de las madres, la esperanza y el amor con que se pide permiso a la tierra para que nos regrese a nuestros hijos. Participen en una búsqueda, si al terminar la jornada, siguen pensando que es un 'montaje' que es 'traficar' o que es por 'cuestiones electorales', en ese momento, no vuelvo a alzar la voz”.
“Pero vayan ustedes para que sepan lo que ocurre en ese México, si no es conmigo, con cualquier otro colectivo, pero ustedes que toman las decisiones es urgente que caminen entre las madres buscadoras, les va a cambiar sus prejuicios y visión errada. Los va a sensibilizar”.
Al gobierno y a los medios de comunicación se nos olvida que la labor de las buscadoras y de todo aquella persona que clama justicia está por encima de las agendas políticas, su duelo las arropa, las vuelve peritos, investigadoras, detectives. Su duelo, que debería ser el duelo de todo el país, las convoca a hacer comunidad.
Sobre su búsqueda construimos el tejido que nos sacará del horror. Su dolor debería ser ajeno a cualquier manipulación que viene desde un Estado sostenido en la necropolítica, y un Estado que sí trafica con el dolor, con el dolor de las madres buscadoras, con el dolor de todas.