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Bajo la promesa de fortalecer la autonomía, envejecer se ha convertido en una oportunidad de negocio. Esa promesa, sin embargo, contrasta con una realidad marcada por la precariedad económica, la desigualdad territorial, la exclusión digital y la fragilidad de los sistemas de protección social en los que envejecen millones de personas mayores. Ante este panorama, la pregunta ya no es cuánto la innovación del mercado puede mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, sino quién puede realmente acceder a ella.
En México, la conectividad ha aumentado de manera sostenida, pero ese avance no se distribuye por igual. En 2025, el 86.1% de la población utilizaba internet; sin embargo, el porcentaje descendía a 57.8% entre las personas de 65 a 74 años y a apenas 30.3% entre quienes tenían 75 años o más. La edad aparece, así, como una de las fronteras más persistentes de la inclusión digital (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2025). Asimismo, la brecha digital también depende del lugar donde se envejece. Mientras nueve de cada diez hogares de la Ciudad de México contaban con conexión a Internet, en Chiapas apenas poco más de la mitad disponía de ella (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2025). En este sentido, aunque las cifras nacionales puedan sugerir que la conectividad avanza, también esconden quiénes continúan quedándose atrás.
Por tanto, no tener acceso a Internet ya no significa únicamente quedar fuera de una conversación o una red social. Para una persona mayor, encontrarse en situación de exclusión digital puede condicionar, a su vez, el acceso a servicios de salud. En México, la propia política pública contempla consultas, interconsultas, monitoreo y seguimiento de pacientes a distancia (Secretaría de Salud, 2026).
Para las personas mayores, estas herramientas innovadoras pueden favorecer una vida más activa. No obstante, sus beneficios suelen presentarse como si bastara con poner la tecnología a disposición para garantizar su aprovechamiento, pues un teléfono no significa saber instalar una aplicación; recibir un dispositivo no garantiza comprender sus indicaciones ni contar con alguien que ayude cuando falla. Entonces, si para recibir atención se necesita un teléfono, internet y alguien que sepa usarlos, la tecnología no está acercando el cuidado a las personas: está decidiendo quién puede acceder a él.
Los límites de los cuidados digitales en sociedades desiguales
Durante décadas, acceder a servicios de salud implicó trasladarse a una unidad médica, esperar una consulta y recibir indicaciones. La digitalización no eliminó barreras como la distancia, los costos o la saturación; las reconfiguró. Hoy, solicitar citas o recibir seguimiento médico mediante dispositivos digitales exige también contar con las condiciones necesarias para desenvolverse en estos entornos.
En sociedades que envejecen, la salud digital (eHealth) y la telemedicina pueden fortalecer la atención y favorecer el envejecimiento en el hogar (OMS, 2021). Sin embargo, requieren viviendas accesibles, conectividad, redes de apoyo y diseños adecuados; de lo contrario, pueden reproducir desigualdades y generar riesgos para la privacidad y la protección de datos (Pinazo-Hernandis, 2024).
Los cuidados digitales en salud evidencian sus límites en sociedades profundamente desiguales. Para muchas personas mayores en América Latina, acceder a una teleconsulta exige recursos, conectividad, alfabetización digital y redes de apoyo. Su exclusión no es solo tecnológica: responde a condiciones materiales, diseños poco inclusivos y políticas públicas insuficientes (López Sánchez et al., 2025).
Las experiencias de las propias personas mayores muestran con claridad esa tensión. La incorporación de trámites digitalizados no siempre se ha traducido en un acceso más sencillo. En muchos casos ha significado nuevas formas de frustración e incertidumbre. Instalar aplicaciones, recuperar contraseñas o acompañar consultas virtuales son tareas que continúan descansando, en gran medida, sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres, reproduciendo desigualdades históricas en la organización social del cuidado (Caballé et al., 2024).
Y es que existe una idea que conviene desmontar: la de que la tecnología, por sí misma, produce cuidado. No lo hace. Un pastillero electrónico puede recordar la hora de un medicamento, pero no comprarlo; un reloj inteligente puede detectar una caída, pero no levantar a quien permanece en el suelo. Incluso la teleasistencia depende de infraestructura tecnológica y de redes de apoyo que sostengan su funcionamiento cotidiano (Benedetti et al., 2022).
La discusión, entonces, trasciende el ámbito tecnológico. Los cuidados digitales no sustituyen los sistemas de protección social; los presuponen. Allí donde la protección social sigue siendo insuficiente, la innovación difícilmente podrá garantizar, por sí sola, el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse. El desafío no consiste en desarrollar más aplicaciones, sino en construir las condiciones para que la digitalización fortalezca el cuidado sin convertirlo en un privilegio reservado para quienes cuentan con recursos, conectividad y redes de apoyo.
