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¿Qué significa realmente ser libre?
Cada 30 de julio, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, solemos hablar de explotación, redes criminales y cifras. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el propio concepto de libertad.
Frecuentemente la imaginamos como la posibilidad de entrar y salir, movernos sin restricciones o decidir hacia dónde caminar. Pero para miles de mujeres, niñas y niños que viven violencia extrema, la pérdida de la libertad comienza mucho antes de cruzar una puerta.
La libertad se quiebra cuando alguien decide controlar sus cuerpos, sus decisiones, sus vínculos y su proyecto de vida. La trata de personas es una de las expresiones más brutales de esta realidad. Pero el encierro no siempre se manifiesta con cadenas o habitaciones cerradas; también se impone mediante amenazas, manipulación, violencia sexual, dependencia económica, aislamiento, miedo y control psicológico.
Muchas mujeres pueden caminar por la calle y, sin embargo, no son libres.
Hay mujeres que pueden cruzar una ciudad entera y seguir viviendo prisioneras del miedo.
Lo mismo ocurre con quienes sobreviven a la violencia feminicida. Una mujer perseguida por un agresor con armas o redes criminales difícilmente puede ejercer plenamente su libertad, aunque ninguna puerta física la mantenga encerrada.
El miedo también priva de la libertad
Por ello, proteger no significa restringir, sino crear las condiciones para recuperar la libertad. No se trata únicamente de una convicción feminista. También es un mandato de los derechos humanos. Tanto de nuestro marco jurídico nacional como internacional que reconocen que, frente a la violencia extrema, el Estado tiene la obligación de brindar medidas de protección especializadas que salvaguarden la vida, la integridad y la autonomía de las mujeres.
Sin embargo, en ocasiones se afirma que los refugios especializados de alta seguridad, limitan la libertad de las mujeres por ser espacios “a puertas cerradas” y que son los hombres quienes deben salir de las casas o “estar encerrados”. Pero estas afirmaciones parten de una confusión profunda sobre qué implica desproteger los derechos de una mujer en riesgo extremo.
Los refugios de puertas cerradas no existen para restringir derechos. Existen porque la violencia es real. Porque hay mujeres perseguidas por hombres que las buscan para asesinarlas, redes de trata que intentan recuperarlas, agresores con poder político o criminal que sobrepasan cualquier medida de protección. Estas medidas de seguridad son respuestas proporcionales a un riesgo real y a un sistema de justicia que suele ser revictimizante, omiso y no siempre protege.
Es vital diferenciar entre institucionalización —una limitación prolongada de derechos— y protección temporal en refugios, que apunta a la recuperación de autonomía y derechos.
Estos años acompañando a mujeres sobrevivientes de violencia, he aprendido que la autonomía no depende de que una puerta permanezca abierta.
Comienza cuando una mujer vuelve a decidir sobre su propia vida: cuando puede dormir sin miedo, acceder a ingresos propios, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, fortalecer redes de apoyo seguras, y construir un proyecto de vida lejos del control de su agresor.
La libertad no comienza al salir de un edificio, empieza cuando el miedo deja de decidir por ella. Esa es una de las finalidades de los refugios especializados: no sustituir la libertad, sino hacer posible su ejercicio.
Estos años acompañado en territorio y poniendo en el centro a las mujeres, niñas y niños también me han enseñado que no hay un único modelo de atención: cada contexto, nivel de riesgo y proyecto de vida exige respuestas especializadas, desde refugios hasta casas de transición.
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Quizá la discusión que hoy necesitemos no sea si una puerta debe estar abierta o cerrada, sino por qué hay tan pocos espacios especializados para mujeres, niñas y niños en violencia extrema y trata.
Por qué los refugios enfrentan incertidumbre presupuestaria año con año.
Por qué seguimos discutiendo mecanismos de protección mientras miles de mujeres siguen sin un lugar seguro al cual acudir.
La mayor privación de libertad nunca ha sido la puerta de un refugio. Ha sido la violencia que obliga a buscar uno: el agresor que daña, que persigue, la institución que no protege, el ministerio público que no cree, la sociedad que responsabiliza a las víctimas y absuelve a quienes ejercen violencia.
Garantizar refugios especializados, diversos y con recursos suficientes no limita la libertad. La hace posible.
Mientras exista una sola mujer cuya vida dependa de un espacio seguro para sobrevivir, proteger seguirá siendo una condición indispensable para ejercer la libertad. Y esa seguirá siendo una responsabilidad irrenunciable del Estado y un compromiso profundamente feminista.
