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Hay mujeres que sienten que la igualdad ya está conseguida. Algunas han llegado a puestos de dirección, ocupan cargos públicos o han construido una vida con autonomía. Otras son jóvenes que crecieron escuchando que podían estudiar, trabajar y elegir su futuro. Es comprensible que quieran creer que esas posibilidades están aseguradas.
El problema es confundir una oportunidad personal con una garantía para todas o dar por hecho que el futuro traerá más libertades.
En América Latina las conquistas conviven con decisiones que las debilitan. No todos los retrocesos llegan mediante una prohibición evidente; aunque los derechos siguen en el papel, ejercerlos se vuelve más difícil.
En un campo de batalla, una posición defensiva no se sostiene solamente con la convicción de quienes la ocupan. Necesita protección, suministros y comunicación. Una trinchera puede parecer firme y volverse insostenible cuando le cortan el abastecimiento.
La comparación es pertinente porque las mujeres no debemos dejar que los movimientos conservadores nos hagan retroceder ni un paso más. Hemos abierto caminos y, a veces, hemos supuesto que permanecerían abiertos, pero no hay más que mirar los escenarios que atraviesa América Latina para ver lo que está en juego.
Mientras hay gobiernos de derechas que atacan abiertamente la agenda de igualdad, también hay gobiernos que se presentan como progresistas mientras restringen la organización de las mujeres, recortan presupuestos o dificultan el camino de las organizaciones que acompañan. La pregunta no es solamente cómo se define un gobierno, sino qué protege, a quién escucha y qué permite transformar.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei debilitó los programas de atención a la violencia de género y el control de armas. Un balance publicado en junio de 2026, basado en información de ELA, señala que el Programa Acompañar pasó de asistir a unas 102,000 mujeres en 2023 a ninguna en 2025. La Línea 144 perdió casi la mitad de su personal. No hace falta derogar el derecho a vivir sin violencia para dejar a muchas mujeres sin apoyo para salir de ella.
Al mismo tiempo, el gobierno flexibilizó una condición para acceder legalmente a las armas: en diciembre de 2024 redujo de 21 a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario. La medida no eliminó los demás requisitos, pero sí amplió el acceso por edad. Es una decisión que debe examinarse junto con las políticas de prevención de la violencia, no como si perteneciera a una conversación ajena a la seguridad de las mujeres.
En Perú, el retroceso alcanzó a las herramientas con las que se identifica la desigualdad. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dispone sustituir las referencias al enfoque de género y eliminar las menciones a la educación sexual integral de los currículos educativos. Especialistas de Naciones Unidas advirtieron que esta orientación amenaza las protecciones frente a la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos.
En Brasil, el riesgo de un regreso a las políticas del bolsonarismo debe analizarse a la luz de sus antecedentes. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro (el padre), el presupuesto federal para combatir la violencia contra las mujeres se redujo un 90% en 2022 respecto de 2020, según Human Rights Watch. Su gobierno también impuso obstáculos al aborto permitido por la ley, incluida una disposición que exigía al personal de salud denunciar ante la policía a sobrevivientes de violación que solicitaran interrumpir un embarazo.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió Santa Marta con una pistola a la cintura en septiembre de 2026. Ese mismo mes, su gobierno levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, aunque mantuvo los requisitos y controles legales. No se trata de una autorización para que cualquier persona circule armada, pero sí de un cambio relevante en la política de seguridad. Desde una mirada feminista, cabe preguntar qué idea de autoridad se transmite cuando un mandatario se presenta armado ante la ciudadanía.
También hay otras formas de fraguar retrocesos: cerrar los espacios desde los que las mujeres pueden organizarse y exigir derechos.
En El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto anunció en febrero de 2026 su disolución legal. La organización, que había contribuido a liberar a 81 mujeres condenadas tras procesos vinculados al aborto y a emergencias obstétricas, denunció un contexto incompatible con su labor bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Aunque la agrupación continuará su trabajo fuera de la estructura de una ONG, mediante La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, no deja de representar una pérdida de espacio democrático.
En Nicaragua, expertas y expertos de Naciones Unidas documentaron la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y de la población LGBTIQ+. Muchas brindaban atención jurídica, acompañamiento psicosocial y servicios de salud sexual y reproductiva. Su cierre no sólo silencia voces críticas: elimina lugares a los que una mujer podía acudir.
En México, elevar el Instituto Nacional de las Mujeres a Secretaría de Estado fue un avance institucional. Pero el rango administrativo no garantiza, por sí solo, continuidad ni resultados.
La Secretaría de las Mujeres permaneció sin titular desde la salida de Citlalli Hernández en abril de 2026 durante cinco meses hasta que Laura Itzel Castillo asumió en septiembre. Esto en una instancia que se considera prioritaria. La ausencia de una cabeza tampoco favoreció la ya frágil interlocución con las organizaciones de mujeres y feministas, por ejemplo, las madres buscadoras o las que trabajan para reducir las violencias. Si bien en México se vive una etapa de alta representación femenina formal, persiste la duda de que esta presencia se traduzca en una transformación estructural real de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas.
Si bien la sociedad resiste, no puede hacerlo todo: en Argentina, Ni Una Menos volvió a movilizarse en junio de 2026 contra el desmantelamiento de las políticas de protección; en Perú, líderes y lideresas estudiantiles presentaron en octubre de 2026 un manifiesto en defensa de la educación sexual integral durante un encuentro en el Congreso.
Acciones así nos demuestran que las adolescentes no son únicamente destinatarias de las políticas: también reclaman participar en ellas. La denuncia ante la agudización de las violencias de género y contra las mujeres también las ha movilizado para exigir seguridad en sus entornos y el ejercicio de sus derechos. Y en esa defensa de sus derechos se convierten en referentes para otras jóvenes y también para nosotras.
Estas respuestas importan, pero resistir no equivale todavía a recuperar lo perdido. Cuando una organización sostiene gratuitamente el acompañamiento que antes ofrecía un servicio público, evita un daño; no elimina la responsabilidad del Estado que dejó de atenderlo.
No estamos ante un movimiento que no haya sabido luchar. Estamos ante conquistas que necesitan una protección institucional y social más sólida, para que su continuidad no dependa de nuestro agotamiento.
Para Inspiring Girls, mostrar referentes significa ayudar a las niñas a imaginar posibilidades más allá de los estereotipos. Pero también necesitamos mirar qué encontrarán cuando intenten recorrer esos caminos.
No todos los problemas son iguales. Hay derechos restringidos por una norma, políticas debilitadas por falta de recursos y garantías que nunca llegan a todas. Distinguirlos permite exigir respuestas concretas: modificar una ley, restituir un servicio, asegurar financiamiento o abrir un espacio de participación.
Defender lo conquistado exige seguir el recorrido completo: de la ley al presupuesto, del presupuesto al servicio y del servicio a la vida cotidiana.
Queremos que las niñas encuentren más caminos abiertos que nosotras. No podemos prometerles que podrán llegar a cualquier lugar mientras dejemos de cuidar las condiciones para hacerlo.
Inspirarlas también significa defender su derecho a avanzar sin tener que empezar, una y otra vez, desde el inicio.
