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Entre 2015 y agosto de 2025, las fiscalías estatales en México abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La cifra contrasta con los avances legales. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, un fallo histórico que debía impedir que las mujeres y personas gestantes fueran perseguidas por interrumpir un embarazo. Desde entonces, 22 estados han reformado sus códigos penales para permitir el procedimiento voluntario, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de gestación.
Pero las carpetas de investigación muestran que el reconocimiento jurídico no siempre se traduce en la práctica. La criminalización persiste en fiscalías y ministerios públicos, que continúan abriendo expedientes incluso en entidades que ya reformaron sus códigos.
No todas las fiscalías persiguen igual
Tres estados concentran más de la mitad de las carpetas abiertas en la última década: la Ciudad de México encabeza con mil 471 investigaciones (19.6% del total nacional), seguida por el Estado de México con mil 252 (16.7%) y Nuevo León con mil 101 (14.7%). En conjunto, suman 3 mil 824 expedientes.
En la Ciudad de México, los registros del SESNSP muestran que en 2015 se abrieron 131 carpetas de investigación por aborto, mientras que en 2024 la cifra subió a 185, lo que representa un aumento del 41% en nueve años. Entre esos años hubo descensos significativos, como en 2017 y 2020, pero también repuntes, especialmente en 2022, cuando las carpetas casi se duplicaron respecto al año anterior.
La contradicción es evidente: en la capital, que desde 2007 fue pionera en reconocer el aborto como un derecho, la criminalización no ha desaparecido y, en los últimos años, incluso se ha reforzado.
El contraste refleja que la despenalización normativa no erradicó la criminalización en la práctica: los procesos judiciales siguen abiertos y las denuncias continúan convirtiéndose en expedientes. Frente a esta contradicción, en 2024 se presentó en la Ciudad de México una iniciativa legislativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal, con el objetivo de cerrar la brecha entre el marco jurídico y la actuación de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, la discusión se ha quedado atorada en el Congreso local y no ha vuelto a ser discutida.
Un mosaico legal desigual
El aborto en México está regulado de manera fragmentada. A nivel nacional existe una causal obligatoria: cuando el embarazo es producto de violencia sexual. A partir de ahí, cada estado define en sus códigos penales otras circunstancias en las que se permite la interrupción, que incluyen riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, malformaciones graves del producto, inseminación artificial no consentida o causas socioeconómicas severas.
El reconocimiento de estas causales varía, lo que genera profundas diferencias en el acceso al procedimiento. Mientras algunos estados han armonizado sus leyes con los fallos de la Corte, otros mantienen figuras penales que permiten abrir procesos tanto contra las mujeres que buscan abortar como contra personal médico que las acompaña.
Los registros del SESNSP tampoco permiten precisar a quiénes se dirigen las investigaciones. Expertas advierten que las carpetas pueden involucrar no solo a mujeres y personas gestantes que interrumpieron un embarazo, sino también a médicas, enfermeras, parteras o acompañantes acusados de practicarlo. En cualquier caso, los procesos judiciales terminan funcionando como un mecanismo de persecución que mantiene vivo el estigma.
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Entre el derecho y la práctica
Las cifras muestran variaciones año con año, pero nunca una pausa en la persecución. El máximo se alcanzó en 2022, con 818 investigaciones; en 2023 fueron 810 y en 2024, 783. En los primeros ocho meses de 2025 ya suman 597 carpetas, lo que anticipa un cierre similar.
La persistencia de estas investigaciones revela la distancia entre la norma y la práctica. En teoría, millones de mujeres y personas gestantes en México cuentan hoy con un marco legal que les reconoce el derecho a interrumpir un embarazo. En la práctica, las fiscalías siguen registrando casos y abriendo procesos judiciales que alimentan el estigma y sostienen la criminalización, incluso en entidades donde el aborto ya fue despenalizado.
