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La Marea Verde sigue avanzando en México y el 2025 se ha consolidado como un año clave en la expansión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (ILE). Aunque 22 estados han modificado sus códigos penales para permitir el aborto voluntario, en su mayoría hasta las 12 semanas de gestación, persisten resistencias políticas y barreras prácticas que limitan el acceso real.
En lo que va del 2025, tres entidades dieron pasos históricos. El 9 de abril, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12, convirtiéndose en el primer estado del sureste en hacerlo.
Un mes después, el 14 de mayo, Tabasco siguió la misma ruta y reformó su código penal para garantizar el derecho en las primeras 12 semanas. Campeche había iniciado la oleada en febrero, consolidando así que toda la península de Yucatán cuente ya con legislación favorable.
Con estos avances, México suma 22 entidades que reconocen el aborto voluntario como un derecho en sus legislaciones:
Las entidades que han despenalizado y legalizado el aborto hasta las 12 semanas son: la Ciudad de México —pionera desde 2007—, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco. En todas ellas el límite se mantiene en las 12 semanas, salvo Sinaloa, que permite hasta la semana 13.
En Aguascalientes, el aborto fue despenalizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, pero en agosto de 2024, el Congreso estatal redujo el plazo legal de interrupción de 12 a 6 semanas de gestación.
A esto se suman estados como Coahuila, Chihuahua y Morelos, donde la despenalización opera por sentencias de la Corte que impiden criminalizar a las mujeres, aunque los congresos locales no han modificado sus Códigos Penales.
De las entidades que han despenalizado el aborto, solo nueve —Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa— han incorporado su regulación en las leyes locales de salud. Además, únicamente la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han diseñado y publicado programas específicos para la atención del aborto, fundamentales para garantizar la calidad y la integralidad del servicio.
Obstáculos para acceder al aborto en México
A pesar de los avances normativos, organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) advierten que el acceso efectivo sigue enfrentando obstáculos. En varios estados continúan abiertas carpetas de investigación por aborto, incluso donde ya fue despenalizado.
El informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México" de GIRE señala que, aunque México ha avanzado en la despenalización, persisten desafíos como la criminalización de mujeres y personas gestantes, así como la falta de transparencia en el sistema de justicia.
Los datos reflejan contradicciones importantes: la Ciudad de México, que despenalizó el aborto en 2007, lidera en número de averiguaciones previas con mil 337 casos hasta 2023. Mientras tanto, Nuevo León concentra el mayor número de denuncias (742) pero una de las menores cifras de acciones penales (9), lo que evidencia que la criminalización actúa más como un mecanismo de intimidación que de justicia.
Por su parte, Human Rights Watch documentó en su informe “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México” que, en esta entidad donde la interrupción del embarazo es legal desde 2024, 72,336 personas gestantes tuvieron que viajar a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, desde 2007.
Tensiones políticas y retrocesos
No todo es avance. Como se mencionó anteriormente, Aguascalientes, que había aprobado la despenalización hasta las 12 semanas, limitó posteriormente el plazo a seis semanas, un retroceso que especialistas califican como “una criminalización de facto”.
En Guanajuato, el Congreso local rechazó en junio de 2025 una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario: la votación terminó en empate y la reforma fue frenada.
El estado continúa criminalizando el procedimiento salvo en causales específicas, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional mantener sanciones penales. El caso podría escalar nuevamente a tribunales federales, donde se espera que se emitan órdenes vinculantes para armonizar la ley local.
Morelos representa otra tensión entre la justicia federal y la legislatura local. En septiembre, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo colectivo que obliga al gobierno morelense a garantizar servicios de aborto legal y a realizar campañas de difusión.
Sin embargo, el Congreso del estado aún no ha aprobado la reforma correspondiente, pese a que ya existe un dictamen avalado en comisiones.
Otros estados, como Querétaro, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, mantienen códigos penales restrictivos sin reformas aprobadas hasta la fecha.
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Causales permitidas para el aborto en México
El aborto es permitido por distintas causales, que varían según la entidad federativa. A nivel nacional se reconoce el derecho en casos de violencia sexual, pero los estados regulan otras circunstancias específicas, que incluyen: embarazo producto de violencia sexual; riesgos para la vida o salud de la persona gestante; malformaciones graves del producto; causas económicas graves; inseminación artificial no consentida; y otros factores que afectan la salud o bienestar de la persona gestante.
El reconocimiento e implementación de estas causales varía entre estados, lo que genera diferencias significativas en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A pesar del avance, las siguientes entidades aún criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. La criminalización en estos estados representa un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y perpetúa la desigualdad en el acceso a servicios de salud.
México avanza hacia la despenalización generalizada del aborto, pero el acceso real todavía depende del lugar de residencia, la situación económica y la voluntad de las instituciones de salud. El reto ahora es que las sentencias de la SCJN se traduzcan en leyes locales y que la despenalización garantice acceso seguro, gratuito y de calidad a todas las personas que lo necesiten.
