En la Ciudad de México, las mujeres trans continúan enfrentando un ejercicio sistemático de violencia institucional que se agrava dentro de los centros penitenciarios, donde persisten prácticas discriminatorias, tratos crueles y negación de identidad.

Este es el caso de Zuleyma, una mujer trans que cumplía una condena de poco más de cuatro años en prisión que fue trasladada sin previo aviso del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (RPVN) al Módulo de Alta Seguridad “Diamante” del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO), lugar en donde fue víctima de tortura y violencia física, sexual y psicológica.

El caso de Zuleyma fue clave para la emisión de la Recomendación 05/2025, por tortura y violencia contra las mujeres trans, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 4 de julio. 

Sin embargo, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX la rechazó. Por ello, la organización Lleca, escuchando la calle, hace un llamado a la acción y convoca a una movilización este martes 25, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25N. 

“Exigimos a las autoridades reconsiderar la respuesta del sistema penitenciario y hacer una realidad el lema que tanto presumen ‘La CDMX es la ciudad de los derechos y la diversidad’. Si las personas LGBT+ privadas de su libertad no son tratadas con dignidad, esta ciudad no es una ciudad de derechos”, expresó la organización a través de la invitación a la movilización

El contingente se reunió afuera del metro San Antonio Abad, dirección Cuatro Caminos, a partir de las 16:00 horas

¿Cuál es el caso de Zuleyma?

Zuleyma cumplía una sentencia de 4 años, 10 meses y 15 días; para entonces ya había purgado 4 años y 5 meses y permanecía recluida en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La noche del 27 de diciembre de 2023, alrededor de las 22:30 horas, personal de seguridad y custodia acudió a su estancia en el RPVN y le indicó que debía presentarse en el área de gobierno para una “recomendación de derechos humanos”.

Zuleyma se negó, pero fue llevada por la fuerza a la unidad médica para ser certificada. Después de la certificación, la llevaron al área de antropométrico, y después la subieron a una camioneta para ser trasladada del RPVN al Módulo de Alta Seguridad “Diamante” del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO). En todo momento, Zuleyma fue golpeada y jaloneada. 

Una vez en el Módulo de Alta Seguridad “Diamante”, le dijeron que “había llegado a un penal federal” donde “se les iba a tratar como cabrones”, que su identidad “no valía nada”. Zuleyma fue víctima de tortura y violencia; fue rapada para engarle su identidad, y obligada a desnudarse enfrente de custodios y personal del penal. En su celda no contaba con abrigo suficiente ni de alimentación adecuada.

El 28 de diciembre de 2023, el director del CEVARESO la visitó, diciéndole que estaba ahí por “revoltosa” y que no tenía derechos humanos, pues Zuleyma se manifestó en contra de la tortura, la violencia y la negligencia contras sus afecciones, pero sólo recibió una amenaza. Si iniciaba alguna queja, “la iba a volar”.

Zuleyma permaneció dieciséis días en el Módulo de Alta Seguridad “Diamante” hasta que fue trasladada a la Penitenciaría de la Ciudad de México, ya que un análisis de riesgo  de la CDHCM determinó que las agresiones físicas y los maltratos infligidos le causaron dolor físico y daño emocional. 

¿Qué es la Recomendación 05/2025?

El caso de Zuleyma es una muestra de la violencia sistemática ejercida contra las mujeres trans en el sistema penitenciario. Otra mujer, víctima directa de toritura y violencia penitenciaria cuyo nombre está protegido, sufrió tratos similares: se le negó su identidad como una mujer trans, fue víctima de violencia física, humillación, desnudo y corte de cabello, un rasgo fundamental para la identidad de ambas, y permanecía esposada durante las noches. 

La Recomendación 05/2025 de la CDHCM estableció un Plan de Reparación Integral para resarcir las violaciones a sus derechos humanos. El plan pedía, además de seguimiento adecuado para la reparación satisfactoria de cada una de las víctimas, que se incorporaran al Registro de Víctimas de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 180 días desde la aprobación de la recomendación, así como la implementación de un registro de la población LGBTQ+ privada de libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México y un seguimiento de ingreso penal. 

La recomendación fue negada y hoy las voces de las mujeres trans privadas de su libertad llaman a que el Estado asuma su responsabilidad, garantice condiciones dignas y ponga fin a las prácticas de tortura y discriminación que continúan operando sin impunidad.