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En la Ciudad de México, el principal riesgo para las trabajadoras sexuales no viene de la clandestinidad ni del crimen organizado: vine del Estado. El 73% de las violencias que enfrentan son ejercidas por servidores públicos, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. De 30 indicadores de violencia analizados, 22 son directamente atribuible a instituciones gubernamentales.
“Estamos hablando de violencia institucional sistemática”, dice Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera, en entrevista para La Cadera de Eva.
Principales agresores
De acuerdo con la activista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, encabeza la lista de agresores. Policías extorsionan a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, ejercen violencia económica, verbal y operan con total impunidad.
Los datos lo confirman: la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) confirma que el 78.7% de las personas que ejercen el trabajo sexual sufrieron violencia o discriminación por parte de policías.
Pero, la violencia también se ejerce desde los escritorios. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) se ha negado a entregar credenciales de trabajadoras no asalariadas, pese a que existe una sentencia firme el Amparo 112/2013 que reconoce el trabajo sexual como trabajo no asalariado.
Al respecto, Elvira Madrid Romero señala que la negativa institucional no solo desconoce una resolución judicial: expone a las trabajadoras a mayor persecución, extorsión y violencia, al dejarlas sin documentos que acrediten su actividad.
“La postura abolicionista de la secretaria (Inés González Nicolás) no debería importar, se ganó un amparo. No estamos pidiendo limosna” (Elvira Madrid Romero, presidenta Brigada Callejera)
Además, cuando las trabajadoras sexuales intentan denunciar agresiones, ya sea de clientes o de la delincuencia organizada, se topan con otro muro: las fiscalías. Las denuncias no se levantan, no se clasifican como violencia o se intenta encuadrarlas como trata, bloqueando cualquier acceso a la justicia. “Hay odio hacia las compañeras”, denuncia la activista.
Foto: Cuartoscuro
La violencia del olvido: morir por enfermedades curables
La violencia también se extiende al sistema de salud. Según Copred el 28.3% de las trabajadoras sexuales ha sufrido discriminación por parte del personal de salud. Elvira Madrid Romero menciona que muchas no son aceptadas en hospitales de tercer nivel, carecen de acceso a estudios médicos básicos y terminan pagados laboratorios privados o muriendo sin atención.
La activista denuncia que la violencia institucional mata. En el último año Brigada Callejera documentó la muerte de varias trabajadoras sexuales por enfermedades curables como diabetes o problemas respiratorios.
Rocío Valdivia y María Ramírez murieron sin recibir atención médica oportuna. Karla, que fue atropellada, no fue atendida por ninguna ambulancia ni trasladada a un hospital. Casos que evidencian lo que la organización llama “la violencia del olvido institucional”: cuando el Estado decide que ciertas vidas no importan.
A esta violencia se suma una crisis sanitaria. Elvira Madrid Romero califica como “irresponsabilidad institucional” el recorte al presupuesto para prevención del VIH y el desabasto de retrovirales. Tan solo en lo que va de 2025, Brigada Callejera ha aplicado 10 mil 500 pruebas de VIH, de las cuales 105 resultaron positivas, además de 300 casos de sífilis.
“No basta con detectar, hay que darles seguimiento para que las personas lleguen a ser indetectables e intransmisibles, lo más pronto posible” (Elvira Madrid Romero, presidenta Brigada Callejera)
Demandas urgentes
La Brigada Callejera enfatiza que la penalización del trabajo sexual no termina con la violencia, sino que la agudiza, facilitando detenciones arbitrarias, extorsiones y vigilancia institucional.
La organización exige:
1. Respeto pleno al amparo 112/2013, que reconoce el trabajo sexual como trabajo no asalariado.
2. Garantía inmediata del derecho a la salud, libre de discriminación.
3. Fin a la violencia institucional que niega trámites, apoyos y protecciones.
Pese a que el gobierno cataloga a este grupo como "vulnerable o prioritario", Elvira Madrid Romero concluye que "no se ve en la práctica que no hay ningún tipo de apoyo hacia la población".
