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El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una norma que establece la obligación de las instituciones del Sistema Estatal de Salud de practicar, de manera gratuita y sin requerir autorización judicial, la interrupción del embarazo cuando este sea consecuencia de una violación sexual.
La sesión, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, concluyó con 31 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García.
La legislación indica que la atención deberá realizarse bajo los principios de dignidad humana, interés superior de la niñez y perspectiva de género. Asimismo, establece que el personal de salud deberá notificar el caso a las autoridades competentes para la investigación de los hechos. La norma parte de un reconocimiento explícito: el embarazo infantil no es interpretado como una elección, sino como el resultado de una agresión sexual que vulnera derechos fundamentales.
Un derecho ya existente, pero poco cumplido
Aunque el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación ya está previsto desde 2009 en la NOM-046-SSA2-2005, su aplicación en Chiapas ha sido irregular. Esta norma establece que toda mujer o persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a un aborto seguro en cualquier institución de salud pública cuando el embarazo sea producto de una violación, sin necesidad de presentar denuncia ni autorización judicial.
El personal médico debe atender la solicitud con base en la declaración bajo protesta de decir verdad de la víctima, y los servicios de salud están obligados a garantizar la confidencialidad y la atención inmediata.
Sin embargo, en Chiapas (como en otros estados) distintas organizacione han documentado negativas en hospitales, demoras injustificadas y exigencias de autorizaciones judiciales o de los padres, trámites no contemplados por la norma.
También se han señalado falta de capacitación del personal, ausencia de protocolos uniformes y resistencias institucionales, lo que ha convertido un derecho vigente en un servicio de difícil acceso, sobre todo para niñas y adolescentes de comunidades rurales e indígenas.
Niñas no madres
En Chiapas, más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año, de acuerdo con datos citados durante el proceso legislativo.
A ello se suma una alta incidencia de embarazo adolescente. Según un análisis de Ipas Latinoamérica y el Caribe, basado en los registros más recientes de salud sexual y reproductiva en México, en 2024 el 20.9% de los nacimientos en el estado correspondió a jóvenes de entre 15 y 19 años.
En la Ciudad de México, donde el acceso a servicios de salud y educación sexual es más amplio, el porcentaje fue 10.8% en el mismo periodo. La comparación señala una brecha que no es solo sanitaria, sino también económica y territorial.
