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En 2024, una de cada cinco personas que dieron a luz en Chiapas era adolescente. El dato es alarmante: el 20.9% de los nacimientos en ese estado correspondió a jóvenes de entre 15 y 19 años.
En contraste, en la Ciudad de México —la entidad con mayor acceso a servicios de salud y educación sexual— el porcentaje fue casi la mitad: 10.8 %, de acuerdo con un análisis de Ipas Latinoamérica y el Caribe, el cual se basa en los datos más recientes sobre salud sexual y reproductiva en México.
“Queremos que los datos hablen con claridad sobre lo que aún falta por hacer en cada territorio”, explica Biani Saavedra Avendaño, coordinadora de Investigación de Ipas LAC.
Para la organización, esta diferencia resume una realidad estructural: donde hay más pobreza, hay menos derechos. La brecha en salud sexual y reproductiva entre las mujeres mexicanas no solo refleja desigualdad económica, sino también desigualdad en información, atención médica y autonomía sobre el propio cuerpo.
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Datos para cambiar la realidad
Con la intención de transformar la información en una herramienta para la exigencia ciudadana, Ipas LAC lanzó una plataforma de datos abiertos que reúne y sistematiza información pública sobre salud sexual y reproductiva en los 32 estados del país.
Disponible en línea (https://datos-abiertos-ipas.shinyapps.io/salud_reproductiva/ ), la herramienta permite consultar indicadores clave por año, entidad y grupo de edad, visibilizando las desigualdades en temas como fecundidad, uso de anticonceptivos, aborto, mortalidad materna y violencia de género.
El sitio está diseñado para periodistas, activistas, organizaciones civiles, investigadoras y estudiantes, y busca convertir los datos en acción social, impulsando políticas públicas basadas en evidencia.
Derecho a decidir: cuando la calidad de la atención también depende del código postal
Más allá de la fecundidad, la plataforma muestra otra grieta profunda: la desigualdad en la calidad de los servicios médicos.
En 2024, Hidalgo registró que el 68.2 % de los abortos realizados en hospitales públicos se efectuaron con métodos seguros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Aguascalientes, en cambio, solo el 12.9 % de los procedimientos cumplieron ese estándar.
La comparación revela que, dependiendo del estado, el derecho a interrumpir un embarazo puede ejercerse con acompañamiento médico digno o con riesgo y estigma. No es una cuestión médica, sino estructural.
La plataforma también documenta otra forma de violencia: el embarazo infantil y la brecha de edad entre las niñas y los hombres registrados como padres.
En la Ciudad de México, en 2023, el 16% de los hombres responsables de embarazar a menores de 15 años eran adultos mayores de 19. En el Estado de México, esa cifra subió a 20.1%.
Detrás de esos porcentajes hay una realidad que los datos ayudan a visibilizar: la violencia estructural sigue marcando los cuerpos de las niñas, muchas veces sin acceso a justicia ni reparación.
