La reciente aprobación de la llamada Ley Espía en México ha encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos, activistas y periodistas.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, aún pendiente de revisión en el Senado, permitiría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la facultad de consultar y acceder a datos personales, bases biométricas y comunicaciones privadas sin orden judicial, bajo el argumento de preservar la seguridad nacional.
Ante la crítica de su aprobación, este 1 de junio la presidenta Claudia sheinbaum señaló que el Estado no podrá acceder a la privacidad de la ciudadanía arbitrariamente: "¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido".
¿Qué es la Ley Espía en México?
La “Ley Espía”, junto con otras reformas como la CURP biométrica y la Ley General de Registros de Población, forman parte de un paquete aprobado que permite que órganos y agencias del Estado puedan acceder a datos como información biométrica, médica, fiscal, bancaria, telefónica, vehicular, huellas dactilares o la CURP biométrica.
La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública con 324 votos a favor ha desatado un intenso debate sobre su alcance.
Organizaciones como R3D, Artículo 19 y el Centro Prodh han advertido que estas normas vulneran los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y abren la puerta a la vigilancia indiscriminada de cualquier persona considerada "sospechosa" por el Estado.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad es una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, señaló R3D en su más reciente comunicado.
México no está solo en este giro de autoritarismo legal. En toda América Latina han comenzado a proliferar leyes similares que, bajo la bandera del orden y la seguridad, están habilitando formas de vigilancia masiva sin controles claros.
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Un patrón que se repite en América Latina
La Ley Espía en México no es un caso aislado. En al menos cinco países de América Latina se están aprobando o reforzando leyes que amplían las capacidades de vigilancia del Estado sin las garantías de respeto a los Derechos Humanos.
Ecuador: Inteligencia sin supervisión
En junio de 2025, el presidente Daniel Noboa promulgó una nueva Ley Orgánica de Inteligencia que permite la recolección de datos personales, vigilancia digital e interceptación de comunicaciones sin control judicial ni parlamentario. La norma fue aprobada con escaso debate público y ha sido criticada por organizaciones como Fundamedios por abrir la puerta al espionaje masivo de opositores.
Argentina: Espiar por decreto
El presidente Javier Milei autorizó mediante decreto que la Policía Federal pueda espiar y detener a personas durante hasta 10 horas sin orden judicial. La medida fue presentada como una herramienta contra el crimen organizado, pero rápidamente fue señalada por organizaciones como el CELS como inconstitucional y potencialmente usada contra manifestaciones y protestas.
El Salvador: Silencio digital
El gobierno de Nayib Bukele ha impulsado reformas a la ley de ciberseguridad y protección de datos que criminalizan publicaciones críticas, permiten la remoción de contenidos y otorgan amplios poderes de vigilancia a las fuerzas de seguridad. Además, se ha documentado el uso del software espía Pegasus contra periodistas del medio El Faro.
Venezuela: Espionaje estructural
Aunque más antigua, la estructura de vigilancia en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro es emblemática: el SEBIN y otros cuerpos de seguridad monitorean redes sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos. El Estado ha impulsado leyes que limitan la actividad de organizaciones no gubernamentales y criminalizan la disidencia.
¿A quién afectan estas leyes?
De acuerdo a informes de Naciones Unidas, las leyes de vigilancia estatal ponen en riesgo a quienes denuncian abusos, corrupción o violencia institucional. La falta de garantías mínimas permite que se espíe a defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y colectivos feministas bajo pretextos de "seguridad nacional".
En México, la experiencia del uso de Pegasus contra periodistas, activistas y familiares de desaparecidos ha dejado claro que la vigilancia digital no es una amenaza abstracta: es una práctica activa que puede tener consecuencias devastadoras. Contrario a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que desvinculan al actual gobierno federal de realizar actividades de vigilancia, un reciente informe de Reuters confirmó que durante el gobierno de López Obrador, entre abril y mayo de 2019, se espiaron 456 números.
Estas leyes también obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, exigiendo registros, reportes financieros y permitiendo la intervención del Estado en sus actividades. En países como Venezuela, esto ha significado la clausura de ONGs, la detención de activistas y la criminalización del activismo.
¿Qué hay detrás del auge de estas leyes?
El crecimiento de este tipo de legislaciones no ocurre en un vacío. Está directamente relacionado con el auge global de la extrema derecha, el desgaste de las democracias y el cansancio ciudadano ante la inseguridad, la pobreza o la corrupción.
Un estudio de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia revela un creciente desencanto ciudadano con la democracia, con tendencia a preferir líderes “fuertes” capaces de resolver problemas como inseguridad, exclusión o corrupción frente a la ineficacia institucional, sin embargo, destacan que esta “mano dura” no solo busca reducir la delincuencia, sino que termina quebrando el Estado de derecho y reforzando los regímenes autoritarios, al concentrar poder y erosionar derechos fundamentales.
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¿Cómo te puede afectar?
Estas leyes no solo afectan a personas vinculadas a “criminales”, sino que tienen consecuencias directas sobre quienes ejercen su ciudadanía en espacios públicos y políticos: las que protestan, denuncian abusos, defienden causas o escriben desde la disidencia.
Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que la vigilancia masiva, una vez normalizada, puede volverse irreversible y representa una amenaza grave al derecho a la intimidad, a la protesta y a la libertad de expresión. En México, más de un centenar de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la creación de bases de datos biométricos vinculadas a la CURP, como parte del nuevo paquete de reformas de seguridad, convierte herramientas legítimas en mecanismos de vigilancia masiva con posibles fines de control político.
Asimismo, estas normativas han restringido de manera creciente el margen de acción de los movimientos feministas, antirracistas, ambientalistas y de defensa del territorio, históricamente infiltrados. De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diversos países de América Latina se han promovido reformas y prácticas que criminalizan la protesta social, obstaculizan la labor de defensa de derechos y favorecen la represión institucional.
¿Qué podemos hacer?
Exigir transparencia: que el Estado informe qué herramientas de vigilancia usa, con qué presupuesto y bajo qué reglas.
Presionar por controles judiciales: ninguna intervención en la privacidad debe hacerse sin orden judicial, sin excepción.
Fortalecer redes de protección: entre medios, activistas, organizaciones y defensoras de derechos.
Denunciar internacionalmente: visibilizar los retrocesos ante organismos de derechos humanos.
Cuidarnos colectivamente: aprender prácticas de seguridad digital y autocuidado comunitario.
La Ley Espía en México es parte de una ola de legislación autoritaria que recorre América Latina. Bajo discursos de seguridad y modernización, se están aprobando leyes que debilitan las libertades y derechos.
