El acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género en nuestro país es un camino lleno de trabas y en demasiados casos, de revictimización e impunidad.
La reciente detención injusta de Mafer Turrent, quien denunció a su expareja por violencia familiar y vicaria, ha puesto de manifiesto la preocupante tendencia de criminalizar a las víctimas en lugar de protegerlas. Sin embargo, este no es un caso aislado, sino parte de un problema estructural que afecta a miles de mujeres en el país.
Esta semana hablamos con Jennifer Seifert Braun, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quien nos dijo que el 88% de las mujeres que forman parte de la organización han sido denunciadas penalmente por sus agresores, muchas veces con acusaciones falsas. De ellas, al menos 24 están en prisión, la mayoría en la Ciudad de México.
La violencia vicaria, que busca castigar y dañar a las mujeres a través de sus hijos, no solo es una forma de violencia contra las mujeres, sino también una grave violación a los derechos de la infancia. La falta de datos oficiales sobre este fenómeno no hace más que invisibilizar la situación y dificultar el acceso a la justicia para las víctimas.
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Y mientras las víctimas enfrentan un sistema que las criminaliza, grupos de choque, autoidentificados como antifeministas, como el "Colectivo No Más Presos Inocentes" han impulsado campañas de difamación contra sobrevivientes y colectivos de defensa de víctimas de violencia machista. Detrás de un discurso supuestamente antipunitivista, estas agrupaciones buscan desacreditar denuncias de violencia de género y deslegitimar a las víctimas y defensoras, así como al movimiento feminista en el país.
Ayer reportamos los ataques en contra de la fiscal Sayuri Herrera, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien ha sido objeto de una campaña sucia a través de diversos portales digitales. Estos ataques son un reflejo de los discursos y movimientos que buscan frenar los avances en justicia de género y garantizar la impunidad de los agresores, como nos advirtió esta semana María Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
A pesar de la narrativa que intentan impulsar estos grupos de choque, la impunidad para los agresores sigue siendo la norma en los casos de violencia de género. La saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio con ácido, denunció recientemente que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ha favorecido la presunta liberación de su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal.
Y es que la saxofonista acusó desde el pasado 23 de enero que ingresó al hospital privado Santa Anita, donde supuestamente estaba internado Vera Carrizal, pero no lo encontró, por lo que ha acusado que las autoridades están protegiéndolo.
Su caso es solo uno de tantos en los que la justicia protege a los perpetradores en lugar de garantizar seguridad y reparación a las víctimas.
En este contexto de violencia y revictimización, incluso los casos que son resultados, fallan en poner en el centro la reparación para las víctimas. La reciente condena de 17 años y medio de prisión contra el influencer Rodolfo "Fofo" Márquez por tentativa de feminicidio es un precedente importante en cuanto a acceso expedito a la justicia, sin embargo, la sentencia minimiza el proceso de reparación y reconocimiento para las víctimas de feminicidio en grado de tentativa.
Es urgente que el Estado garantice el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de violencia de género. Esto implica no solo evitar la criminalización y revictimización de quienes denuncian, sino también sancionar a los agresores de forma justa, proporcional y restaurativa, proteger a las sobrevivientes y fortalecer los mecanismos de prevención.
Mientras el sistema siga fallando a las víctimas, la violencia continuará siendo una realidad cotidiana para miles de mujeres en México.