La injusta encarcelación de Mafer Turrent, quien denunció a su expareja por violencia familiar y vicaria, ha sacado a la luz las graves fallas en el sistema de justicia en casos de violencia de género en la Ciudad de México.
Este caso, que llevó a la destitución del fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera Sánchez, ha generado un gran revuelo y ha puesto en el centro de atención la labor de la fiscal Sayuri Herrera, como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), han documentado que la fiscal Sayuri Herrera ha sido objeto de acusaciones y ataques que buscan demeritar su labor como defensora de los derechos humanos para lograr destituirla de su cargo. Estas narrativas han sido replicadas en algunos portales digitales de información.
En una entrevista con La Cadera de Eva, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que las acusaciones contra la fiscal son infundadas y parte de una campaña política en su contra debido a su trabajo como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género, donde se ha enfrentado a la corrupción y resistencias dentro de otras fiscalías que tiene a su cargo, como la Fiscalía de Violencia Familiar o la Fiscalía de Delitos Sexuales.
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¿De qué acusan a Sayuri Herrera?
Sayuri Herrera es una abogada feminista mexicana que fue nombrada como la primera Fiscal Especializada en Feminicidios en la capital el 8 de marzo de 2020. Su trayectoria ha sido clave en la reconfiguración de la FGJCDMX, supervisando unidades como la de violencia familiar y delitos sexuales.
A lo largo de su carrera ha luchado por la justicia en casos como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fue asesinada en 2017 por su exnovio Jorge Luis “N”, en el campus de Ciudad Universitaria. Sayuri Herrera logró que el caso fuera reclasificado como feminicidio. También ha acompañado a jóvenes universitarias que denuncian acoso, así como a Aida Mulato, abusada sexualmente en 2017 y revictimizada por las autoridades capitalinas.
Sin embargo, la campaña en contra de Sayuri Herrera busca vincularla con una supuesta red de extorsión, presuntamente liderada por Ana Katiria Suárez, abogada penalista y defensora de víctimas de violencia de género, quien ha denunciado amenazas en su contra.
Asimismo, Herrera enfrenta una denuncia por el delito de prevaricación - el cual se refiere a que funcionario público dicta una resolución injusta a sabiendas-, la cual fue interpuesta por Olivia Rubio, abogada de Guillermo Sesma, expareja de una de las mujeres representadas por Ana Katiria Suárez, y quien ha sido acusado de cometer abuso sexual, violencia física y violencia vicaria, como se ha documentado públicamente.
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El pasado 14 de enero, una manifestación del "Colectivo No más Presos Inocentes" bloqueó el edificio donde trabaja la fiscal Sayuri Herrera para denunciarla por corrupción. De acuerdo con reportes de Blanche Petrich en el diario La Jornada, entre los manifestantes se encontraban familiares de Gabriel Galván, feminicida de Marychuy Jaimes; Diego “N”, acusado de generar pornografía infantil con inteligencia artificial y Alejandro “N”, agresor de Natalia Lane, una mujer trans que sobrevivió a un intento de feminicidio.
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¿Qué sabemos del "Colectivo No más Presos Inocentes”?
El "Colectivo No más Presos Inocentes" es un grupo que ha llamado la atención en las redes sociales y en la agenda pública por su discurso supuestamente antipunitivista y su oposición a las protestas de mujeres cis y trans víctimas y sobrevivientes de violencia de género.
Sin embargo, detrás de su retórica, se esconde una realidad más compleja y preocupante. Quien se presenta como líder del colectivo, Karina Escandón Camargo, utiliza las redes sociales para movilizar a sus seguidores en contra de las mujeres que denuncian violencia de género.
"Este colectivo vende un discurso antipunitivista, pero cuando se mira quién está detrás y se entra a sus redes sociales, se ve que es para proteger a los poderosos, a los machistas violentos y para atacar el feminismo", dijo a la Agencia Presentes Eme Flores, integrante de la Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género, quien realizó una investigación sobre el colectivo.
La investigación de Eme Flores revela que el colectivo fue creado en 2023 por Karina Escandón Camargo, quien buscaba sacar de la cárcel a su hermano, Jorge Edgar Calixto Camargo, un excomandante de policía acusado de tentativa de feminicidio.
"El rostro de estos grupos que luego se juntaron como 'colectivo nacional no más presos inocentes' son mujeres que piden liberar a un feminicida, y eso tiene más atractivo que poner a un hombre a exigir que liberen a un feminicida. Estos grupos encontraron que lo que más está funcionando para mover políticamente es específicamente el ángulo antifeminista” (Eme Flores. )
En 2024, el colectivo se hizo un espacio en la discusión y agenda pública por la marcha que encabezaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Palacio Nacional. Además de la Ciudad de México, la fortaleza del colectivo se encuentra en Morelos y Oaxaca.
Aunque el colectivo se presenta con un discurso que busca enfrentarse a la corrupción en las instancias procuradoras de justicia, su comportamiento y tácticas son preocupantes. En más de una ocasión, ha revictimizado y criminalizado a mujeres que han denunciado algún tipo de violencia, señalandolas de "fabricadoras de falsos culpables".
Un ejemplo de esto es su manifestación a las afueras del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, en defensa de Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de alterar con inteligencia artificial fotos de estudiantes con fines de explotación sexual. Durante la audiencia, integrantes del colectivo amedrentaron a las integrantes de la Asamblea de Justicia Digital del IPN.
María de la Luz Estrada destaca que la presencia de colectivos que defienden a agresores es una tendencia alarmante que se está extendiendo por todo el país. Otro ejemplo de esto es el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido en Oaxaca, y el de Fátima Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio en el Estado de México. En estos casos, se ha visto a estos colectivos movilizándose en contra de las víctimas y sus familias, lo que obstaculiza el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad.
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La coordinadora del OCNF destaca que estos colectivos suelen tener recursos económicos y conexiones políticas, lo que les permite operar con impunidad y que no solo se trata de las familias de los agresores, sino que también hay partidos políticos y empresarios involucrados.
Esta red de poder les permite movilizarse en diferentes espacios, incluyendo las redes sociales, los medios de comunicación y el congreso, donde buscan descalificar a las víctimas y a las defensoras de derechos humanos.
“Son gente que tiene recursos, muchos de ellos los mueven. Vemos que a veces hay partidos políticos, son empresarios, son gente que puede y se coordina para defender a los agresores” (María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF.)
Una de las estrategias clave de estos colectivos es la intimidación a las víctimas y a sus familias, es muy común que los agresores utilicen recursos legales como apelaciones y amparos para retrasar los procesos y seguir revictimizando a las mujeres.
También buscan desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y las funcionarias que luchan contra la corrupción y la impunidad, como es el caso de Sayuri, de acuerdo con el OCNF.
Estrada explica que estos grupos buscan generar un ambiente de miedo para que las mujeres no denuncien, por lo que existe el riesgo de que los avances en contra de la violencia de género se detengan si las autoridades no ofrecen protección a las víctimas y a quienes luchan por la justicia.
“Las mujeres van rompiendo y van atreviéndose a denunciar, arriesgan, pero debemos de tener autoridades que las protejan, que no se vendan” (María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF.)
La coordinadora del Observatorio hace un llamado a no bajar la guardia y a seguir luchando contra las estructuras de corrupción y las redes de poder que protegen a los agresores. También destaca la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo las denuncias por corrupción y sancionen a los responsables.
Además, considera fundamental que se garantice la protección a las funcionarias que están trabajando por la justicia y que se fortalezcan las fiscalías para que puedan cumplir con su labor de manera efectiva.
Para María de la Luz, la lucha por la justicia enfrenta ahora un nuevo desafío con la aparición de estos colectivos de agresores, por lo que se requiere un esfuerzo coordinado entre la sociedad civil y las autoridades para proteger a las víctimas y a quienes luchan por la justicia.
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