Tras una larga audiencia, Diego “N”, el exestudiante del IPN acusado de editar fotos de sus compañeras utilizando Inteligencia Artificial, fue absuelto del delito contra la intimidad sexual este miércoles.
“Hoy, el juez Francisco Salazar Silva decidió mirar hacia otro lado. Ignoró nuestras voces, nuestra verdad y nuestras pruebas. El sistema judicial ha fallado, no solo a nosotras, sino a todas las mujeres violentadas en el ámbito digital. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es complicidad; es la viva representación del pacto patriarcal”, expresaron las alumnas en un comunicado tras conocer el fallo.
La abogada Valeria Martínez, representante de las estudiantes, explicó que aunque el juez reconoció que el delito existió, absolvió a Diego “N” bajo el argumento de que "no hay elementos suficientes para probar su participación".
Martinez detalló que esto se debe a que, al tratarse de un delito cometido en la intimidad, muy pocas veces existen pruebas o testigos idóneos que puedan corroborarlo.
Esta situación se repite en muchos delitos sexuales, donde la falta de evidencia tangible se convierte en una barrera para la justicia. Ante el fallo del juez, la abogada anunció que apelarán este fallo. Además detalló que Diego "N" se mantendrá en prisión preventiva, pues todavía tiene abierta una carpeta de investigación por pornografía infantil.
¿De qué se le acusa a Diego "N"?
Diego “N” es señalado por editar imágenes de sus compañeras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás, alterándolas para hacerlas parecer desnudas, y comercializarlas posteriormente.
Previo a conocer el fallo, la abogada Valeria Martínez, representante de las estudiantes, expuso la importancia de este caso, dado que en América Latina no todos los países cuentan con legislación para combatir delitos contra la intimidad sexual en entornos digitales.
"Esta sentencia sería histórica porque no solo se trata de proteger a las víctimas, sino también de generar un precedente contra la violencia digital y el mal uso de la inteligencia artificial", comentó en entrevista con La Cadera de Eva.
Martínez solicitó inicialmente una condena de 12 años de prisión por cada víctima, de las cuales, hasta ahora, hay dos en esta primera fase del juicio. Sin embargo, la abogada reveló que existen otras seis carpetas de investigación abiertas, involucrando a un total de ocho víctimas.
La próxima audiencia de vinculación por uno de estos casos está programada para el 9 de diciembre en los juzgados de Doctor Laveaga.
Martínez también hizo un llamado a otras víctimas de violencia digital para que denuncien:
"Las denuncias permiten evidenciar la magnitud de estos delitos y generar políticas públicas que los enfrenten. Si las víctimas no alzan la voz, se asume que el problema no existe y que las leyes son suficientes, lo cual no es cierto".
La gravedad de la violencia digital
Este caso inicio en octubre de 2023, cuando ocho alumnas de la ESCA denunciaron que Diego “N” poseía alrededor de 20 mil imágenes alteradas de estudiantes del IPN.
Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) descubrieron que la realidad era aún más grave: en la tableta del acusado se encontraron 166 mil fotografías alteradas, 20 mil videos y compilaciones de imágenes reales y modificadas, de las cuales al menos el 40% correspondían a alumnas del Politécnico, con edades entre los 17 y 25 años.
Además, en marzo de 2024, la Fiscalía capitalina le imputó a Diego "N" el delito de trata de personas por almacenar material fotográfico de menores de edad en actos sexuales explícitos.
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Inteligencia Artificial (IA) ¿al servicio del patriarcado?
Las estudiantes se movilizaron en la ESCA para exigir la expulsión definitiva de Diego “N”, lo que se concretó poco después. Este caso ha llevado a reflexionar sobre la magnitud de la violencia digital en México, donde el 89.9% de las víctimas son mujeres, y el 43% son universitarias, según datos de la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia que castiga la violencia digital en México.
Este juicio no solo busca justicia para las afectadas, sino también establecer un precedente que impulse reformas y acciones contra la violencia digital en México y América Latina.