En México, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) nacieron como una respuesta extraordinaria para frenar la ola de feminicidios que azota al país. Desde su creación en 2008, estas alertas se concibieron como un llamado urgente para activar medidas de protección en territorios donde la violencia feminicida y la impunidad eran insostenibles.
Sin embargo, 15 años después, la realidad muestra un panorama sombrío: en 13 de los estados donde se han decretado estas alertas, la violencia contra las mujeres no ha disminuido; por el contrario, ha aumentado.
Uno de los ejemplos más alarmantes es el de Colima, donde la AVGM se decretó en 2017, cuando la tasa de feminicidios era de 1.09 por cada 100 mil habitantes. Seis años después, esta cifra se disparó a 5.25, un incremento del 382%, de acuerdo con el análisis hecho por La Cadera de Eva, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Un caso similar ocurre en Morelos, donde la alerta se activó en 2015. En ese momento, la tasa de feminicidios era de 1.5 por cada 100 mil habitantes; para 2023, ascendió a 4.30, lo que representa un incremento del 186%.
Estas entidades no solo destacan por los incrementos, sino porque lideran las tasas de feminicidios a nivel nacional, superando incluso a estados con una población más grande y recursos más abundantes.
A nivel nacional, aunque el promedio de feminicidios en 2023 se situó en una tasa de 1.28 por cada 100 mil mujeres, los homicidios dolosos contra mujeres alcanzaron una tasa de 3.87, demostrando que la violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas maneras y que las AVGM no han sido suficientes para contenerla.
¿Qué son las AVGM y cómo funcionan?
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), una AVGM debe emitirse cuando se identifica un incremento persistente de violencia feminicida, omisiones por parte de las autoridades en la atención del problema o un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Las alertas son activadas a solicitud de organismos de derechos humanos, colectivos o la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Actualmente, existen 25 Alertas de Género activas en 24 entidades del país, que abarcan 643 municipios. Las AVGM emiten recomendaciones específicas a los gobiernos locales para implementar medidas urgentes, como:
- Fortalecer refugios para mujeres víctimas de violencia.
- Capacitar a funcionarios públicos en perspectiva de género.
- Sensibilizar comunidades sobre violencia de género.
- Revisar leyes locales para garantizar justicia.
Sin embargo, los avances son mínimos: solo el 9% de las medidas recomendadas se han cumplido, mientras que el 86% están en proceso de implementación o parcialmente cumplidas, según datos oficiales.
El gobierno federal, a través de subsidios, ha sido el principal motor financiero de las AVGM. Sin embargo, la falta de inversión local ha demostrado ser uno de los mayores obstáculos para su éxito. La violencia de género requiere un enfoque integral y sostenido que no puede depender únicamente de recursos federales.
Aunque el reglamento de las AVGM fue reformado en 2022 para agilizar los procesos y garantizar su efectividad, estos cambios no han resuelto problemas estructurales como la falta de indicadores cualitativos y la limitada rendición de cuentas.
La falta de resultados en la implementación de las AVGM tiene consecuencias devastadoras. Cada feminicidio, cada mujer desaparecida, cada acto de violencia sexual o doméstica representa un fracaso del Estado mexicano en su responsabilidad de proteger a las mujeres.
Además del impacto humano, la violencia de género tiene un costo económico considerable. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia contra las mujeres genera pérdidas millonarias anuales en atención médica, pérdida de productividad y gastos relacionados con procesos judiciales.
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Fallas estructurales y burocracia: el fracaso de las AVGM
El diseño de las alertas, aunque bien intencionado, ha enfrentado obstáculos importantes. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, el subejercicio de los recursos asignados y la implementación burocrática de las medidas son algunos de los factores que limitan su efectividad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que muchos programas carecen de claridad sobre a quiénes están dirigidos y muestran poca transparencia en el manejo de los recursos. Además, los gobiernos estatales no han asumido la responsabilidad de destinar presupuesto propio para combatir la violencia de género de forma integral, dejando la carga casi exclusivamente al gobierno federal.
¿Un cambio a la vista?
La presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció este pasado 25 de noviembre que es urgente evaluar y rediseñar las AVGM. "Necesitamos revisar las alertas, porque a veces se vuelven un tema más burocrático que de fondo. Son medidas y medidas, pero no necesariamente llevan a una disminución de las violencias", afirmó.
La violencia feminicida sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano. Mientras las mujeres sigan siendo asesinadas y las medidas implementadas permanezcan atadas a trámites burocráticos, la promesa de justicia y seguridad seguirá siendo un espejismo. Las AVGM deben ser más que un simple protocolo: necesitan transformarse en acciones efectivas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres en México.