Desde hace 15 años México creó las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) con el objetivo de detener los altos números de violencia feminicida. Se trata de una política pública de alta emergencia donde participan los tres niveles del Estado y extienden recursos económicos a las entidades como medida para resolver las situaciones de extrema violencia de género que azotan al país, pero, ¿estamos hablando de un fallo institucional?
Miranda Carballo sostiene en su investigación “Las Alertas de Género y la violencia contra las mujeres: fallas institucionales diagnósticos equivocados”, que estas medidas se han visto superadas y se han convertido en una política pública obsoleta e insuficiente para disminuir el fenómeno feminicida.
Para entender mejor cómo funciona esta política pública, desglosamos algunos puntos claves sobre esta medida de prevención, su historia y cómo ha sido el transitar durante las acciones de austeridad del gobierno en turno.
¿Qué son las alertas de género?
En 2007 se publicaron las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y un año después, en 2008 fueron aprobadas sustancialmente. Su objetivo principal es cesar la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescencias a través de acciones como mejorar las legislaciones y las políticas públicas, además de ofrecer seguridad, acompañamiento, protección a víctimas directas de violencia feminicida (familiares), demanda a toda autoridad a hacer investigaciones con principios de universalidad, perspectiva de género y “buena fe”; además de comprometer a todas las instancias de la entidad a atender y prevenir el delito de homicidio en razón de género.
“Conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. (Artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)
¿Cuándo iniciaron las alertas de género?
Lo primero que debes saber es que, a pesar de que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres se crearon desde hace 15 años, en 2008, su implementación se dio hasta el 31 de julio del 2015, cuando el Estado de México se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en obtener este subsidio en sus municipios. Esta entidad tiene registro de 857 feminicidios en los últimos 8 años, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Con el propósito de proteger de manera amplia el derecho a la vida, libertad, seguridad y la integridad personal de mujeres, adolescentes y niñas, las autoridades implementarán todas las acciones necesarias para su búsqueda inmediata y localización, dando cumplimiento a todos los principios que garantizan la debida diligencia. Para cubrir los requerimientos y alcances de la Alerta, las dependencias del Estado y los municipios considerados en ella harán uso de los recursos humanos y materiales disponibles, a fin que de manera inmediata, estén en posibilidad de brindar el apoyo a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de delito” (Gobierno del Estado de México).
Si bien esta política pública está focalizada en su totalidad para atender la violencia feminicida, la realidad es que alrededor de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres existe un serio problema: fallos en su diseño, falta de transparencia y desconocimiento de lo que ocurre con el recurso destinado.
¿Cuántas Alertas de Violencia de Género se han encendido hasta la fecha?
Otro de los puntos medulares es entender que estas declaratorias se han emitido a lo largo de 643 municipios del país, en un total de 22 estados. Asimismo, se han enviado medidas recomendadas a todos los gobiernos con alerta de género para que puedan implementarlas, hacer uso del subsidio (recurso económico federal) correctamente y comenzar a trabajar de manera conjunta para prevenir los homicidios en razón de género.
Como se mencionó anteriormente, la primera entidad en levantar la alerta fue el Estado de México en once de sus municipios, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla de Baz. Días después, se activaron en el estado de Morelos y, un año después (2016), le siguieron Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
En 2021 se activó la última alerta de violencia de género en nuestro país. Baja California, hasta el momento, la última entidad con esta medida cautelar. Mientras que Michoacán ostenta el mayor número de alertas encendidas en 14 de sus municipios, entre los que destacan Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Pátzcuaro y Tacámbaro.
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El Gobierno Federal explica en su página oficial que entre las medidas expedidas a los gobiernos locales está la prevención, la reparación de daño a familiares, a sobrevivientes de violencia feminicida y el acompañamiento a mujeres que exijan medidas de seguridad. Además, se expone que el 86% de estas medidas han sido cumplidas en estas 22 entidades y sólo el 5% de los casos han sido incumplidos.
De resultados y contradicciones
En este panorama donde se asevera un marco de éxito alto, el Informe de Evaluación del Mecanismo del Instituto de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM) por explica que las alertas han quedado rápidamente enfrascadas y lo resumen en una analogía donde, se supone el escenario de un incendio, sin embargo, cuando se intenta pedir ayuda resulta que no existe ninguna estación de bomberos, ¿cómo apagar un incendio cuando no hay ningún respaldo?
Esta analogía que explica la CONAVIM e INMUJERES resume la manera en que, aunque las AVGM existen, las entidades federativas son carentes de políticas públicas de prevención, atención y sanción de violencia de género.
“En efecto, a pesar del carácter de orden público de la LGAMVLV (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) su aplicación en las entidades federativas ha sido lenta y fragmentada. Si bien muchas de éstas elaboraron leyes específicas de aplicación de la ley federal, pocas cuentan o contaban con políticas públicas coherentes en la materia”, sostienen el informe.
Presupuestos, recortes y austeridad
De 2017 a 2022 el presupuesto aprobado para las alertas de género ha fluctuado de manera alarmante según el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, en 2020 el presupuesto para esta política disminuyó un 47.6%. Esto quiere decir que se recibió la mitad de los recursos que habían sido aprobados. Ese mismo año el informe “Del discurso a los hechos” de la Red Nacional de Refugios detalló que sólo el 2% del presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se destinó a la violencia de género, incluyendo los Centros de Justicia para las Mujeres y las Alertas de Género.
Cerca del 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró que las alertas de género recibieron un 20% menos a la cifra original.
Poca transparencia
Ante los recortes presupuestarios, la investigadora Miranda Carballo denuncia que, aunque se realizaron solicitudes de información en distintas entidades para hacer una comparativa con los gastos reportados por el gobierno federal, se encontró una discrepancia importante que esboza la manera en que se desconoce con precisión qué ocurre con dichos recursos. Acá un ejemplo más concreto de lo que pasó en 2022:
- La PEF reportó que se debían gastar 144 millones de pesos para las alertas de género
- Hacienda refutó que se gastaron sólo 99 millones
- Las entidades indicaron un gasto de apenas 53.8 millones
Es decir, que existe una diferencia de 45 millones 200 mil pesos entre lo reportado por Hacienda y los gobiernos de las entidades; más de 45 millones de pesos que se desconoce en dónde fueron inyectados.
A 15 años de la creación de las Alertas de Género en nuestro país, la poca transparencia en los recursos, las malas administraciones y las dificultades jurídicas de cada entidad convierten a esta herramienta en algo que Miranda Carballo explica como una acción descoordinada que no logra abatir la impunidad en contra de las mujeres de nuestro país.
Asimismo, se identifican tres puntos medulares para concluir qué está pasando con las alertas de género:
- No existe una homogeneización de las facultades jurídicas en México, es decir, que existen entidades que, si bien tienen encendidas las alertas de género, las leyes no protegen, acompañan ni prevén la violencia de género.
- Existe una pobre identificación de la población objetivo; ¿a quién van dirigidos estos programas y a cuántos sectores poblacionales abarca?, ¿estas políticas también están relacionadas con infancias / adolescencias víctimas directas de violencia feminicida?
- El último punto -y quizás es el más complejo- es querer erradicar la violencia feminicida de manera focalizada / separada y no entendiéndola como un fenómeno sistémico que está presente en todas las estructuras a nivel federal.
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*Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/las-alertas-de-genero-y-la-violencia-contra-las-mujeres-fallas-institucionales-diagnosticos-equivocados/