La historia de María Fernanda Turrent ha puesto en el centro del debate público la violencia vicaria, una forma de violencia de género donde el agresor utiliza a las hijas e hijos como instrumento para dañar a la madre. Este caso, que gracias a la presión de colectivas y a la apertura de autoridades ya dio un paso a favor de la víctima, ejemplifica algunos patrones sistemáticos que enfrentan muchas mujeres cuando deciden denunciar situaciones de violencia familiar.
Turrent acusó ante las autoridades y a través de sus redes sociales ser víctima de violencia por parte de su exesposo y buscó medidas de protección para ella y sus hijos. Sin embargo, en un giro inesperado, fue ella quien terminó detenida el 22 de enero y separada de sus pequeños.
La madrugada de este martes 28 de enero fue liberada y no vinculada a proceso luego de que la jueza Griselda Guevara consideró el haberse llevado a sus hijos a Veracruz fue una medida necesaria para protegerlos de la violencia de su padre. La aplicación de perspectiva de género por parte de la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, merece un reconocimiento; ahora habremos de observar que se despliegue en todos los casos pendientes de madres en espera de justicia.
TE PODRÍA INTERESAR
Violencia vicaria: 88% de las víctimas enfrentan denuncias falsas
El caso destapó presuntas redes de influyentismo en el sistema judicial mexicano, llevó a la destitución del fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera Sánchez, y la propia secretaria de las Mujeres federal, Citlali Hernández, llamó a poner los ojos sobre este modus operandi de algunos padres con alto poder económico y/o político utilizado en contra de sus parejas o ex parejas.
En México, 29 estados ya reconocen la violencia vicaria en sus marcos legales y 22 la tipifican como delito en sus códigos penales. En la Ciudad de México, este tipo de violencia puede ser castigada con hasta seis años de prisión y la pérdida de derechos, incluyendo la patria potestad. Sin embargo, los datos son preocupantes: según la Encuesta Nacional sobre Violencia Vicaria 2022, el 81% de las víctimas han sido separadas de sus hijos y en el 71% de los casos existía violencia previa hacia las o los menores.
De acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Jalisco es el estado más peligroso en este sentido, pues encabeza la lista con 462 víctimas detectadas; a diciembre de 2024, tenían registro de 4 mil 802 casos de víctimas de violencia vicaria, 10 mil 085 infancias afectadas y tan solo 99 hijos e hijas que lograron reunirse con sus madres.
El caso Turrent ha servido como catalizador para visibilizar esta problemática: aunque los agresores buscan dañar a la madre, la violencia vicaria no solo las afecta a ellas, sino que tiene un impacto devastador en los hijos, perpetuando ciclos de violencia y estrés postraumático.
El caso de Mafer, quien ahora continuará su lucha fortalecida y en libertad, subraya la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de justicia y protección para prevenir que los recursos económicos y las influencias determinen el destino de las familias afectadas por violencia de género y para impedir que los casos sean juzgados sin perspectiva de género.
TE PODRÍA INTERESAR
Violencia digital: por una justicia más restaurativa
También nos mueve a voltear la mirada a todas aquellas madres que enfrentan esa batalla desde el anonimato, lejos de los reflectores mediáticos e inclusive sin siquiera saber de qué delito son víctimas. Por ellas y por todas, insistiremos cotidianamente.