En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, el espacio digital sigue siendo un entorno de riesgo para las mujeres, quienes enfrentan continuamente violencia digital, sin que existan caminos claros para acceder a la justicia en estos casos.
Aunque en nuestro país la creación de la Ley Olimpia representó un avance importante para nombrar y reconocer este tipo de violencia, quienes la sufren continúan encontrando un sistema que muchas veces las revictimiza, en lugar de protegerlas.
El caso reciente de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quienes denunciaron a Diego “N” por manipular sus fotos con Inteligencia Artificial y comercializarlas, puso en el foco los obstáculos que enfrentan quienes son víctimas de este tipo de delito para lograr sentencias que reconozcan la violencia que vivieron.
En este caso, la tecnología que utilizó Diego “N” para manipular sus imágenes no fue reconocida como una violación clara de la ley. El juez Francisco Salazar Silva determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que las imágenes fueron alteradas con Inteligencia Artificial, ya que no hubo un testigo que pudiera corroborar la responsabilidad del acusado.
Este caso puso en evidencia la magnitud de la violencia digital en un país como el nuestro donde el 89.9% de las víctimas son mujeres y el 43% son universitarias, según la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia.
Y es que a pesar de contar con leyes que criminalizan estas prácticas, las respuestas institucionales han sido insuficientes. Las jóvenes afectadas no solo han tenido que lidiar con la impotencia de ver sus imágenes manipuladas y explotadas en distintas páginas web, sino también con la indiferencia de las autoridades encargadas de garantizar justicia y reconocimiento de estas violencias.
La Ley Olimpia fue un paso importante al reconocer la violencia digital como un delito que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Sin embargo, su aplicación aún presenta limitaciones importantes. Abogadas expertas han señalado que el enfoque punitivo de la ley no aborda las causas profundas del problema y cuestionan si el derecho penal es la mejor solución.
Según el Informe "Justicia en Trámite: El Limbo de las Investigaciones sobre Violencia Digital en México" de la colectiva feminista Luchadoras, de las 652 carpetas de investigación abiertas entre 2017 y 2020 por delitos contra la intimidad sexual en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas, sólo 37, es decir, menos del 6%, terminaron con alguna resolución favorable para las víctimas, como ya nos decía la abogada Leslie Jiménez Urzua en esta columna.
Algunas de las expertas señalan que muchos de los actos que la Ley Olimpia pretende sancionar ya estaban contemplados en delitos como extorsión, amenazas, pornografía infantil y daño moral. Por eso es que sugieren que en lugar de crear nuevas figuras penales, se podría haber fortalecido la aplicación de estas leyes existentes.
Otro de los mayores obstáculos para las víctimas de violencia digital es la actitud de los Ministerios Públicos y las autoridades encargadas de investigar estos casos. Las denuncias muchas veces son desestimadas o mal manejadas debido a la falta de capacitación de las personas funcionarias en temas de tecnología y género.
Para enfrentar la violencia digital contra las mujeres, es necesario fortalecer la normativa existente, así como impulsar protocolos y formación para las autoridades, para que puedan manejar estos casos de manera efectiva y sin revictimizar a las denunciantes.
También deberían implementarse medidas preventivas, como programas educativos que fomenten el respeto y la privacidad, también en los entornos digitales, así como sistemas de monitoreo tecnológico que ayuden a identificar y detener estas prácticas antes de que causen daño.
Otras voces críticas señalan que se debe crear un enfoque integral de justicia restaurativa, que incluya sanciones proporcionales, que no solo castiguen, sino que reparen el daño causado. Multas económicas y programas de rehabilitación para los agresores podrían complementar el marco penal y promover una justicia más amplia.
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Mientras las alumnas del IPN y muchas otras mujeres en México luchan por obtener justicia, el sistema legal tiene la responsabilidad de adaptarse a los desafíos de la violencia digital. No basta con que tengamos leyes como la Ley Olimpia.
El verdadero cambio requerirá el compromiso de las autoridades, la sociedad y los medios para garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho, donde se reconozca que la violencia virtual también es real.