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Entre 2023 y diciembre de 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas. En ese mismo periodo, la Fiscalía General de la República (FGR) registró apenas 94. La brecha no es menor: en 2024 la FGR reconoció solo 18 fosas, cuatro veces menos que las 76 que había reportado en 2023, esta discrepancia fue documentada en la más reciente actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, presentada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
El informe advierte un retroceso en transparencia: la FGR eliminó de sus reportes públicos el desglose de restos y cuerpos localizados, información que antes sí estaba disponible.
La distancia entre cifras no solo es técnica, es política. Mientras las autoridades federales reconocen una fracción de los hallazgos, el monitoreo hemerográfico de la Plataforma Ciudadana de Fosas documentó al menos mil seis reportes de fosas en prensa durante el mismo periodo. Sonora (174), Guanajuato (91) y Jalisco (83) encabezan la lista.
En contraste, fiscalías como las de Ciudad de México, Querétaro y Yucatán aseguran que en sus territorios no existen fosas clandestinas, a pesar de que medios de comunicación han documentado hallazgos. En otros casos, las autoridades negaron información o se declararon incompetentes para entregarla.
El patrón que se repite
En Guanajuato, la Plataforma por la Paz y la Justicia ha documentado 660 fosas en 349 sitios entre 2009 y 2024. Sin embargo, la Fiscalía estatal reconoce apenas 44 sitios. La diferencia no es menor: implica centenares de lugares que para las familias existen, pero para la autoridad no.
Además, organizaciones han denunciado una práctica sistemática de destrucción de cuerpos —con ácido, fuego o cemento— para borrar evidencias y dificultar su identificación. La desaparición no termina con la muerte: continúa en la fragmentación deliberada de los restos.
Jalisco, por su parte, concentra uno de los mayores números de cuerpos exhumados en el país: mil 120 entre 2006 y 2024, según datos oficiales. Pero la crisis no se limita a la violencia criminal.
Entre 2006 y 2018, mil 581 cuerpos fueron incinerados sin pruebas genéticas previas, cerrando la posibilidad de identificación futura. Cada cremación sin ADN fue una puerta que se cerró para cientos de familias. También se han documentado hallazgos masivos que rebasan la capacidad forense. Madres han tenido que identificar fragmentos, tatuajes, piezas dentales.
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La desaparición que no termina
Los colectivos lo nombran con claridad: “doble desaparición”.Primero, la física. Después, la administrativa. El fenómeno no se limita a las fosas. En México, más de 72 mil cuerpos ingresaron a servicios forenses o panteones ministeriales entre 2006 y 2023 sin ser identificados, de acuerdo con un informe de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab.
Al 23 de septiembre de 2025, el país acumula 133 mil 536 personas desaparecidas, con un récord de 13 mil 627 casos solo en 2024, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Este colapso forense tiene rostro. María del Rosario Macías buscó a su hija Gabriela durante ocho años. Después supo que su cuerpo había estado en el Servicio Médico Forense desde seis meses después de su desaparición. Nunca le avisaron.
En Jalisco, María Guadalupe Ávila tuvo que identificar a su hijo “como un rompecabezas”, reconociendo extremidades por tatuajes en catálogos fotográficos. Fue recuperado de una fosa donde había más de 100 cabezas.
En Morelos, las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla revelaron entierros masivos realizados por la propia Fiscalía: cuerpos sin registros adecuados, sin autopsias completas y, en algunos casos, con señales de tortura —ojos vendados, manos atadas— que nunca atravesaron un proceso forense legal. Colectivos lo llaman sin rodeos: “fosas del Estado”.
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Instituciones que se vacían
La crisis no es solo numérica, es estructural. El informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas señala que en 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda despidió a más de 100 especialistas, paralizando proyectos clave como la identificación masiva en el Panteón Civil de Dolores y el cruce de huellas con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, el Banco Nacional de Datos Forenses, que por ley debería operar de forma integral, sigue sin estar plenamente conectado con todas las fiscalías. Los datos permanecen fragmentados. Las identificaciones se retrasan. Los nombres se pierden.
En ese vacío, las familias han tenido que aprender antropología, criminalística y odontología forense para documentar lo que el Estado no sistematiza: dibujan dientes, fotografían hallazgos, custodian indicios, actividades que las ponen en riesgo.
De acuerdo con el informe, entre 2010 y 2025, 36 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas. Solo en 2025 se han documentado ocho casos hasta agosto, convirtiéndolo en el año más letal para quienes hacen el trabajo que debería garantizar el Estado.
