Este domingo 20 de julio se realizó la segunda manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México durante el mes. Al concluir el recorrido que partió desde la estación del metrobús Fuentes Brotantes, un grupo de manifestantes ingresó a Ciudad Universitaria (CU), donde denunciaron la gentrificación en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) con actos de iconoclasia.
La marcha, que inició alrededor de las 16:00 horas y avanzó sobre avenida Insurgentes hasta llegar a la estación El Caminero, estuvo encabezada por pueblos originarios de Santa Ursula, acompañados de adultas mayores, visibilizó el alza de precios de la vivienda al sur de la Ciudad de México.
Tras concluir la marcha y después de ser encapsulados por elementos de la policía, un grupo de manifestantes, conocido como “bloque negro” se dirigió a CU. En las instalaciones universitarias se registraron daños como vidrios rotos en el MUAC, destrozos en casetas de vigilancia y quemas de libros de la Librería Julio Torri.
Asistentes de la marcha denunciaron un despliegue desproporcionado de elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la manifestación, después de que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamará a una manifestación “pacífica” y presentara un plan de catorce puntos para combatir la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda en la CDMX el pasado 15 de julio.
¿Qué dijeron las autoridades?
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los hechos y afirmó durante la conferencia de la mañanera de este 21 de julio que se trataba de un movimiento fascista. “Puede haber una demanda legítima pero quemar libros en una institución educativa debe ser condenable (...) lo único que demuestran son prácticas sólo podemos catalogar como de movimientos fascistas e intolerantes”, dijo.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que condenó el supuesto saqueo. “La UNAM reitera su vocación como un espacio de libertad, pluralidad y la defensa de los derechos de manifestación pacífica; nunca compartirá la violencia, la agresión y la intolerancia como vías de expresión”.
Lo ocurrido en Ciudad Universitaria, particularmente en el MUAC, no es arbitrario; el museo tiene un historial de albergar piezas que revictimizan a mujeres, como ocurrió durante la exposición de la artista argentina, Ana Gallardo, el pasado noviembre de 2024, tras presentar una obra en la que expone la identidad de trabajadoras sexuales de la tercera edad sin su consentimiento. El MUAC retiró la obra después de una evaluación curatorial.
Concentración nacional contra la gentrificación
Las movilizaciones contra la gentrificación continúan. En el sur del país, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) realiza el Primer Encuentro Nacional contra la Gentrificación, que inició el pasado16 de julio y termina este 21 de julio en Oaxaca.
Este encuentro, que surgió tras la necesidad de articular un espacio de análisis y acción colectiva frente a la gentrificación y la turistificación de las comunidades del sur del país, demuestra que el fenómeno no es exclusivo de la CDMX: comunidades a nivel nacional están organizando y señalando los efectos de la gentrificación.
En Oaxaca, la movilización adopta una forma estructural y local, con debates y propuestas colectivas sobre modelos urbanos que prioricen a las comunidades originarias, y es que durante las últimas dos décadas, la población extranjera en el estado ha aumentado en un 40%, lo que equivale a más de 22 mil habitantes extranjeros, la mayoría de procedencia estadounidense, según el informe “Gentrificación Turística” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) del congreso del Estado de Oaxaca.
“Este encuentro es una convocatoria a reconocernos, articularnos y organizarnos para defender nuestros territorios desde la raíz”, se lee en el comunicado de la asamblea.
Durante el Encuentro Nacional contra la Gentrificación, activistas y participantes denunciaron haber sufrido amenazas de muerte, hostigamiento y criminalización por parte del Estado.
Se reportaron llamadas con amenazas de muerte para que los participantes desistieran del encuentro, así como una intensificación de la presencia de patrullas municipales y estatales alrededor de la sede y seguimiento a los participantes por vehículos policiales al salir desde el 18 de julio, según reportó el medio Página 3.