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Distintas activistas y organizaciones que integran y respaldan el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el órgano encargado de dar seguimiento a la Alerta de Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, acusaron al Gobierno capitalino de mantener durante 13 meses sin convocatorias las sesiones obligatorias del mecanismo.Entre las firmantes se encuentran Abogadas con Glitter, Defensoras Digitales, Equis Justicia para las Mujeres, Justicia Pro Persona, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y académicas de la UNAM y la UAM.
En un pronunciamiento público, señalaron que la suspensión prolongada incumple los lineamientos vigentes, que establecen reuniones bimestrales y fijan sus tareas como obligaciones institucionales derivadas de la declaratoria de 2019. La realización de las sesiones, subrayan, “no depende de la voluntad de quien encabece la Secretaría de las Mujeres”.
Una Alerta detenida sin evaluación ni metodología
Las integrantes del GIM criticaron que la Secretaría de las Mujeres haya planteado la posibilidad de concluir la Alerta sin un diagnóstico técnico, sin resultados parciales, sin proyección de recursos y sin metodología de seguimiento y evaluación. La AVGM, recuerdan, solo puede cerrarse mediante un proceso claro de evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
El comunicado también denuncia que el gobierno frenó varias mesas técnicas ya acordadas para fortalecer acciones clave: el modelo de "Las Lunas", las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, la Línea 765 SOS Mujeres, el cuerpo de Abogadas de las Mujeres, la Unidad de Género de la SSC y los análisis periódicos de delitos sexuales realizados por la Fiscalía.
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Las firmantes cuestionaron que, el 24 de agosto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara 15 acciones para “fortalecer” la Alerta sin diálogo con el GIM y sin presentar diagnósticos o metas verificables. A su juicio, esta decisión repite los errores de 2019, cuando se dio por concluida la Alerta anterior sin evaluación exhaustiva.
El agravio es mayor, sostienen en un comunicado, porque en 2025 ya existía un mecanismo activo y un grupo interinstitucional formalmente constituido cuyos lineamientos no fueron respetados. “No solo se dejó fuera a las personas académicas y de organizaciones de la sociedad civil; también a las alcaldías que integran el GIM con voz aunque sin voto”, señala el pronunciamiento.
Exigen co-diseño y participación sustantiva
Las organizaciones pidieron que cualquier decisión sobre la Alerta incluya co-diseño de políticas, mecanismos de seguimiento y participación efectiva. “No basta con anuncios ni nombres vistosos”, advierten.
El pronunciamiento insiste en que los tres órdenes de gobierno deben reorganizar sus estructuras para prevenir, atender, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres, y que esa tarea no puede reducirse a medidas aisladas ni a decisiones unilaterales.
Pese a las críticas, las firmantes sostienen que existe una oportunidad para replantear la Alerta como un instrumento de alto nivel técnico y político, capaz de garantizar derechos de mujeres, adolescentes y niñas con una perspectiva verdaderamente interinstitucional y multidisciplinaria.
“Estamos abiertas y dispuestas a contribuir”, concluyen.
