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En América Latina, el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y diversidades se ha profundizado en los últimos diez años. Sin embargo, el Informe Regional de Acceso a la Justicia 2022–2024, elaborado por las organizaciones que integran la Articulación Regional Feminista (ARF) advierte sobre las barreras que existen y persisten a la hora de garantizar que esos derechos se ejerzan plenamente para que una mujer pueda vivir una vida libre de violencia.
El informe, que analiza puntualmente la situación de Perú, Argentina, Chile, México, Bolivia y Ecuador, encontró un debilitamiento en la institucionalidad de género, falta de información para la toma de decisiones y una brecha significativa entre el marco legal vigente y la forma en la que éste se traduce en la vida de las mujeres. Es decir, a pesar de los innegables avances en materia legislativa, el verdadero desafío aún se encuentra en la implementación.
“El análisis muestra una paradoja: aunque la región ha logrado avances importantes en materia legislativa, estos avances no se han traducido necesariamente en transformaciones reales que permitan a las mujeres y las diversidades gozar del derecho a vivir una vida libre de violencias”, señala Agustina Rossi, investigadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, en un comunicado compartido por la organización.
México: solo 1 de cada 10 mujeres acude a las instituciones
En el caso de México, el informe encontró que, de las mujeres que ha vivido violencia, menos de una de cada diez se ha acercado a las instituciones públicas en busca de apoyo o para interponer una denuncia. Y en los casos en los que esto sí ocurre, prepondera la falta de coordinación institucional, la revictimización y la incapacidad de brindar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de las mujeres. Resalta, también, que el 95% de las órdenes de protección incluye, al menos, una medida de ejecución, pero solo el 49% contiene medidas de seguimiento.
Sobre la crisis de feminicidios, el informe recoge la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta 983 feminicidios en 2022 (9.7% corresponden a menores de edad), 851 en 2023 (8.8% corresponden a menores de edad) y 853 en 2024 (9.3% corresponden a menores de edad). Sin embargo, hace especial hincapié en la falta de armonización de los códigos penales estatales, situación que podría cambiar a partir de la Ley General contra el Feminicidio, como te contamos en esta nota.
La esperanza se cuenta en colectivo
Más allá de documentar la violencia y los desafíos que persisten en la región, el informe también refleja la resistencia que las colectivas feministas construyen en los siete países y recoge 19 buenas prácticas desarrolladas por estas organizaciones para documentar, defender los derechos y construir nuevas estrategias de acción.
Las buenas prácticas que recoge este informe muestran que hay experiencias, herramientas y aprendizajes que pueden contribuir a sostener los avances y a seguir fortaleciendo las garantías para las mujeres. Documentar estas experiencias y compartirlas entre países también es una forma de seguir avanzando (Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas Colombia e integrante de la Articulación Regional Feminista)
Una ruta a seguir
El informe culmina con recomendaciones hacia los Estados y organizaciones de la sociedad civil. Sobre los primeros, detaca la urgencia de fortalecer la institucionalidad de género a nivel nacional, garantizar presupuestos suficientes, implantar de manera efectiva las medidas de protección a las mujeres, reforzar la coordinación interinstitucional y apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Para las asociaciones, recomienda fortalecer las medidas de monitoreo, fortalecer las articulaciones regionales, impulsar estrategias de litigio colectivo y apoyar a las organizaciones comunitarias y emergentes.
