La semana pasada se registró la muerte de una mujer privada de su libertad dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 de Coatlán del Río, del estado de Morelos, como documentó el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Con el caso de Giovana, suman 16 muertes de internas dentro del Cefereso 16 de Morelos registradas desde el año 2022. Tan solo el año pasado se registraron 11 y en lo que va de este año van tres, de acuerdo con el IFDP.
Ante esta problemática, la organización CEA Justicia Social atreves de su red social X lamentó la muerte “de una interna más en el Cefereso 16, único centro federal para mujeres donde hemos documentado tortura, malos tratos y violaciones a derechos sistemáticas”. Además, insistieron a las autoridades correspondientes que cierren este centro.
Esta no es la primera vez que se denuncian las muertes de las mujeres privadas de su libertad en este centro penitenciario. En enero de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 276/2023.
En dicho informe se señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social y revelaron que el 86% de las mujeres privadas de la libertad en este Cefereso son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.
Sumado a eso, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el nulo tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, podrían haber sido determinantes en la muerte de las internas.
Piden justicia para las víctimas
Las condiciones que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en el Cefereso 16 de Morelos es un tema que han denunciado más de 60 organizaciones de la sociedad civil. En el mes de junio a través de un comunicado exigieron justicia, en ese momento, por la muerte de 14 mujeres privadas de su libertad.
En el documento, pidieron salvaguardar la vida de todas las mujeres que se encuentran en este centro penitenciario y responsabilizan al gobierno por la falta de atención de salud psicológica y psiquiátrica.
La organización Mexiro, en su momento señaló que las autoridades deben de implementar una herramienta de información permanente sobre la seguridad e integridad de las mujeres privadas de la libertad, para conocer sus condiciones en tiempo real, además, solicitaron la pronta liberación de las mujeres con prisión preventiva oficiosa y que otorguen medidas alternativas a la prisión y un plan orientado al cierre permanente de este centro penitenciario por los casos anteriormente mencionados.
Por su parte, el IFDP también solicitó el cierre de este penal, porque los casos muestra las graves condiciones en las que se encuentran las mujeres en el centro. Anteriormente, el 4 de diciembre de 2023, el IFDP ya había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue con perspectiva de género el caso de tres muertes de mujeres.
El seguimiento de los casos
El pasado 5 de agosto, el IFDP señaló en un comunicado que le dieron seguimiento a las acciones legales emprendidas para garantizar la vida e integridad de las mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO 16.
En este sentido, señalaron que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró procedente y fundada la denuncia de incumplimiento a la suspensión de plano que se había emitió en el amparo indirecto 21/2024, promovido contra múltiples omisiones de las autoridades penitenciarias para garantizar la integridad y salud mental de las mujeres privadas de libertad de este centro.
Se trató de la muerte de una mujer con iniciales SAVO, de 41 años, quien se encontraba privada de su libertad en el centro federal purgando una pena de 29 años. De acuerdo con el boletín de prensa emitido por el IFDP, SAVO (la mujer interna) no se le dio la atención médica especializada, pese a que en el expediente clínico de indicaba que la reclusa presentaba condiciones psicológicas, esto se dio a conocer a través del juicio de amparo.
Por otro lado, en el caso de Giovana, el personal de la Defensoría tuvo que acudir personalmente al penal femenil para obtener más información, además señalaron que las condiciones de este centro y las deficiencias de atención a la salud mental y otros padecimientos podrían constituir en actos de tortura, los que provocarían las muertes autoinfligida de las internas.
