"Con el machete sin cubierta, nos golpearon en la espalda, nos amarraron y nos llevaron caminando hasta el crucero donde estaban los militares. Ahí comenzó nuestro calvario".
Este testimonio anónimo de represión en Pepeyocatitla, Hidalgo, es solo una de las voces de las más de 8 mil víctimas de diferentes tipos de violencia, 41 mil personas desplazadas forzadamente, mil 63 ejecuciones extrajudiciales, 517 personas desaparecidas y 35 masacres, perpetradas por agentes del Estado durante la Guerra Sucia, periodo comprendido de 1965 a 1990 en que se utilizaron medidas de represión militar para disolver movimientos de oposición.
Estos datos de la violencia durante la Guerra Sucia integran el informe "Fue el Estado 1965-1990", primera parte del reporte final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) el 25 de junio y presentado este 16 de agosto por los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM.
Foto: CCU Tlatelolco
La segunda parte del informe será presentada por Eugenia Allier, cuarta comisionada del Mecanismo —que ha trabajado en solitario desde hace meses—. Esta se centra en los perseguidos políticos clásicos, guerrilleros, estudiantes y sindicalistas.
Aunque las cifras de víctimas son alarmantes, los expertos que realizaron el informe advierten que estas no son todas, pues su investigación apenas duró dos años y en ese tiempo enfrentaron obstáculos, como la falta de recursos o la obstaculización del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para acceder a documentos que podía tener información clave.
“El Cisen purgó archivos del Archivo General de la Nación antes de 2018, saqueando la historia de México. El CNI tiene la obligación de entregar esos documentos. Es falso que los archivos ya se hayan entregado. El informe ‘Las formas del silencio’ muestra cómo los investigadores del Mecanismo Histórico fueron maltratados al punto de que no pudimos continuar con los trabajos. Fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos" (Carlos A. Pérez Ricart, comisionado del MEH)
Fue el Estado
La violencia durante la llamada Guerra Sucia no sólo se concentró en contra de militantes de organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles u organizaciones laborales-sindicales.
Entre 1965 y 1990, el Estado mexicano también operó una estrategia contra otros sectores: personas de la disidencias sexo-genéricas, campesinos empobrecidos que recurrían a sembrar droga para subsistir, disidencias religiosas, periodistas, movimientos urbano populares, comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas.
También a quienes se oponían a proyectos de infraestructura, a personas marginadas y criminalizadas, a migrantes y, en general, a todo aquel que se opusiera o pareciera oponerse a la hegemonía social, económica y política del Estado, incluso hubo violaciones graves a derechos humanos hasta contra los mismos integrantes de las fuerzas armadas y policiales.
Estos grupos de víctimas permitieron a los investigadores ampliar el abanico de responsables de las graves violaciones a los derechos humanos e identificar que la Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por las autoridades del más alto nivel en México y que dejó hasta 120 mil víctimas en el país.
Cinco expresidentes, cinco secretarios de la Defensa Nacional, un exsecretario de Marina, seis procuradores generales de la República, cientos de integrantes de instituciones de seguridad y gobernadores encabezan la lista de los presuntos perpetradores de esa época, concluye el informe del MEH.
Foto: Cuartoscuro
Mujeres y disidencias sexuales
Esta investigación también muestra cómo la lógica represiva que históricamente había existido en contra de las disidencias sexo-genéricas y mujeres se recrudeció durante la Guerra Sucia.
En el caso de las disidencias sexo-genéricas, el Mecanismo pudo identificar 395 casos de personas de la diversidad que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Estas personas son: hombres homosexuales, mujeres lesbianas y mujeres trans-travestis.
La persecución y represión de las disidencias sexo-genéricas se distinguió por el uso de las llamadas razias. Durante dichos operativos, en los que fuerzas policiales irrumpían de manera sorpresiva y violenta en reuniones y espacios de sociabilidad de la comunidad LGBTQ+ se realizaban numerosas detenciones arbitrarias, muchas veces con el objetivo de extorsionar a las víctimas, que derivaban en la comisión de otros delitos como tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En el caso de las mujeres la presencia de la violencia sexual es un componente recurrente dentro de los casos de detención arbitraria. Sin embargo, estos casos no han sido considerados como tortura por las autoridades.
El informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 en la entonces Procuraduría General de la República, da cuenta de al menos 284 registros de mujeres detenidas-torturadas, sin embargo de estos casos solo dos se investigan como tortura, de acuerdo con una investigación realizada por la periodista Angélica Jocelyn Soto Espinosa.
No actuaron solos
No se trató de hechos aislados, se trató en realidad de un ejercicio institucional de la violencia, en el que diversas instancias gubernamentales, organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, participaron de manera dirigida y organizada por el Estado mexicano, con sus recursos y protección.
Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, son los expresidentes de México que encuentran en la cúspide de la pirámide de los presuntos responsables; en sus distintos niveles se ubican secretarías de Estado y en la base burócratas de a pie, como los policías.
El informe señala que el Ejército tuvo una participación destacada en toda esta violencia; sin embargo, no sólo participaron instituciones de seguridad, otras instancias de educación, salud, o servicios telefónicos, también colaboraron y conocían perfectamente cuál era su rol a cumplir “en el complejo entramado de vigilancia, persecución y disciplinamiento de las comunidades victimadas”.
Un sistema represor construido desde el partido hegemónico de ese momento, el PRI, en el que participaron hombres que hoy forman parte del actual partido gobernante, Morena como Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad.
Foto: Cuartoscuro
Hallazgos relevantes
La detención arbitraria fue el principal abuso cometido durante la Guerra Sucia, seguido de la prisión por motivos políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres donde se identificaron 46 eventos, cada una con más de tres ejecuciones extrajudiciales, sumando un total de 385 víctimas.
Las víctimas que el MEH identificó se concentraron principalmente en la Ciudad de México, con mil 119 casos; Chiapas, con 961; Oaxaca, con 850; Guerrero, con 734; Estado de México, con 710; Sinaloa, con 576; Puebla, con 563; Chihuahua, con 477; Michoacán, con 399, y Tamaulipas, con 362.
"La violencia estatal estuvo esparcida en todo el país (...) Uno de los grandes hallazgos es que el ámbito de la violencia estatal fue mucho más amplio de lo que imaginábamos. La violencia del Estado se extendió hasta 1990 y, con toda seguridad, mucho más allá. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad" (Carlos A. Pérez Ricart, Comisionado del MEH)
El informe también tiene evidencia de la práctica de la táctica militar conocida como “vuelos de la muerte” en dos lugares: la base aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero que fue utilizada para desaparecer y ejecutar a miembros de organizaciones político-militares y una en Chiapas que también fue usada contra líderes comunitarios que defendían a los suyos frente a la imposición de una planta hidroeléctrica.
¿Qué es el MEH?
El MEH es solo uno de los cinco mecanismos del organismo, cuyo nombre oficial es Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México, COVEHJ.
Antes del cambio de Gobierno, el primero de octubre, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Arturo Medina, deberá tomar lo entregado por Ricart, Barrera y Fernández, el informe de Allier, juntarlos como decida con los trabajos del resto de mecanismos y presentarlo todo en un solo documento que contenga toda la información sobre las violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia.
