Por: 
Este 27 de agosto, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, publicó en su cuenta de X una fotografía de la periodista Azucena Uresti, acompañada de información sobre la ubicación de su supuesto domicilio y el valor del mismo. La imagen —tomada de las redes personales de la conductora en noviembre de 2022 y difundida sin su consentimiento— mostraba a Uresti dentro de un gimnasio.
La confrontación comenzó antes, cuando Uresti cuestionó en su programa de radio la congruencia del legislador. Señaló que la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, contrastaba con el discurso de austeridad republicana que el senador ha defendido durante años.
“Austeros en el discurso, pero fifís, como ellos decían, en la vida privada”, dijo la periodista al poner en duda la coherencia entre la adquisición y la imagen pública del legislador.
Tras estas críticas, Fernández Noroña acusó a Uresti de tener un departamento en Paseo de la Reforma valuado en 13 millones de pesos. La comunicadora negó el señalamiento y le pidió corregir la información. La respuesta del senador fue difundir la fotografía y los supuestos datos de su vivienda.
La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica condenó lo ocurrido y señaló que el acto constituye violencia digital y hostigamiento hacia la periodista. En un comunicado, advirtió que el uso de fotografías personales y la divulgación de supuestos datos patrimoniales sin consentimiento carece de interés público y, en cambio, pone en riesgo a la comunicadora.
“Difundir datos personales de periodistas desde cargos oficiales acentúa la hostilidad y la intolerancia hacia la prensa”, señaló la organización, al retomar los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
ARTICLE 19 recordó que la periodista ya fue objeto de amenazas por parte de grupos criminales, lo que agrava el contexto de riesgo y convierte en un acto especialmente grave la exposición pública de información privada.
¿Por qué es violencia digital?
El caso se inscribe en la categoría de violencia digital, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el artículo 20 Quáter, se entiende por violencia digital cualquier acto doloso cometido mediante tecnologías de la información que atente contra la intimidad, la privacidad o la dignidad de las mujeres.
El doxeo —la práctica de difundir información privada sin consentimiento— es una de las expresiones más claras de esta violencia. ONU Mujeres ha señalado que exponer datos personales de mujeres y niñas en línea no es un hecho aislado, sino la continuidad de la violencia que ellas viven en el espacio físico, y que puede escalar hacia otras formas más graves como el acoso, la violencia sexual o incluso las agresiones físicas.
TE PODRÍA INTERESAR
Las pioneras del periodismo feminista en México
La organización recordó que Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece, en su Principio 11, que las funcionarias y funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio que las personas privadas. Sin embargo, ese mayor escrutinio no justifica que un servidor público difunda información personal de periodistas ni que utilice su investidura para desacreditarlos.
Por el contrario, como agente del Estado, Fernández Noroña tiene la obligación de abstenerse de incurrir en prácticas que puedan interpretarse como ataques o formas de hostigamiento.
Artículo 19 solicitó al senador erradicar cualquier práctica violenta contra la periodista y cumplir con su responsabilidad en materia de rendición de cuentas y transparencia sin recurrir a ataques a la prensa.
La organización también hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas urgentes, eficaces e integrales a favor de Azucena Uresti, tomando en cuenta que su trabajo aborda temas de alto impacto y que ya existe un historial de amenazas en su contra.
El hostigamiento contra periodistas mujeres
El caso de Uresti evidencia una problemática más amplia. El uso de estrategias de desacreditación y exposición pública contra mujeres periodistas en México. De acuerdo con Artículo 19, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, y en particular, las comunicadoras enfrentan un doble riesgo: por su labor crítica y por las violencias de género que se trasladan al espacio digital.
Desde insultos misóginos y campañas de desprestigio hasta la difusión de información personal, las periodistas son blanco de agresiones que buscan silenciarlas o restar legitimidad a su trabajo. Estos ataques no solo vulneran su seguridad individual, sino que impactan en el derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
