El 13 de marzo de 2025, Carlos Antonio Avilés Garfias, de 21 años, con parálisis cerebral y epilepsia farmacorresistente, hizo historia: se convirtió en el primer paciente en México en recibir oficialmente un medicamento a base de cannabis por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, ese hito no llegó solo.
Detrás de ese frasco de Neviot —un cannabidiol de grado farmacéutico importado desde Colombia— hay siete años de lucha legal, burocracia y resistencia, encabezada por su madre, Margarita Garfias Hernández. Ella no solo peleó por su hijo, sino que abrió un camino que hoy otras familias mexicanas siguen en busca de lo mismo: acceso a tratamientos seguros, regulados y asequibles con cannabis medicinal.
Pero en México, ese acceso sigue siendo una excepción. Nuestro país reformó su Ley General de Salud en 2017 para permitir el uso medicinal del cannabis. En el papel, el avance era significativo. Cuatro años después, en 2021, se publicó el reglamento para su implementación. Pero hasta hoy, no existe un solo medicamento con registro sanitario aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“La ley existe, pero el gobierno no garantiza derechos, solo cumple sentencias judiciales”, dice Margarita Garfias en entrevista con La Cadera de Eva. Ella logró en 2019 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al IMSS proveer el tratamiento a su hijo. Pero esa sentencia, como muchas otras, ha sido insuficiente para resolver el abandono regulatorio.
La doctora María Fernanda Arboleda, especialista en medicina cannabinoide, señala que en México no existe ningún producto de cannabis medicinal con registro sanitario aprobado por la Cofepris. Lo que hay son suplementos alimenticios que se promocionan como terapias, pero que no cuentan con evidencia científica ni control de calidad. "Un suplemento alimenticio no es un tratamiento médico", advierte.
Además, la ausencia de regulación clara obstaculiza la producción nacional. Persisten restricciones arancelarias para importar materia prima, y no existe un programa de formación médica que capacite a profesionales de la salud sobre el uso responsable de cannabinoides. El resultado: un mercado informal, sin garantías ni vigilancia.
El mercado de la incertidumbre
La falta de regulación ha generado una oferta descontrolada de productos que se promocionan como “CBD”, pero carecen de estándares y respaldo sanitario. "Muchos contienen contaminantes como hongos, bacterias, pesticidas o incluso THC no declarado", advierte la doctora Arboleda.
La diferencia entre estos productos y un medicamento real es abismal. El caso de Neviot, el tratamiento que usa Carlos, lo demuestra: es un cannabidiol aprobado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en Colombia, con dosis precisas (6,000 mg por frasco) y uso específico para epilepsia refractaria. “De diez pacientes que lo usan, a nueve les ha funcionado”, señala Arboleda.
"El Estado debería garantizar que los tratamientos lleguen a todas las personas que los necesitan, no solo a quienes logran ganar un juicio", señala Margarita, quien hoy, a pesar del triunfo legal, continúa abogando por una regulación efectiva que abra la puerta a cientos de pacientes más.
Vuelos por salud
El artículo 32 del reglamento mexicano permite la importación de medicamentos prescritos desde el país de origen. Eso ha convertido a Colombia en un destino frecuente para decenas de familias mexicanas que viajan cada seis meses para traer tratamientos que aquí no existen.
“Es absurdo que tengamos que cruzar un continente para acceder a un medicamento que podría y debería estar en el país”, dice José Luis Santiago, padre de Pepe, un niño con epilepsia que también depende de amparos judiciales para recibir tratamiento. En su caso, obtuvo una sentencia histórica que obliga al IMSS a reembolsar los gastos por la compra e importación del medicamento —unos 25,000 pesos por viaje—, pero la institución ha apelado y ofrecido alternativas no certificadas.
El recurso del amparo se ha convertido en la única vía posible para las familias que buscan garantizar el tratamiento con cannabis medicinal. Pero los juicios son largos, costosos y emocionalmente desgastantes. “No todas las familias tienen el tiempo, los recursos o el conocimiento para iniciar un proceso así”, advierte Margarita Garfias, quien ahora asesora a otras madres y padres en su lucha legal.
A la fecha, hay al menos 20 casos documentados en tribunales que buscan lo mismo: el derecho a acceder a tratamientos seguros y certificados, con respaldo médico y sin tener que violar la ley o hipotecar la estabilidad familiar.
Mientras países como Chile y Argentina han logrado implementar programas públicos de cannabis medicinal, México se ha quedado atrás. La ley existe, pero no se aplica. El reglamento está, pero no se ejecuta. Y las familias, mientras tanto, siguen enfrentando un sistema de salud que les da la espalda.
“Cannabis medicinal en México: Una agenda pendiente”
Este 8 de abril, familias, abogados y expertos en salud se reunieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) para destacar la ardua batalla legal y administrativa que enfrentan pacientes con enfermedades raras, crónicas y epilepsia refractaria para acceder a tratamientos médicos que incluyen derivados del cannabis. El encuentro se centró en el tema “Cannabis medicinal en México: Una agenda pendiente”, y destacó la constante lucha por la inclusión de medicamentos con cannabinoides en las demandas legales.
El acceso a medicamentos, incluso los más básicos, se ha convertido en una odisea para muchas familias, obligándolas a recurrir al amparo para garantizar el suministro mensual. Sin embargo, la posibilidad de incluir medicamentos con cannabinoides dentro de estas demandas legales representa un rayo de esperanza, impulsado por el trabajo de abogados como Luisa Conesa Labastida y Víctor Manuel Frías Garcés.
A pesar de que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho al uso medicinal de la marihuana desde 2017, a nivel federal persiste una regulación incompleta y ambigua. La doctora Arboleda señaló que, aunque existe una modificación a la Ley General de Salud desde 2017 y un reglamento de cannabis desde 2021, estos no se han traducido en la disponibilidad de productos con estándares de calidad y seguridad garantizados por las autoridades sanitarias mexicanas.
La falta de aprobación de protocolos de investigación en México y las trabas burocráticas para la importación dificultan aún más el acceso a medicamentos que ya cuentan con aprobación en otras agencias sanitarias internacionales.
“La gente piensa que ya es legal, pero la legalidad sin acceso no sirve. No queremos privilegios, queremos justicia para todas las personas que podrían beneficiarse”, afirma Margarita Garfias.
La doctora Arboleda lo resume con claridad: “Los mexicanos merecen medicamentos reales, no suplementos disfrazados. Ya es hora de que la regulación deje de ser letra muerta”.
Margarita y José Luis coinciden en una demanda común: que el sector salud armonice las leyes, facilite los trámites de importación, impulse la producción nacional y garantice acceso gratuito, con medicamentos certificados y supervisión médica.
