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A las doce en punto, la Glorieta de Cuauhtémoc estalló en cumbia y salsa. Entre bocinas, pañuelos verdes y carteles, la protesta se transformó en un sonidero frente al Senado de la República: baile y consigna en un mismo acto. Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, el mensaje volvió a ser nítido: el derecho a decidir no se negocia y el Congreso ya no puede seguir postergándolo.
El sonido de las tornamesas frente al Senado de la República no fue accesorio. En un país donde el aborto sigue marcado por la criminalización y el registro, bailar frente al Congreso es también una forma de desobediencia. “Nuestros cuerpos no solo duelen ni se castigan, también gozan, celebran y exigen”, repitieron las organizadoras.
Entre bailes, las colectivas desplegaron una manta sobre Avenida Paseo de la Reforma: “Fuera el aborto del Código Penal”. La frase apunta al Congreso, que desde hace dos años mantiene en el cajón una orden de la Suprema Corte. En 2023, el máximo tribunal resolvió el amparo 267/2023 y declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.
La Corte dejó dicho que interrumpir un embarazo es un derecho humano, y que el derecho penal no puede seguir siendo la herramienta para limitarlo. El Legislativo, sin embargo, sigue sin legislar al respecto.
Entre las voces que se sumaron estuvo la de Dapthne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, quien recordó que decidir sobre el propio cuerpo es un principio básico y que cada 28 de septiembre es un recordatorio de que el aborto debe salir de los códigos penales para reconocerse como un asunto de salud pública.
La jornada también dio lugar a voces que suelen quedar fuera del debate. Frente al Hemiciclo a Juárez —renombrado por colectivas como Plaza Palestina—, el contingente transmasc y no binarie tomó el micrófono para denunciar que las políticas públicas en torno al aborto siguen pensadas solo para mujeres cisgénero. Su exigencia fue clara: autonomía corporal plena y acceso médico sin condiciones.
“No estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo que la gente esté formada en lo que en el siglo XXI somos y representamos como comunidad trans”, señalaron. Su mensaje resonó con fuerza: la lucha por el derecho a decidir no será completa hasta incluir todas las identidades y corporalidades.
La marcha, entre música y consignas, se volvió espacio de memoria y futuro, recordando que este derecho no se conquista una sola vez, sino que se defiende día a día en las calles.
La criminalización que continúa
La inacción se traduce en persecución. Entre 2015 y agosto de 2025 se abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por aborto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SENSP). Tres estados concentran más de la mitad: Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. Incluso en territorios donde el aborto está despenalizado, los ministerios públicos y hospitales siguen cerrando puertas y levantando expedientes.
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Hoy, 22 estados han reformado sus códigos penales para reconocer el derecho a interrumpir un embarazo. Pero en otros —Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas o Tlaxcala— la práctica sigue siendo delito. Esa geografía desigual es la que mantiene a miles de mujeres y personas gestantes atrapadas entre el papel y la realidad.
Las colectivas insistieron en un punto: el aborto debe reconocerse como un servicio de salud, no como una falta penal. La SCJN y organismos internacionales han reiterado que la regulación debe garantizar seguridad, dignidad e igualdad, sin plazos restrictivos ni autorizaciones externas. Criminalizar no solo castiga a quienes deciden abortar, también persigue a acompañantes y personal médico.
El comunicado difundido por colectivas como Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, IPAS Latinoamérica, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Luchadoras, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), subrayó otro ángulo poco mencionado, señaló el Estado tiene la obligación de garantizar accesibilidad para mujeres y personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras aún más duras para ejercer este derecho.
La escena fue tan contundente como simbólica: mientras adentro del Congreso el tema sigue congelado, afuera las calles se llenaron de baile y consignas. Y con cada baile quedó claro que, mientras la ley no cambie, la calle seguirá siendo el lugar de la lucha.
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