Por: 
Este 19 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó una sentencia histórica: el Estado mexicano es responsable internacional por la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La resolución también nombra lo que durante décadas se quiso ignorar: la violencia institucional que atravesó a su madre, Norma Andrade, en su búsqueda incansable de justicia, por lo que ordenó medidas estructurales para proteger a las madres que buscan justicia y a las infancias que quedaron huérfanas por feminicidio.
La sentencia marca además un precedente clave. Es la segunda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por un caso de feminicidio, después del emblemático caso Campo Algodonero, también ocurrido en Ciudad Juárez y sentenciado en 2009. Ambos litigios fueron acompañados por la abogada Karla Micheel Salas, quien ha representado a Norma Andrade y a su familia en la búsqueda de justicia por Lilia Alejandra.
¿Por qué esta sentencia importa?
No se trata solo de un caso. La sentencia llega a un país donde, en promedio, 1.8 mujeres son víctimas de feminicidio cada día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese contexto, lo que resolvió la Corte IDH sienta precedentes que pueden cambiar vidas.
Entre los puntos más relevantes destacan:
Nombrar para proteger. Por primera vez, el Estado mexicano está obligado a reconocer legalmente a las madres buscadoras y a las madres de víctimas de feminicidio como defensoras de derechos humanos. Nombrarlas así implica acceso a mecanismos de seguridad frente a amenazas, atentados y persecución.
“Estas mujeres no eligieron ser activistas, pero el abandono del Estado las empujó a defender derechos”, explicaron David Peña y Karla Micheel Salas, abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, representantes jurídicos de Norma Andrade.
Infancias que también son víctimas. La Corte ordenó crear, en un plazo máximo de dos años, una política pública nacional para niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio, garantizando acceso a salud, educación y seguridad social. Un reconocimiento clave: el feminicidio no termina con la muerte de una mujer, se expande sobre su familia.
Justicia que no prescriba. México deberá identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del feminicidio de Lilia, así como de los atentados contra Norma Andrade.
Protocolos que sí funcionen. La sentencia exige revisar y fortalecer los Protocolos ALBA, mecanismos de búsqueda inmediata para mujeres y niñas desaparecidas, cuya aplicación deficiente ha costado vidas.
Norma Andrade: resistir, en un Estado impune
Lilia Alejandra tenía 17 años y dos hijos Jade y Caleb cuando desapareció el 14 de febrero de 2001, después de salir de trabajar de una maquiladora. Su cuerpo apareció una semana después, con signos de tortura sexual, en un terreno baldío de Ciudad Juárez. Ahí comenzó otra historia: la de su madre, Norma Andrade, prometiendo frente al ataúd que no dejaría el crimen en el olvido.
Durante 24 años, Norma enfrentó 17 ministerios públicos, negligencia institucional y dos atentados contra su vida, en 2011 y 2012. Este 19 de diciembre, la Corte IDH reconoció que el Estado no solo falló en investigar el feminicidio, sino también en proteger a quien exigía justicia, afectando incluso a tres generaciones de su familia.
En conferencia de prensa, Norma celebró que la sentencia reconociera también como víctima a su esposo, José García, quien murió sin ver justicia.
“Me siento muy orgullosa. Es un proceso larguísimo, pero llegamos”, dijo conmovida.
Para el equipo legal encabezado por David Peña y Karla Micheel Salas, la sentencia no es un cierre, sino un punto de partida. La Corte estableció indicadores claros y plazos para evaluar el cumplimiento del Estado mexicano en un año. “La vara está alta”, advirtieron.
Karla Micheel Salas fue clara: este fallo puede convertirse en una hoja de ruta para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, especialmente ahora que el país tiene un gobierno encabezado por una mujer que ha dicho comprometerse con estos derechos.
Pero el reto es enorme. Persisten fallas graves en los mecanismos de protección a víctimas y testigos. Persisten, también, los riesgos para quienes se atreven a denunciar.
La sentencia por Lilia Alejandra García Andrade no borra 24 años de dolor. Pero obliga al Estado mexicano a mirar de frente a sus ausencias, a sus omisiones y a las mujeres que, aun entre amenazas, no han dejado de buscar verdad y justicia.
“Si nos unimos para levantar la voz juntas, lo vamos a lograr más pronto” (Norma Andrade.)
La lucha de Norma Andrade, que comenzó en un terreno baldío de Ciudad Juárez, ha logrado hoy que la justicia internacional obligue a México a mirar de frente a sus desaparecidas y a proteger a quienes, a pesar de los obstáculos, no han dejado de buscar la verdad.
