Después de casi un año prófugo, este 12 de diciembre, el ginecobstetra Jesús Luján “N”, conocido mediáticamente como “el rey del parto inducido” fue vinculado a proceso penal y se le dictó prisión preventiva justificada. 

El juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso por práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa, además de considerar el riesgo de fuga y el peligro para víctimas y testigos.

Jesús Luján “N” permanecerá en el Reclusorio Sur durante los tres meses que durará la investigación complementaria. Para las mujeres que denunciaron, la noticia no es solo una resolución judicial: es una pausa en una larga historia de impunidad médica.

¿De qué acusan al “El rey del parto inducido”?

Las denuncias contra Jesús “N” no son nuevas. Durante al menos 15 años, mujeres reportaron violencia obstétrica y negligencia médica en la clínica Pronatal, hoy clausurada tras la presión constante de víctimas organizadas y de la colectiva Con Ovarios, que acompañó el proceso cuando las instituciones no lo hicieron.

Fue hasta marzo de 2023 cuando un grupo de mujeres decidió romper el silencio y hacer públicas sus denuncias. A partir de ahí, se abrieron carpetas de investigación individuales y una por noticia criminal en la Fiscalía capitalina. Hoy existen más de 50 señalamientos en su contra.

Los testimonios narran una violencia sistemática: partos inducidos sin consentimiento, diagnósticos erróneos, maniobras forzadas, negligencias que derivaron en muertes neonatales, discapacidades adquiridas, mujeres en terapia intensiva y señalamientos incluso de tráfico de células.

Lola, una de las víctimas, recuerda un parto ocurrido en 2009 en Pronatal: “Me hicieron una maniobra de Kristeller entre dos personas; mi bebé tuvo muerte cerebral grado 4”. Su historia no es un caso aislado, sino parte de un patrón.

De acuerdo con los testimonios, la lógica que imperaba era clara: acelerar los procesos de parto para obtener mayores ganancias, aun cuando eso significara poner en riesgo la vida y la integridad de las mujeres y sus bebés.

Un precedente que no borra el daño, pero abre una puerta

Jesús “N” fue detenido el 11 de diciembre de 2025 en la frontera de Tijuana, tras ser deportado de Estados Unidos, donde permanecía recluido por irregularidades migratorias. La orden de aprehensión había sido reactivada desde diciembre de 2024.

Para la colectiva Con Ovarios, la detención representa “un avance crucial y un respiro para las víctimas”. Su abogado, José Luis Nassar Peters, señaló que este proceso sienta un precedente importante: el imputado ya no podrá evadir la justicia.

Actualmente, la colectiva exige a la Fiscalía y a COFEPRIS garantizar el traslado seguro de las células de usuarias que aún permanecen bajo resguardo de Pronatal, y ha desmentido una campaña de desinformación que buscaba responsabilizar a los cateos del supuesto riesgo en el laboratorio.

La violencia obstétrica también es un delito

A finales de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció el delito de responsabilidad profesional, contemplado en el artículo 322 del Código Penal local. Este delito permite responsabilizar penalmente a profesionistas que cometen daños en el ejercicio de su trabajo.

El caso de Jesús “N” se inscribe en una violencia más amplia y estructural: la violencia obstétrica, una de las formas de violencia de género más normalizadas en el sistema de salud.

En México, tres de cada diez mujeres han vivido violencia obstétrica, de acuerdo con la ENDIREH 2021. Esta violencia ocurre cuando el personal de salud, en instituciones públicas o privadas, realiza acciones u omisiones que causan daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o posparto.

Se manifiesta en prácticas invasivas no consentidas, regaños, humillaciones, ocultamiento de información, procedimientos forzados y en una lógica institucional que deshumaniza el parto y convierte los cuerpos de las mujeres en objetos de control, enseñanza o lucro.

En este caso, las denuncias encajan en un esquema de violencia estructural: negligencia sistemática, abuso de poder médico y una economía del parto que prioriza la ganancia sobre la vida.