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El pasado 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo principal de erradicar el feminicidio en México y acabar con la impunidad, una deuda histórica con las mujeres y familiares víctimas de feminicidio.
Durante el anuncio, realizado en la conferencia matutina, la presidenta informó que la iniciativa sería enviada al Senado de la República para su discusión y posterior aprobación. En el acto participaron distintos funcionarios clave para detallar el contenido de la propuesta: Ernestina Godoy, Fiscal General, explicó la necesidad de reformar el artículo 73 constitucional para homologar el tipo penal en todo el país.
La homologación tiene como fin garantizar que todas las mujeres reciban el mismo estándar de protección y justicia en México, independientemente del estado donde se encuentren. Pero, ¿qué implica realmente esta iniciativa? Te explicamos.
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¿Qué contempla la creación de una Ley General para Feminicidios?
De acuerdo con la propuesta, actualmente existe una “heterogeneidad” en la forma en que cada estado define el feminicidio, lo que genera vacíos legales y dificulta la impartición de justicia, por lo que la ley busca crear un tipo penal homologado en todo el territorio nacional, obligando a los estados a alinear sus legislaciones locales con este marco único.
La homologación persigue que todas las fiscalías del país sigan el mismo protocolo, es decir, investigar cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio. Esto evitaría que los Ministerios Públicos descarten esta hipótesis prematuramente o clasifiquen los crímenes erróneamente como suicidios o accidentes.
Así mismo, se busca maximizar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la prevención, persecución y sanción de este delito, pues la falta de esta articulación ha sido un obstáculo para garantizar de manera efectiva la vida e integridad de las mujeres.
¿Qué cambia con esta iniciativa?
La llegada de la iniciativa también despierta escepticismo entre familiares, víctimas indirectas de la violencia feminicida, activistas por los derechos de las mujeres y organizaciones de derechos humanos.
Como informó la Organización de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), activistas como Irinea Buendía señalan que desde el 25 de marzo de 2015, la Sentencia “Mariana Lima” de la Suprema Corte ya obliga a las autoridades a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio; a esto se suma que México ya tiene la obligación de investigar, reparar y proteger a la víctimas de violencia feminicida sujeto al marco internacional.
En tres ocasiones diferentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado al país en materia de violencia de género, especialmente por el caso “Campo Algodonero” en 2009, al evidenciar la violencia estructural de género tras la desaparición y feminicidio de tres jóvenes; así como de los casos de la defensora, Digna Ochoa, en 2021 y de Alejandra García Andrade en 2025.
Por ello, la propuesta gubernamental reitera una obligación que el Estado ha ignorado durante más de una década.
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¿Qué denuncian activistas?
A través de la carta titulada “México necesita leyes que se cumplan”, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a otras autoridades, firmada por decenas de activistas y ONG´s, y publicada por el Observatorio de Feminicidio, se explica que el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento, pues México ya tiene un marco normativo amplio, protocolos y sentencias internacionales como las antes mencionada. Sin embargo, el gran reto es que estos no se aplican adecuadamente.
El problema radica en la persistencia de fallas estructurales debido a que siguen existiendo investigaciones deficientes, respuestas tardías, revictimización y falta de reparación oportuna.
En este contexto, se hace hincapié en la debilidad de la prevención y servicios periciales, pues señalan que los servicios forenses son precarios, con personal poco especializado y pérdida de evidencias. Además, existe una deuda sistémica y estructural con las víctimas indirectas: la reparación es inexistente, pues solo el 155 de los casos de feminicidio se judicializaron en 2025, de acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia de ese año. La mayoría de los casos nunca se reparan y las víctimas indirectas quedan en indefensión, especialmente las y los hijos en situación de orfandad.
¿Qué piden las organizaciones?
¿Cómo crear una ley sin implementar antes las medidas ya establecidas por el Estado? ¿Cómo homologar el delito de feminicidio sin consultar previamente a las familias, víctimas indirectas de este delito?
La propuesta ha despertado peticiones urgentes. Entre ellas, las organizaciones piden abrir un proceso de diálogo con la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas antes de la aprobación de la ley, para que esta se construya con quienes conocen el problema de primera mano.
Exigen, también, la debida atención integral a las familias y orfandad, garantizando programas específicos para atender a niñas, niños y adolescentes impactados por el feminicidio, y evitando su revictimización durante los procesos judiciales.
Además, solicitan realizar una evaluación profunda de las leyes que ya existen para entender por qué no están funcionando en materia de prevención, justicia y reparación, antes de aprobar nuevas reformas, así como mejorar las capacidades económicas y técnicas de las fiscalías y servicios periciales para asegurar investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género.
¿Qué piensas de la propuesta para homologar el delito de feminicidio en el país? Te leemos.
