El informe "Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México" del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) basado revela que, aunque México ha logrado avances significativos en la despenalización del aborto, aún enfrenta desafíos como la criminalización de mujeres y personas gestantes, así como la falta de transparencia en el sistema de justicia.
Los datos también revelan contradicciones: la Ciudad de México, que despenalizó el aborto en 2007, lidera en número de averiguaciones previas con 1,337. Mientras tanto, Nuevo León concentra el mayor número de denuncias (742), pero una de las menores cifras de acciones penales (9), lo que muestra que la criminalización actúa más como un mecanismo de intimidación que de justicia.
Aunque 18 entidades federativas han despenalizado el aborto voluntario al menos durante el primer trimestre del embarazo, entre 2012 y 2022 se registraron más de 2 mil 100 denuncias por este motivo, y 66 personas fueron sometidas a prisión preventiva, de las cuales al menos 14 fueron mujeres (solo en las entidades que desagregaron por sexo). Así lo revela el informe que analiza el marco legal, las políticas públicas y los efectos reales de la criminalización del aborto en el país, de acuerdo con el informe.
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Actualmente, solo 23 de las 32 entidades federativas permiten la interrupción legal del embarazo, y en algunos de estos estados, las condiciones de acceso no son las mismas que en la capital, lo que genera una desigualdad de acceso y afecta especialmente a las personas más vulnerables.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que el personal médico es frecuentemente quien inicia las denuncias. En los 27 casos acompañados por GIRE, ninguna de las personas criminalizadas fue personal de salud, pero sí fueron denunciadas por ellos, incluso cuando las pacientes no sabían que estaban embarazadas o no decidieron abortar voluntariamente.
“El aborto debe dejar de ser regulado por el derecho penal y pasar a ser exclusivamente un asunto de salud pública”, se lee en las conclusiones del documento, que se construyó con más de 500 solicitudes de acceso a la información, análisis de sentencias judiciales y casos de mujeres y personas gestantes acompañadas por la organización.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional penalizar el aborto, especialmente tras la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, el aborto continúa tipificado como delito en 23 estados y en el Código Penal Federal. Esta contradicción entre el marco jurídico y su aplicación práctica produce un efecto inhibidor tanto en quienes buscan abortar como en quienes deberían garantizar el servicio.
A pesar de los avances, el informe identifica obstáculos graves:
- Criminalización: Entre 2012 y 2022, se documentaron 2,169 denuncias y 2,456 investigaciones por aborto, con la CDMX a la cabeza pese a su despenalización parcial.
- Violaciones a derechos: Personal médico denuncia casos a autoridades, lo que deriva en procesos legales contra personas en situación de vulnerabilidad. Al menos 66 personas recibieron prisión preventiva.
- Falta de transparencia: Las instituciones no proporcionan datos completos, y el 33% de las sentencias analizadas no protegen la privacidad de las personas implicadas.
Otra barrera documentada por el informe es la objeción de conciencia médica, que ha sido usada de forma institucional para negar servicios. A pesar de que las leyes exigen que los hospitales cuenten con personal dispuesto y capacitado para realizar abortos, la realidad muestra que la objeción sigue siendo un obstáculo frecuente, especialmente en contextos rurales o conservadores.
Además, 15 entidades aún protegen la vida desde la concepción en sus constituciones locales, aunque eso no impide legalmente la despenalización. En varios de esos estados —como Puebla, Jalisco o Quintana Roo—, el aborto ya ha sido retirado del Código Penal, lo que demuestra que la resistencia no es jurídica, sino política y cultural.
El informe también destaca el impacto de las narrativas mediáticas. En la última década, la cobertura del aborto ha pasado de los tabloides de nota roja a la primera plana de medios nacionales. La Marea Verde y las sentencias clave de la SCJN han transformado el debate público: hoy se habla del aborto como un derecho, no como una transgresión.
La propuesta más reciente, presentada en octubre de 2024 en el Congreso de la Ciudad de México, busca eliminar completamente el aborto del Código Penal local, consolidando el cambio de paradigma hacia una regulación puramente sanitaria.
GIRE muestra que, a pesar de los avances en la despenalización del aborto en algunos estados de México, este sigue siendo criminalizado en la práctica. Sin embargo, la percepción pública ha cambiado significativamente: según datos de Mitofsky, en 2007, el 65.8% de la población consideraba que el aborto debía ser un delito, mientras que en 2022 esta opinión se redujo a solo un 28.1%.
