Hace casi dos décadas, el 24 de abril de 2007, el entonces Distrito Federal rompió con una larga historia de criminalización del aborto y abrió un camino hacia la autonomía reproductiva. Con la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, no solo cambió la vida de miles de mujeres en la capital: también encendió una chispa que poco a poco ha ido iluminando otros estados del país.
A 18 años de este logro, organizaciones y expertas subrayan que la despenalización total y la garantía plena del derecho al aborto seguro siguen siendo tareas pendientes. Para comprender la situación actual y los desafíos persistentes, La Cadera de Eva conversó con Marisol Escudero, coordinadora de contenidos y estrategias jurídicas en IPASLAC, y Patricia López Romero, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
Ambas expertas ofrecieron perspectivas valiosas sobre los logros alcanzados y los pasos necesarios para asegurar que el aborto sea reconocido y tratado plenamente como un servicio de salud esencial.
Un programa exitoso, pero insuficiente
La despenalización del aborto en la capital del país llevó a la implementación de un programa especializado en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las clínicas de salud. Patricia Romero considera que este programa ha sido "sumamente exitoso" y ha demostrado la seguridad de los servicios cuando se brindan con calidad y profesionales capacitados. Los datos de 18 años de servicios ILE respaldan esta afirmación, ya que no se han registrado complicaciones o muertes por aborto legal.
Sin embargo, a pesar de este éxito, aún existen desafíos para garantizar el acceso a estos servicios. Patricia López Romero destaca que la Ciudad de México tiene pendientes en cuanto a la disponibilidad de servicios, ya que la atención se concentra en unas pocas clínicas que tienen la ILE, lo que puede generar insuficiencia en la atención diaria. Esto afecta no solo a las residentes de la ciudad, sino también a personas que viajan desde otros estados donde el aborto aún no está despenalizado.
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Para abordar estos desafíos, la directora de Ddeser menciona que es necesario asignar más recursos y personal capacitado para ampliar la cobertura de los servicios y asegurar que funcionen al 100%, pues la geografía de la ciudad dificulta el acceso a estos centros únicos para personas de ciertas alcaldías o zonas conurbadas.
Además, señala que dentro de la calidad de los servicios, falta contemplar la parte de la salud mental, pues aunque no existe el síndrome o la depresión postaborto en términos clínicos, el estigma social puede generar estrés o ansiedad, por lo que es importante que los servicios incluyan atención para la salud mental para quienes la requieran.
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La persistencia de la criminalización
A pesar de los 18 años de legalidad de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, el aborto sigue siendo regulado por las leyes penales. Esto significa que, aunque está permitido hasta las 12 semanas de gestación, las autoridades pueden investigar si el procedimiento se realizó dentro del plazo y las condiciones legales establecidas para determinar si se cometió un delito. Como resultado, se abren carpetas de investigación contra mujeres y personas gestantes por abortar.
De hecho, según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), las carpetas de investigación por aborto han aumentado significativamente en la ciudad, pasando de 131 en 2015 a 181 en 2023, con 44 casos registrados solo en febrero de 2025.
Marisol Escudero señala que, aunque las investigaciones no siempre llevan a una pena o condena, sí generan "señalamientos y revictimización" para las personas que solicitan la interrupción del embarazo.
Además, esta situación también afecta al personal de salud, que se encuentra en una posición difícil al tener que adherirse estrictamente al plazo de 12 semanas establecido en el Código Penal local lo que puede generar limitaciones en la atención médica, afectando la calidad del servicio y la seguridad de las personas que lo necesitan.
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Regular el aborto como un servicio de salud
En noviembre de 2024, la diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal y eliminar el delito de aborto, buscando alinear la legislación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar el aborto de las leyes penales y no aplicar límites de edad gestacional basados en supuestos. Sin embargo, la iniciativa fue enviada a la "congeladora", retrasando su discusión y aprobación.
Tanto IPASLAC como Ddeser coinciden en que la solución para mejorar el acceso a la interrupción del embarazo es eliminar el aborto del Código Penal y regularlo como un servicio de salud pública. Patricia López Romero menciona que la regulación bajo normativas sanitarias permitiría una atención oportuna, de calidad, respetuosa y no discriminatoria, basada en evidencia científica y libre de estigmas.
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Marisol Escudero agrega que, bajo un marco de salud, se podrían establecer protocolos técnicos claros para los profesionales de la salud, pues la reforma facilitaría la atención para quienes necesitan una interrupción del embarazo después del plazo de las 12 semanas, determinada por las necesidades específicas de cada persona y el criterio del profesional de salud.
De esta manera, el servicio se brindaría de manera similar a cualquier otro servicio de salud, sin la necesidad de justificar o penalizar a las personas que lo necesitan.
Para IPASLAC y Ddeser la despenalización total en la Ciudad de México no solo consolidaría los derechos en la capital, sino que enviaría una señal potente a otros estados del país para que avancen en la misma línea garantizando los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes.
A pesar de los desafíos, la lucha por la despenalización del aborto en México tiene un fuerte respaldo jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional desde 2021 considerar la interrupción del embarazo como un delito a nivel nacional y ha reconocido el derecho a decidir y acceder a servicios de aborto como un derecho humano.
En el marco de este aniversario, la exigencia principal de ambas organizaciones para el Congreso local es retomar las iniciativas para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Para ellas la lucha continúa para asegurar que "la maternidad debe ser deseada o si no no va a ser", y que todas las mujeres y personas gestantes en México puedan ejercer su derecho a decidir sin miedo ni criminalización.
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Recursos adicionales
Si necesitas información sobre cómo acceder a la ILE en la Ciudad de México, puedes consultar la página del programa ILE de la Secretaría de Salud de la CDMX o la página de Fondo MARIA.
Puedes encontrar información detallada sobre los servicios de la Secretaría de Salud de la CDMX, incluyendo ubicación y requisitos, en los siguientes enlaces y teléfonos:
Centros especializados:
*Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán
*Clínica Especializada en la Salud de la Mujer “Marta Lamas” en el Centro de Salud México España
*Clínica Comunitaria Santa Catarina
*Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada (Nota: El Centro de Salud T-III Cuajimalpa mencionado en una fuente no aparece en la lista de 4 centros especializados de otra).
Teléfono general: 55 5038 1700 con extensiones específicas para cada centro.
Teléfono del Programa de Medicina a Distancia de la SEDESA CDMX: 55 5132 0909.
Locatel: 55 5658 1111.
Recuerda que el acceso es gratuito sin importar tu estado de residencia o derechohabiencia para la ILE dentro de las 12 semanas en la CDMX. Después de las 12 semanas, existen otras causales legales, como la violación sexual, el riesgo a la salud de la gestante, o alteraciones congénitas graves en el producto.
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