La Marea Verde sigue expandiéndose por todo el país. La reciente aprobación de la despenalización en Nayarit, que se convirtió en la entidad número 20 en legalizar el aborto por cualquier causal hasta las 12 semanas de gestación, representa un paso clave en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Las entidades donde el aborto ya es legal hasta las 12 semanas son: Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. En Sinaloa, el aborto es legal hasta la semana 13 de gestación.
De las 20 entidades que han despenalizado el aborto, solo ocho (Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa) han incorporado su regulación en las leyes locales de salud.
Además, solo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han diseñado y publicado programas específicos para la atención del aborto, los cuales son fundamentales para garantizar la calidad y la integralidad del servicio.
En Aguascalientes, el aborto se despenalizó en diciembre de 2023 hasta la semana 12.6 de gestación. Sin embargo, en agosto de 2024, el congreso local redujo este plazo a solo seis semanas, lo que representó un retroceso para los derechos de las mujeres y personas gestantes que buscan acceder a este derecho.
Las causales por las que el aborto es permitido en México son diversas y varían según la entidad federativa. Aunque a nivel nacional se reconoce el derecho al aborto en casos de violencia sexual, cada estado tiene su propio marco legal que regula otras circunstancias en las que la interrupción del embarazo es permitida.
Las ocho causales incluyen situaciones como embarazo producto de violencia sexual, riesgos para la vida o salud de la mujer o persona gestante, malformaciones graves del producto, causas económicas graves, inseminación artificial no consentida y otros factores que afectan la salud o bienestar de la persona gestante.
El reconocimiento de estas causales y su implementación varía según el estado, lo que implica que, mientras algunas entidades cuentan con una legislación más inclusiva y progresista, otras mantienen restricciones que dificultan el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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El caso de Chihuahua: obligación de reforma legislativa
El pasado jueves 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de aborto en Chihuahua, donde actualmente se castiga con hasta tres años de prisión. Ahora, el Congreso local tiene un plazo no mayor a 90 días para modificar su Código Penal y armonizarlo con la resolución del máximo tribunal.
No solo Chihuahua debe modificar su marco normativo. Otras entidades también han recibido órdenes judiciales para avanzar en la despenalización del aborto:
Yucatán: La SCJN ordenó la derogación de los artículos que criminalizan el aborto.
Morelos: Un tribunal colegiado ordenó al Congreso del estado que legisle en favor de la interrupción legal del embarazo.
Sin embargo, a pesar de estas resoluciones, la resistencia política y social en algunas entidades ha retrasado las modificaciones legales necesarias para garantizar el derecho al aborto seguro y accesible.
A pesar del avance en varias entidades, el aborto sigue penalizado en los siguientes estados, donde las mujeres y personas gestantes pueden enfrentar consecuencias legales por interrumpir su embarazo
Campeche
Durango
Guanajuato
Morelos
Nuevo León
Querétaro
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
La criminalización del aborto en estas entidades representa un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y perpetúa la desigualdad en el acceso a la salud pública. Mientras en algunos estados el aborto es un derecho garantizado, en otros sigue siendo motivo de persecución y castigo.
Con la reciente despenalización en Nayarit y la obligación de reformar el marco legal en Chihuahua, la tendencia en México apunta a una mayor protección del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, la falta de armonización legislativa y de políticas de salud pública sigue generando un acceso desigual a este derecho en todo el país.
El reto ahora es garantizar que las entidades cumplan con las sentencias de la SCJN y que la despenalización se traduzca en acceso real a servicios de salud seguros, gratuitos y de calidad para todas las personas que lo necesiten.