El 24 de abril de 2007 marcó un hito para los derechos reproductivos en México, cuando la Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Este paso, que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo significó un avance para la capital, sino que inspiró a otros estados a debatir sobre el tema, aunque no todos han logrado seguir el mismo camino.
A 18 años de este logro, la lucha por garantizar el derecho a decidir sigue siendo una de las más relevantes en la agenda de derechos humanos, no solo en la capital, sino en todo el país. Si bien los avances son significativos, la interrupción legal del embarazo (ILE) sigue siendo un derecho que enfrenta enormes retos, especialmente en un contexto de criminalización y desinformación que afecta a millones de mujeres y personas con capacidad de gestar.
A pesar de que la Ciudad de México ha sido pionera, el panorama sigue siendo desigual en el país. Según los datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), mientras que la ILE está garantizada en la capital, en otros estados persisten restricciones y obstáculos significativos para el acceso a este derecho. Actualmente, solo 23 de las 32 entidades federativas permiten la interrupción legal del embarazo, y en algunos de estos estados, las condiciones de acceso no son las mismas que en la capital, lo que genera una desigualdad de acceso y afecta especialmente a las personas más vulnerables.
En algunas entidades, las leyes no solo limitan el acceso a la ILE, sino que también castigan a quienes se someten a abortos clandestinos, creando un ambiente de miedo y estigmatización. La falta de una legislación federal que garantice la ILE en todo el país sigue siendo una de las principales barreras para que todas las mujeres y personas gestantes puedan ejercer su derecho a decidir sin miedo a ser criminalizadas.
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La criminalización persiste: aumento de carpetas por aborto
A pesar de los avances, la despenalización total del aborto sigue pendiente en la Ciudad de México.Aunque la despenalización hasta las 12 semanas ha sido un logro significativo, aún no se ha logrado eliminar por completo el delito de aborto del Código Penal. En octubre de 2024, se presentó una iniciativa en el Congreso local para eliminar el delito de aborto y reafirmar que el aborto es un procedimiento médico vinculado a la salud pública. Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido aprobada, lo que deja abierta la posibilidad de retrocesos.
Este vacío legal sigue siendo una de las grandes barreras para garantizar el acceso a la ILE de manera plena y sin estigmatización. La criminalización de quienes acceden a este derecho sigue siendo una realidad que afecta tanto a las mujeres como a los profesionales de la salud que brindan estos servicios.
Uno de los elementos más preocupantes de esta criminalización es el aumento de carpetas de investigación por aborto. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación por aborto aumentaron significativamente, pasando de 131 en 2015 a 181 en 2023. Para febrero de 2025, ya se habían registrado 44 casos, un número superior al mismo período en 2024.
Estos datos reflejan una realidad alarmante: aunque la despenalización parcial ha permitido que el acceso a la ILE sea más accesible en la capital, la criminalización sigue siendo un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. Esto ocurre en un contexto donde muchas mujeres y personas gestantes siguen enfrentando persecución por realizarse un aborto, un acto que, en la Ciudad de México, ya debería estar completamente despenalizado.
El hecho de que las autoridades sigan abriendo carpetas de investigación por aborto es una clara señal de que la criminalización persiste en las instituciones, y es un recordatorio de que la despenalización no es suficiente si no se avanza en la plena garantía de los derechos reproductivos.
Desinformación y estigmatización: la educación sexual como solución
Otro reto fundamental en la lucha por los derechos reproductivos es la desinformación, un problema estructural que perpetúa el estigma y dificulta el acceso a servicios de salud de calidad. La falta de información veraz y accesible sobre la ILE, la anticoncepción y la salud sexual en general sigue afectando a muchas personas, especialmente en zonas rurales y marginadas.
La educación sexual integral es crucial para que las personas, sobre todo las más jóvenes y vulnerables, puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la educación sexual en México sigue siendo un tema controversial y limitado en muchos lugares, lo que dificulta el acceso a información precisa y científica. La CDHCM ha subrayado la importancia de la implementación de políticas públicas que garanticen una educación sexual que sea inclusiva, interseccional y accesible para todas las personas, independientemente de su identidad, orientación sexual o contexto social.
A 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la lucha por los derechos reproductivos continúa. La CDHCM resalta la importancia de fortalecer los servicios de salud pública para garantizar el acceso efectivo a la ILE, ampliar su cobertura y asegurar que se brinde con un enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos.
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Además, subraya la necesidad de generar estadísticas desagregadas que permitan garantizar que los servicios sean accesibles para todas las personas, sin importar su ubicación, contexto o situación. Esto también implica que los servicios de salud deben ser accesibles tanto para las personas que viven en la capital como en las regiones más alejadas, donde las brechas de acceso siguen siendo enormes.
La CDHCM, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, enfatiza que la lucha no solo es por el aborto, sino por la plena autonomía sexual y reproductiva, un derecho fundamental que debe ser garantizado sin restricciones ni criminalización. La resistencia, la lucha y la solidaridad seguirán siendo el motor para seguir avanzando, para que más personas puedan ejercer sus derechos sin miedo y sin obstáculos.
