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Una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una denuncia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por casos de negligencia médica y abuso contra mujeres migrantes embarazadas.
Las denuncias se centran en centros de detención ubicados en los estados de Luisiana y Georgia. La carta, enviada a la dirección de ICE y a comités del Senado de Estados Unidos, fue impulsada por grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el National Immigration Project, reveló el diario británico The Guardian.
De acuerdo con la página oficial del gobierno de Estados Unidos el ICE “se encarga de identificar las actividades criminales y eliminar los puntos débiles que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, económica, y de transporte e infraestructura de la nación”.
Desde la llegada de Donald Trump las deportaciones en Estados Unidos se han elevado, de acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142 mil personas fueron deportadas desde Estados Unidos. En particular, la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse.
¿Qué abusos se han documentado?
El informe detalla que las mujeres fueron privadas de atención prenatal, sometidas a confinamiento y forzadas a pasar por procedimientos médicos sin su consentimiento. De acuerdo con The Guardian, la documentación incluye múltiples casos donde las mujeres fueron esposadas durante el transporte, aisladas y privadas de atención médica básica durante su embarazo.
Las afectadas señalaron que no recibieron vitaminas prenatales ni exámenes obstétricos adecuados. Además, afirmaron que los médicos ignoraron sus síntomas o realizaron procedimientos invasivos sin informarles previamente. La carta también señala que algunas mujeres sufrieron abortos espontáneos debido a la atención deficiente.
Eunice Cho, asesora jurídica principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y autora de la carta, afirmó que las historias recopiladas son “solo la punta del iceberg”, pues escucharon "múltiples historias de mujeres que perdieron sus embarazos durante la detención y sufrieron por la falta de atención médica adecuada.
Testimonios del maltrato
Entre los testimonios recopilados destacan casos de mujeres que sufrieron consecuencias físicas severas:
Lucía (Georgia): esta mujer fue arrestada poco después de presentarse voluntariamente a una cita migratoria. A pesar de mostrar síntomas de embarazo, sus peticiones de atención médica fueron ignoradas durante semanas, de acuerdo con su relato.
En un caso documentado en la carta, Lucía relató haber sufrido “un fuerte sangrado vaginal y calambres en mitad de la noche”. Los defensores afirmaron que no fue llevada a ver al personal médico hasta media mañana del día siguiente, donde la dejaron sola, sangrando, sin comida, agua o analgésicos durante horas.
Tras una importante pérdida de sangre, Lucía fue trasladada a una sala de urgencias, pero con los brazos y las piernas esposados, donde le informaron que había sufrido la pérdida del embarazo. Lucía requirió una transfusión de sangre debido a la cantidad perdida y, posteriormente, fue deportada.
Alicia (Luisiana): ella relató que fue separada de sus hijos y descubrió su embarazo estando bajo custodia. Aseguró haber recibido alimentos insuficientes y atenciones médicas dolorosas sin explicación, lo que le provocó fuertes complicaciones físicas.
Marie: ella denunció haber sido mantenida en confinamiento solitario por no creerle los funcionarios sobre su embarazo. Afirmó que le negaron el acceso a vitaminas prenatales y le aplicaron una inyección sin su consentimiento y sin la presencia de un intérprete que explicara el procedimiento.
Marie insistió que en varias ocasiones reportó fuertes calambres, pero fue ignorada. La carta detalla que la detención la marcó psicológicamente y le causó graves complicaciones en su embarazo.
Mich González, cofundadora del proyecto Sanctuary Now Abolition Project, contó que la condición de Marie era “tan grave que permaneció hospitalizada durante mucho tiempo después de dar a luz”.
Solicitud de investigación y respuesta de ICE
Las organizaciones que presentaron la denuncia han solicitado una investigación federal independiente sobre las prácticas de ICE y la atención médica en sus centros. El objetivo, de acuerdo con The Guardian, es que el Congreso estadounidense determine responsabilidades y establezca medidas correctivas que garanticen un trato digno a mujeres embarazadas.
Los grupos de derechos están presionando a ICE para que identifique y libere a todas las mujeres embarazadas que se encuentran detenidas y se abstenga de detener a cualquier persona gestante, en posparto o en periodo de lactancia.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, Tricia McLaughlin, vocera del DHS, apuntó en una declaración anterior a NBC News sobre acusaciones previas, que “cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en los centros de detención de ICE es falsa”.
McLaughlin afirmó en el comunicado que a todos los detenidos se les proporciona comidas, tratamiento médico adecuado y acceso a atención de emergencia las 24 horas del día.
Los defensores señalaron que las condiciones sufridas por las mujeres violan una directiva de la Administración Biden que indica que ICE no debe detener a personas que se sepa que están embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia, excepto en circunstancias excepcionales. González aseguró que, en general, la detención se está prolongando, aumentando el estrés para las personas bajo custodia.
