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El próximo 1 de septiembre entrará en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conformada por ministras y ministros electos en urnas tras la reforma judicial. Con apenas 13% de participación ciudadana, este nuevo órgano tendrá la responsabilidad de definir el rumbo de derechos fundamentales en el país, entre ellos los sexuales y reproductivos.
La organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres advirtió que, aunque la Corte ha sido clave en los últimos años para consolidar avances como la despenalización del aborto, el reconocimiento de la violencia de género como problema estructural y los derechos de las personas LGBT+, el futuro no está asegurado.
Avances históricos, deudas pendientes
En 2021, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto, lo que abrió la puerta para que 24 estados reformaran sus leyes. Dos años después, ordenó retirar este delito del Código Penal Federal, un paso decisivo para dejar claro que decidir no puede ser tratado como un crimen.
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Sin embargo, el aborto sigue tipificado en la legislación federal y ocho estados no lo han despenalizado. Además, está pendiente en la Corte el caso de Aguascalientes, donde se busca reducir el plazo de 12 a seis semanas para abortar legalmente.
“Necesitamos una Corte que escuche a las mujeres. Hoy, la SCJN tiene en sus manos la oportunidad histórica de asegurar un aborto legal, seguro y accesible en todo el país”, señaló Lizeth Mejorada, vocera de la organización.
La incertidumbre de una justicia electa
Con la reforma judicial, juezas y jueces federales y locales también llegaron por primera vez al cargo mediante el voto popular. Para las organizaciones feministas, esto implica riesgos: en estados con fuerte influencia conservadora podrían elegirse perfiles abiertamente contrarios a los derechos de las mujeres y personas gestantes, lo que dificultaría que litigios y amparos avancen.
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“Lo que hoy abre camino hacia la libertad de decidir, mañana podría estancarse… o incluso caerse”, advierte el comunicado.
La preocupación recuerda al precedente de Estados Unidos, donde en 2022 la Suprema Corte revocó el fallo Roe vs. Wade, que durante casi 50 años había garantizado el derecho al aborto.
“Defender el derecho a decidir es defender la vida y la libertad de millones de niñas, mujeres y personas gestantes. Lo que conquistamos en la SCJN no puede retroceder: ningún embarazo forzado, ninguna niña obligada a casarse”, declaró Angie Contreras, portavoz de Vivas y Libres.
Justicia a la altura del país
Más allá de los avances, la organización recuerda que persisten sentencias judiciales cargadas de estereotipos, en las que se ordena a mujeres “adecuarse al rol de madre tradicional mexicana” o se les culpabiliza por decidir interrumpir un embarazo.
“Queremos una Corte a la altura de nuestros derechos y nuestro tiempo”, enfatiza el pronunciamiento. Para los colectivos, la justicia reproductiva implica reconocer que la autonomía sobre el propio cuerpo es un derecho humano y que el presente y futuro de millones de personas también se decide en el máximo tribunal del país.
