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El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) tomó la decisión excepcional de remitir la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en otras palabras, el Comité está anunció que sacará el tema sobre desapariciones forzadas de un grupo pequeño de expertos para ponerlo en la agenda de todos los países del mundo.
El Comité, apegado al artículo 34 de la Convención Internacional, que faculta al CED para investigar y elevar a la Asamblea General situaciones donde existan indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado, señaló que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
La decisión del CED ocurre en un estado crítico para el país, pues, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas asciende a 132,917.
Sin embargo, ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el Estado mexicano y el gobierno federal rechazaron las conclusiones presentadas.
¿Qué respondió el Estado?
El Estado mexicano rechazó la decisión del Comité, expresando su desacuerdo con las perspectivas adoptadas y las conclusiones del organismo internacional. Durante la conferencia matutina del 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Comité no tomó en cuenta los esfuerzos institucionales, normativos, presupuestales realizados en años recientes para enfrentar la crisis. “Varios temas no fueron considerados por esta Comisión, por eso se rechazó el documento”, señaló la presidenta.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de un comunicado, señaló que la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado” y que los casos atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018 hasta “prácticamente desaparecer”, por lo que acusó al Comité de contradicción al decir que no hay una política federal deliberada, pero concluir que existen indicios de crímenes de lesa humanidad.
En un caso opuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), adoptó una visión de colaboración pues, a través de un boletín emitido el pasado 4 de abril, reconoció que la decisión del CED era una “oportunidad para fortalecer el diálogo” y consolidar una política integral de Estado con la participación de las familias, reconociendo que, aunque hay esfuerzos de coordinación, estos deben traducirse en resultados efectivos en búsqueda, investigación e identificación forense.
¿Qué es lo que identificó el CED?
“Lamentamos la respuesta del Estado a esta determinación, indicando que es ‘tendencioso’ y que no cuenta con rigor jurídico. La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el país”, compartió el la organización por los derechos humanos, Centro Prodh en redes sociales.
Y es que con la fragmentación en las declaraciones de diferentes organismos del gobierno surge la pregunta: ¿quién está del lado de las víctimas y víctimas indirectas de las personas en calidad de desaparecidas o no localizadas?
Como señaló el CED, pese a las medidas adoptadas, la situación no ha mejorado sustancialmente y las autoridades mexicanas siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y, al centro del conflicto, se encuentran los colectivos de familias y activistas que luchan en contra de la impunidad.
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