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A casi cinco años de la desaparición forzada de la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico hacia el acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos en México.
Este 9 de febrero, la SCJN falló en favor de la revocación del Amparo en Revisión 5887/2025, sentencia que absolvía a Jhoan Ricardo Matus, ex asesor jurídico del municipio de Asunción Nochixtlán, vinculado a la desaparición forzada de la activista.
El Pleno de la Corte determinó unánimemente que el Tribunal Colegiado que lo había liberado en agosto de 2025 omitió analizar la gravedad, complejidad y naturaleza del delito, así como el carácter de defensora de derechos humanos de la víctima. En 2023, Jhoan Ricardo Matus, fue sentenciado a 60 años de prisión por el caso, sin embargo, después fue absuelto posteriormente por un Tribunal Colegiado.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) han destacado que la decisión de la SCJN tiene la capacidad de sentar las bases sobre la presunción de inocencia, el valor de las pruebas circunstanciales y la protección a personas defensoras de derechos humanos.
¿Cuál fue la resolución de la SCJN?
La SCJN puntualizó que el tribunal anterior se limitó a cuestionar la credibilidad de un testigo sin considerar el contexto ni la validez de la prueba circunstancial, es decir, de la desaparición forzada de Uruchurtu. Por lo mismo, se ordenó devolver el asunto al Tribunal Colegiado para que emita una nueva resolución aplicando un escrutinio judicial especializado.
Durante la presentación, Rodrigo Arístides Guerrero García, ministro que formuló el proyecto, resaltó que, las mujeres defensoras de derechos humanos que luchan en contra de la corrupción, “suelen ser blanco de agresión por lo que hacen y por quiénes son”. Por ello, la SCJN señaló que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de incorporar enfoques de interseccionalidad y perspectiva de género cuando la víctima pertenece a un grupo de vulnerabilidad, como lo son las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan riesgos específicos por su labor y género.
“Con esta resolución, se avanza de manera decidida en el establecimiento de criterios para juzgar la desaparición forzada de personas no sólo desde la perspectiva de la legislación nacional o local, sino también desde los estándares internacionales”, señaló el IMDHD a través de un comunicado. Este falló marcaría también, un paso hacia la verdad, justicia y reparación para las y los familiares, víctimas indirectas de la desaparición forzada.
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se registraron al menos 211 agresiones contra 55 defensoras y seis organizaciones que acompañan a víctimas de violencia y feminicidio, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
La absolución que evidenció la impunidad
La situación de Jhoan Ricardo Matus es una pieza central en el caso de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu. Se desempeñó como asesor jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, cargo que ejerció bajo la administración de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Matus fue acusado de participar en la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida la noche del 26 de marzo de 2021, sin embargo, cuatro años después, quedó en libertad a pesar de la condena inicial.
Esto fue lo que pasó: la acusación sostiene que él, junto con otros servidores públicos y la propia presidenta municipal, orquestaron la desaparición de la activista como represalia por sus constantes denuncias sobre corrupción, desvío de fondos públicos, falsificación de firmas y abuso de poder dentro del gobierno municipal.
Tras su detención en julio de 2021, fue vinculado a proceso y, en el año 2023, recibió una sentencia original de 60 años de prisión por su responsabilidad en estos hechos. En julio de 2025, una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en San Bartolo Coyotepec, anuló su condena.
Es importante señalar que su liberación ocurrió meses después de que la exalcaldesa, Lizbeth Victoria Huerta, se le señaló originalmente como la autora intelectual del delito de desaparición forzada de la activista, también saliera de prisión, luego de que su delito fuera reclasificado de desaparición forzada a obstrucción de la justicia, el 15 de diciembre de 2022, lo que redujo drásticamente su condena.
Pero, desde la lucha por la justicia y la verdad alrededor de la desaparición forzada y violencia contra defensores de derechos humanos, su liberación fue impugnada por los asesores jurídicos de la familia Uruchurtu mediante un recurso de amparo promovido en octubre de 2025.
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¿Quién es Claudia Uruchurtu?
Claudia Uruchurtu Cruz era una activista de 47 años, originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Claudia vivía con su madre y su hijo.
Su labor como defensora de derechos humanos comenzó cuando denunció múltiples problemas agrarios en la región, motivo por el que, durante más de cuatro años, documentó y denunció ante diversas autoridades actos de corrupción, desvío de recursos públicos, falsificación de firmas y abuso de poder por parte del ayuntamiento de Nochixtlán.
Entre sus denuncias denunció que Lizbeth Victoria Huerta presuntamente utilizó fondos destinados a la pandemia de Covid-19 para financiar su campaña de reelección.
La noche de su desaparición, Claudia participó en una manifestación frente al palacio municipal para exigir la liberación de una persona detenida arbitrariamente. Al concluir el evento, fue seguida y privada de su libertad de forma violenta, siendo subida a una camioneta roja perteneciente al municipio. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido, sin embargo, su caso también se considera como uno histórico por ser el primero en Oaxaca en lograr la vinculación a proceso de autoridades municipales en funciones por desaparición forzada.
