El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión en 2024. 

El exfutbolista brasileño había sido condenado el pasado 22 de febrero de 2024 a cuatro años y seis de prisión por el delito de violación a una mujer de entonces 23 años, ocurrida en los baños de un sector VIP  de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.

En la sentencia actual, la sala civil y penal del TSJC estimó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Dani Alves y lo absolvió del delito de agresión sexual, al considerar que el testimonio de la denunciante “no es fiable”.

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En marzo del 2024, Dani Alves obtuvo su libertad bajo fianza tras pagar 1 millón de euros (22 millones 114 mil 600 pesos mexicanos). Para evitar que saliera de España durante el proceso legal, las autoridades le retiraron sus pasaportes y tenía que presentarse perdidamente ante las autoridades.

Ahora, tras ser absuelto de todas las acusaciones en su contra, ya no tendrá que continuar con ninguna de las medidas cautelares impuestas. Las cuales consistían en entregar sus dos pasaportes —español y brasileño—, comparecer semanalmente ante el tribunal, acercarse a menos de mil metros del domicilio de la víctima, su lugar de trabajo y cualquier otro lugar que pueda frecuentar, así como comunicarse con ella por cualquier medio.

Tras conocerse la absolución, la abogada defensora del futbolista, Inés Guardiola, declaró en diálogo con la emisora catalana RAC1: “Estamos muy felices, se ha hecho justicia, se ha demostrado que Alves es inocente”.

¿Qué pasó con el caso de Dani Alves? 

Después de la condena de Dani Alves, la Fiscalía de Barcelona presentó una apelación pidiendo una condena de nueve años y una indemnización para la víctima. Sorprendentemente, la apelación no sólo fue rechazada este 28 de marzo, sino que también se absolvió al futbolista de todos los cargos.

El Tribunal de Justicia de Cataluña argumentó que hubo "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones" en la acusación. El testimonio de la víctima fue calificado como "no fiable", y aunque el tribunal no consideró creíble la versión de Alves, aseguró que la acusación no fue correctamente acreditada.

La principal razón para la absolución fue que "no se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia". El tribunal también destacó que las imágenes de las cámaras de seguridad del bar no coincidían con la versión de la víctima.

Aunque inicialmente se consideró que la versión de la víctima era coherente debido a las lesiones que presentaba y los rastros de ADN de Alves encontrados en ella, y las contradicciones en la versión de futbolista también apoyaron la acusación, al final, el tribunal decidió absolverlo.

Justicia patriarcal

El juicio contra Dani Alves fue significativo porque fue el primer caso mediático de violación juzgado en España desde que el país reformó sus leyes en 2022 para hacer del consentimiento un elemento central a la hora de definir un delito sexual en respuesta a un aumento de protestas tras un caso de violación en grupo durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

La legislación conocida popularmente como “Ley solo sí es sí”, define el consentimiento como una expresión explícita de la voluntad de una persona, dejando claro que el silencio o la pasividad no equivalen a consentimiento.

Luego de que el Tribunal emitiera esta nueva sentencia, Irene Montero, exministra de Igualdad de España y una de las principales impulsoras de la Ley solo sí es sí, consideró que la absolución de Dani Alves es "un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal" que desprotege a las mujeres.

En un video publicado en su cuenta de la red social X, Montero denunció que la sentencia sitúa de nuevo la responsabilidad en la víctima, cuestionando su credibilidad, y garantiza la "cultura de impunidad" para los agresores.

Irene Montero también destacó que la sentencia ignora el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, lo que debería ser el único factor importante para determinar si hubo agresión. En su lugar, la sentencia se centra en la credibilidad de la víctima, lo que, según Montero, es un ejemplo de cómo la justicia patriarcal desprotege a las mujeres.