¡Nunca más una Reforma sin los Pueblos Indígenas! La Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI, A.C.) denunció que la reforma judicial no analiza las justicias desde una mirada intercultural y antirracista, además señala que “no puede haber una Reforma efectiva sin reformar las Fiscalías”, según se lee en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Y es que la propuesta de reforma judicial que se presentó el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador y que contempla una estructura al Poder Judicial, no se está integrando a las poblaciones históricamente excluidas como son la población indígena y afrodescendiente, comenta Yuteita Valeria Hoyos Ramos, abogada mixteca y coordinadora general de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, en entrevista con La Cadera de Eva.
La importancia de la reforma del Poder Judicial de la Federación radica en que esta reforma “busca un cambio en la estructura del Estado (...) es un hito en la historia porque viene a cambiar la configuración del Estado mismo”, detalla Yuteita.
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¿En qué me afecta la reforma judicial?
La reforma judicial sin los pueblos indígenas y afromexicanos
De acuerdo con la abogada, dentro del orden estructural del Poder Judicial no se cuestiona el poder colonial que sigue existiendo en nuestro país, ni se respeta los acuerdos que legitiman a los Pueblos Indígenas como el de San Andrés, que es el reconocimiento de la libre determinación.
“Entonces, esto de manera más filosófica, digamos, y también metodológica, lo que hace es ignorar la necesidad y el derecho de implementar una perspectiva intercultural, una perspectiva de género e importantísimo subrayar una perspectiva antiracista”, explica la abogada de la Red.
En este sentido, a través del comunicado, señalaron que la Reforma al Poder Judicial no establece herramientas para una justicia abierta, transparente y al alcance de todas y todos, principalmente a las poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, como las mujeres indígenas y afromexicanas, ni reconoce el pluralismo jurídico como principio.
“Nos preocupa que desde el poder público y político se contribuya a una falsa narrativa, haciendo creer que por el sólo hecho de elegir a las personas juzgadoras de los poderes judiciales y locales, en automático el pueblo va a tener acceso a la justicia pronta, expedita, completa, imparcial e integral, cuando eso no es verdad”, se lee en el comunicado.
Sin justicia para las mujeres indígenas
Actualmente en México la justicia en general es lenta, con procesos excesivamente largos, con poca capacitación por parte de las autoridades para dar un enfoque en derechos humanos. Para las mujeres indígenas, principalmente, no existe acceso a la justicia porque no confían en las instituciones por los casos de impunidad, corrupción y discriminación que han experimentado al querer acceder a un procedimiento judicial, así lo menciona la abogada mexicana.
“El panorama de la justicia en general implica para muchos y muchas un desgaste económico, emocional, físico (...) implica para muchas personas acudir a un espacio donde no van a tener una información en lenguaje accesible, ciudadano, donde les parece muy complejo poder acceder”, explica Yuteita.
No por nada, el 45% de las y los mexicanos cree que la impunidad en nuestro país se ha mantenido, según Impunidad Cero en sus Percepciones de Impunidad 2024. En este mismo sentido el estudio “Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias” por la ong Equis Justicias para las Mujeres, señalan que el 47% de los jueces invisibilizan las violencias; el 69% no protegen a las mujeres y 80% no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias de género.
Por otro lado, la abogada Yuteita señala que hay poco personal y una limitación de herramientas, porque han visitado lugares (fiscalías ,centros de detención. etc.) en nuestro país que no tienen luz eléctrica o tecnologías como impresoras.
Una reforma judicial con una mirada intercultural
Para que la reforma judicial tenga la voz de las mujeres indígenas y afromexinas se debió contemplar que la justicia del Estado no es la única que existe en nuestro país, sino que hay otras formas de resolución de conflictos internos “llamados usos y costumbres”, de acuerdo con la abogada mixteca.
“Para que esta reforma al Poder Judicial realmente tenga beneficios para la comunidad indígena tendría que trabajarse en el tema de una justicia especializada. Es decir, que debió haber integrado a la justicia indígena como parte de las especializaciones del Poder Judicial Federal y también esto es reconocer la jurisdicción indígena como tal, pero aparte también reconocer el pluralismo jurídico”, señala la abogada.
Entre las demandas, piden que el proceso de reforma judicial se lleve a cabo en foros amplios y consultas populares abiertas inclusivas de los cambios que se están construyendo donde el pueblo de México pueda participar. Además, que se haga desde una perspectiva intercultural, antirracista, de género, derechos humanos y se reconozca el pluralismo jurídico, se garantice, respete y reconozca las otras justicias, es decir, la justicia indígena.
También exigen que se garantice una justicia abierta y transparente e integral que incluya las fiscalías a nivel local y federal, así como las comisiones de víctimas y otras dependencias. Asimismo, exhortan a que las diputadas y senadoras analizen la iniciativa a fondo.
¿Falta una cuota de magistradas y magistrados indígenas?
A su vez respecto a la propuesta de que ahora los magistrados y magistradas sean elegidas a través del voto popular, la abogada Yuteita señala que puede suceder algo similar como lo que pasa en las elecciones para elegir a los gobernadores a nivel local y general, es decir, que aunque fue un logro de años que se tenga una cuota de políticos y políticas de pueblos indígenas y afromexicanas, puede haber usurpación y decir que son parte de esta población cuando no es así.
“Lo mismo va a suceder si se plantea la elección por voto popular en el Poder Judicial. Yo considero que vamos a tener que estar luchando también en algún momento porque haya cuotas, porque de entrada no nos van a dar esos espacios a las personas indígenas y afromexicanas”, explica Yuteita.
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