“Soñamos con una justicia abierta, plural, dialogante, cercana, feminista. Una justicia donde quepamos todas las personas y ninguna quede atrás”, se lee en la presentación de la propuesta del “Plan A: Justicia Feminista” de la organización Equis Justicias para las Mujeres.
Esta aportación política propone 10 claves para reformar el ecosistema de instituciones de justicia, y lograr que la justicia deje de ser un privilegio y sea un derecho para todas las personas. Desde el 27 de junio, se están discutiendo los cambios a la nueva reforma judicial por eso es importante que en este momento se consideren estos puntos, para que esa justicia planteada sea una realidad.
El plan que proponen desde Equis más que un objetivo es un camino para transitar, “de un lugar de injusticias, de discriminación, de corrupción y de lejanía por parte de los poderes judiciales, a un lugar en donde la gente comience a percibir cercanía, comience a generar confianza, pero sobre todo este modelo lo que llama es a identificar junto con las poblaciones, sobre todo las poblaciones que han sido históricamente discriminadas o más vulneradas”, comenta Fátima Gamboa Estrella, directora Equis Justicias para las Mujeres.
¿Cómo va la discusión de la nueva reforma judicial?
Este 13 de agosto la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que en caso de que no se paren los diálogos sobre la reforma judicial, realizarán un paro nacional.
Dichos foros, han sido fuertemente criticados porque desde la organización había negado la participación de magistradas, por otro lado la abogada maya Fátima Gamboa explica que los diálogos tienen “un vicio de origen” porque solo se limitan a discutir las estrategias para “para transformar, entre comillas, a los poderes judiciales”.
“Se centran más en la propuesta de que ahora los jueces y juezas sean votadas, y en discutir sobre el diseño administrativo y los controles de los poderes judiciales, “pero no se están metiendo a temáticas de acceso a la justicia”, lamenta Gamboa.
“¿De qué manera el voto popular va a transformar, por ejemplo, y para advertirle contradicciones, la criminalización de jueces y juezas hacia mujeres empobrecidas?”, cuestionó la abogada Fátima, quien considera que esa iniciativa es una “simple y limitada” para que realmente la ciudadanía participe y se integre en estos procesos.
“A través del voto popular, acercar al poder judicial para que la gente se involucre en quiénes son sus jueces y sus juezas, me parece que esta es una forma muy simple de participación ciudadana, una forma simple, limitada y hasta cierto punto pasiva, pues lo único que hace es designar quién va a juzgar”, señala la abogada feminista.
¿Qué dice el plan A?
Equis Justicias para las Mujeres es una organización feminista que lleva trabajando más de 12 años en garantizar el acceso a las justicia para todas. En su estudio “Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias” señalan que el 47% de los jueces invisibilizan las violencias; el 69% no protegen a las mujeres y 80% no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias de género.
Por lo que proponen 10 puntos claves que deben tomarse en cuenta para garantizar el acceso de justicia a todas las personas y es “un llamado a hacer lo que los poderes judiciales históricamente no han hecho, escuchar a la población, identificar problemas y construir soluciones conjuntas”, señala Fátima Gamboa.
Procesos de justicia claros, ágiles y sencillos.
Poderes judiciales cercanos y proactivos
Participación ciudadana activa y permanente
Territorializar la justicia
Fortalecer los ecosistemas de justicia
Procesos de selección garantizados en la garantía de los derechos
Evaluar para transformar
Presupuestos autónomos y progresivos
Datos para la justicia
Justicia que proteja
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Centrarse en quienes no han accedido a la justicia
Aunque los retos son muchos para que esos puntos se vuelvan realidad, la abogada explica que la primera dificultad “es tener un diagnóstico que no solamente hable, como lo está planteando el gobierno federal, de coerción y de lejanía o de opacidad, sino un diagnóstico que permita mirar la calidad de la justicia, la sustancia de la justicia. Ese es el problema de las injusticias”, detalla.
El segundo punto es mirar la calidad en la justicia y preguntarse “¿quiénes son las personas que históricamente no han accedido a la justicia que brindan los poderes judiciales? ¿Quiénes son esas poblaciones que no viven la justicia, que al contrario, viven la desigualdad en la justicia? ¿Y por qué están viviendo esa desigualdad en la justicia?”, comenta Fátima.
Otro reto es que el diagnóstico incorpore una mirada interseccional para evitar que los jueces y juezas nieguen la justicia por razones de prejuicios y estereotipos, la abogada explica que esto aún continúa siendo una realidad, porque algunos magistrados niegan la justicia a personas con discapacidad, de la comunidad LGBT, y a poblaciones invisibilizadas, como los pueblos indígenas que su lengua materna no es contemplada dentro de estos procesos de justicia.
Por otro lado, Gamboa comenta que el sistema penal sigue siendo criminalizando a las mujeres pobres de nuestro país, “también (es importante) comenzar a abordar los problemas estructurales de la justicia penal, en tanto esta justicia penal que se ha querido fortalecer y a la que se le ha invertido mucho dinero por mucho tiempo por la implementación del sistema acusatorio,sigue siendo un sistema que sigue criminalizando a las mujeres más pobres en México”, señala la abogada Fátima.
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Transformaciones judiciales a nivel local en México
Aunque la justicia feminista se vea lejana, la realidad es que en nuestros países ya existen transformaciones judiciales que se están llevando a nivel local, la abogada cuenta que en Campeche, en 2021, la magistrada presidenta, junto con sus jueces, se trasladaron hacia comunidades mayas, para recabar documentos y analizar los casos en los juzgados de esas localidades. Ahí mismo dan sentencias que tienen que ver con temas relacionados a divorcios y pensiones alimenticias. Ese es un claro ejemplo, de lo que proponen en el punto 4 de territorializar la justicia.
“Territorializar la justicia tiene que ver con desconcentrar los servicios judiciales, los servicios de justicia, pero también cambiar la forma en la que los jueces se ven a sí mismos únicamente en un recinto judicial y que su labor se va a dar en un escritorio, para comenzar a desplegar la labor de justicia en las comunidades”, concluye Fátima.