La llamada Ley Alina, una reforma al código penal del estado de Baja California que reconoce como legítima defensa las acciones de mujeres en contextos de violencia feminicida, ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunas voces critican la iniciativa, asegurando que busca “encarcelar a los hombres”, aunque su verdadero objetivo es proteger a las mujeres que actúan en defensa propia ante agresiones graves.
Esta ley, vigente desde el año 2023, busca impulsar que se juzgue con perspectiva de género a las mujeres que hacen uso de la defensa legitima en casos de violencia sexual, física o feminicida o que hayan estado en peligro de serlo, evitando que se les responsabilice penalmente penalmente por defender su vida.
La Ley Alina lleva el nombre de Alina Narciso, una mujer expolicía originaria de Veracruz, que fue sentenciada a 45 años de prisión por el asesinato de su expareja en un contexto de violencia doméstica en Tijuana, Baja California. Alina fue víctima de intento de feminicidio en el año 2019 por parte de su pareja sentimental, motivo que la llevó a defenderse para salvaguardar su vida.
Durante su juicio, Alina argumentó que hizo uso de la legítima defensa como respuesta a las agresiones físicas de su entonces pareja, quien también era un elemento de la policía, sin embargo, no fue juzgada como una víctima; fue hasta tiempo después de que el juez que atendió su caso, Daniel Aguilar Patiño, que se promovió la iniciativa para juzgar casos de legítima defensa con perspectiva de género.
Luego de tres años en prisión fue exonerada y liberada en 2023, cuando un Tribunal de la Segunda Instancia revocó la sentencia y afirmó que no se había juzgado con perspectiva de género.
Tras recuperar su libertad, Alina Narciso promovió una iniciativa de ley que obliga a las fiscalías y al poder judicial a incorporar la perspectiva de género y a considerar la legítima defensa como un principio cuando una mujer se protege de su agresor.
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A pesar de este enfoque, la Ley Alina ha sido objeto de desinformación. En plataformas digitales se difunden mensajes que desacreditan su contenido, aludiendo a una supuesta intención de favorecer legalmente a las mujeres en perjuicio de los hombres.
Sin embargo, la aplicación de esta legislación requiere un análisis cuidadoso de cada caso, tomando en cuenta el historial de violencia ejercido y los contextos particulares en los que ocurrieron los hechos.
La reforma impulsada en 2023 por la diputada morenista, Liliana Michel Sanchez Allende, plantea modificaciones a los artículos 23 y 79 del Código Penal del estado, subrayando que no debe considerarse "exceso en la legítima defensa" cuando una mujer responde en un estado de peligro que afecta su capacidad para medir la intensidad de su reacción.
La iniciativa modifica las causas por las que no se considera una respuesta en exceso en la legítima defensa y enfatiza que no se le considere de tal forma si las víctimas mujeres se encuentran en un estado de peligro, miedo, terror o confusión que afecte sus capacidades de determinar el límite de sus respuestas.
Esta iniciativa ya ha sido presentada ante los congresos locales de Tamaulipas y el Estado de México, aunque aún no se han legislado.
